Asesinato de mineros en Pataz: cómo se extendió la minería ilegal en Perú y la violencia asociada a ella

La matanza de 13 personas en una mina de Pataz generó conmoción en Perú y puso el foco en el alarmante auge de la actividad criminal en torno a la minería ilegal en el país.

Los cadáveres de los trabajadores fueron hallados este domingo con indicios de haber sido ejecutados en una galería subterránea en la provincia peruana de Pataz, en el departamento de La Libertad, después de días de rumores e informaciones sin confirmar sobre su presunto secuestro.

La empresa propietaria de la explotación dijo que ya son 39 las personas “ultimadas” por las bandas criminales que han tomado el control de la actividad minera en Pataz.

La última masacre confirma la escalada de violencia en la que se han embarcado.

En medio de críticas de aquellos que ponen en tela de juicio la capacidad del gobierno para responder al aumento de la inseguridad en el país, la presidenta Dina Boluarte decretó el lunes el toque de queda en la provincia y ordenó el despliegue de las fuerzas armadas en la zona.

Los expertos relacionan la proliferación de la minería ilegal con el aumento de la delincuencia y el crimen organizado, que se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas y copa el debate político peruano.

La matanza de Pataz ha revelado cuán sangriento puede llegar a ser un fenómeno delictivo que se extiende por el territorio rico en minerales de Perú sin que las autoridades logren ponerle por ahora freno.

Gracias a las riquezas minerales que abundan en sus montañas andinas y en su selva amazónica, Perú es el mayor productor de oro de América Latina y el sexto del mundo según PlanetGOLD, un programa internacional en pro de una minería artesanal sostenible.

Se estima que unos 250.000 mineros artesanales y a pequeña escala trabajan en el país y producen una cuarta parte de sus exportaciones de oro.

El país sudamericano es también uno de los principales productores mundiales de cobre.

Los precios de ambos minerales se han disparado en los últimos años.

Según un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), el precio del gramo de oro se ha multiplicado por siete desde el año 2000, contribuyendo a la “rápida expansión” de la minería ilícita.

De acuerdo con las estimaciones del IPE, la producción ilegal de oro en Perú alcanzó las 77 toneladas en 2023, lo que ha hecho del país “el epicentro de la minería ilegal” en Sudamérica.

De hecho, según calcula el organismo, el 44% del oro ilegal que exporta Sudamérica proviene del Perú, muy por encima del 25% de Colombia y el 12% de Bolivia.

Lo que comenzó como un problema en regiones selváticas como Madre de Dios y Loreto, se ha extendido en la última década por casi todo el país, con especial incidencia en los departamentos de Puno, Cusco, La Libertad y Arequipa.

“El alza de los precios ha hecho que la extracción ilegal y el contrabando se hayan convertido en un negocio más lucrativo incluso que el narcotráfico”, le dijo a BBC Mundo César Ipenza, especialista en delitos medioambientales de la Universidad del Pacífico.

Dichos beneficios han atraído a grupos criminales diversos, cada vez más complejos y violentos, como la banda ecuatoriana Los Lobos, cuya presencia se ha reportado en Perú.

Como muestra la experiencia de otros países de América Latina, la expansión de la minería ilegal tiene graves consecuencias medioambientales y sociales.

El uso del mercurio y otros químicos en las explotaciones clandestinas en o junto a los ríos contamina las aguas y los peces.

“Las comunidades indígenas amazónicas se alimentan casi exclusivamente de pescado, por lo que tiene un impacto negativo en su salud cuando está contaminado”, señala Ipenza.

En torno a las minas ilegales suelen establecerse también burdeles que tienen entre sus clientes a los mineros informales, la mayoría hombres, lo que coloca a las mujeres y niñas de la zona en alto riesgo de caer en redes de explotación sexual, advierten los expertos.

Y los mineros están a su vez sometidos con frecuencia a explotación laboral.

“Suelen ser hombres jóvenes que llegan de diferentes lugares y a los que se pone a trabajar en las condiciones más duras, a veces en túneles que no cumplen con ninguna condición de seguridad”, indica Ipenza.

A todo eso se suman los secuestros, extorsiones y homicidios como el de Pataz, que se han hecho más frecuentes a medida que los grupos criminales se han adueñado de un negocio antes en manos de mineros informales pero no necesariamente armados.

Los expertos coinciden en que el auge de la minería informal y la criminalidad asociada a ella son un problema complejo que tiene varias causas.

“El oro ha llegado a cotizar a US$3.500 la onza, y el gobierno y el Congreso han flexibilizado el marco normativo de la lucha contra la criminalidad organizada en los últimos años”, señala Ipenza.

“Perú lleva 23 años intentando un proceso de formalización, pero eso no se ha completado por la falta de interés de los mineros informales y porque se vienen aprobando leyes que en la práctica les permiten funcionar en la impunidad”, añade.

El gobierno peruano estableció en 2017 el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que permitía registrarse y formalizar su situación a los mineros artesanales.

Pero la mayoría de ellos no llegaron a completar el proceso porque no cumplieron requisitos como presentar un documento tributario o un estudio de impacto ambiental.

Aunque nació como un mecanismo temporal, el Congreso lo ha ido prorrogando y los intentos de ponerle fin se han topado con la fuerte oposición de los grupos de interés creados en torno a la minería artesanal, señalan los expertos.

Sus detractores denuncian que el Reinfo se ha convertido en la práctica en una vía para actividades ilícitas sin una fiscalización efectiva y que está siendo utilizado por redes de crimen organizado implicadas en la minería ilegal para crear tapaderas y blanquear sus activos.

Según Ricardo Valdés, experto en seguridad y exviceministro de Interior de Perú, “el Reinfo ha acabado dando una especie de patente de corso a los mineros informales”.

Ya antes conocerse la masacre, el gobierno había anunciado su intención de tomar cartas en el asunto y “depurar” el Reinfo.

“Excluiremos a los mineros que no tengan autorización para la utilización de explosivos y a todos aquellos que hagan mal uso de su inscripción en dicho registro”, dijo el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, el 11 de abril.

Con la regulación actual, el mineral obtenido ilegalmente puede circular sin restricciones por el territorio peruano si quien lo transporta acredita estar en trámite de formalización mediante el Reinfo.

Valdés explica que, con frecuencia animados por politicos locales, los mineros informales se instalan en muchos casos en terrenos otorgados por el Estado a concesionarios legales y estos suelen resistirse a la regularización de quienes invadieron su predio.

La minería ilegal se lleva habitualmente a cabo en zonas aisladas en las que hay escasa o nula presencia del Estado y a las que rara vez llega la policía, lo que según señalan los expertos dejó el campo abierto para la penetración de las bandas criminales.

“Comenzaron prestando protección armada a los mineros artesanales pero acabaron entendiendo cómo funciona el negocio y ahora controlan la producción, el transporte y la comercialización”, explica Valdés.

De esta manera, valiéndose de la laxitud de las normas vigentes, los grupos criminales pueden transportar su carga hacia las plantas procesadoras en diferentes puntos del país, donde el control lo ejercen los gobiernos regionales que, según Ipenza, “muchas veces no tienen personal ni recursos”.

Ya blanqueado, el oro sale de esas plantas con destino a Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Estados Unidos, India y otros principales importadores de la producción peruana.

La minería ilegal ha sido identificada por los expertos como uno de los motores del aumento de la criminalidad y violencia que sufre Perú.

El país había registrado más de 640 homicidios hasta mediados de abril de este año, lo que supone un 19% más que las contabilizadas en el mismo periodo del año anterior.

El gobierno de Boluarte ha respondido con la declaración del estado de emergencia en diferentes zonas del país, incluida el área metropolitana de la capital, Lima.

El departamento de La Libertad llevaba en emergencia desde febrero del año pasado, pero eso no impidió la matanza de Pataz.

Tras ella, el Ejecutivo decretó un toque de queda, y ordenó un despliegue militar y la suspensión temporal de toda actividad minera en la zona para “facilitar la instalación” de las fuerzas armadas y la policía.

Y en conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, presentó una línea de tiempo de las gestiones realizadas por el gobierno en la provincia.

“En la zona de Pataz el gobierno viene actuando de manera decidida y permanente”, añadió.

Pero Valdés cree que “el problema no se solucionará solo con un enfoque punitivo”.

La historia reciente parece avalar su tesis.

En 2019, el gobierno del entonces presidente Martín Vizcarra logró reducir significativamente la minería ilegal en la Reserva Nacional de Tambopata, en el departamento de Madre de Dios, con la llamada Operación Mercurio, que llevó a esta zona de la selva de Perú más de 1.200 policías, 300 militares y 70 fiscales.

Pero un estudio publicado en 2023 mostró que la mayoría de los mineros expulsados de esa zona se desplazaron a otras y acabaron regresando cuando se relajó la vigilancia de las autoridades.

La falta de continuidad en las políticas y de recursos para aplicarlas son uno de los problemas recurrentes, subrayan los expertos.

El país ha tenido seis presidentes en los últimos siete años y 14 ministros del Interior en los últimos cuatro.

Esto dibuja lo que el Instituto Peruano de Economía describe como “debilidad institucional” y aleja la posibilidad de una solución que, según Valdés, “debe ser multisectorial e implicar también a los gobiernos regionales y locales”.

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