La presidenta Claudia Sheinbaum anunció esta semana un conjunto de reformas legales enfocadas en reforzar las herramientas del Estado para la búsqueda de personas desaparecidas en México. Entre los cambios más relevantes, se contempla la transformación de la Clave Única de Registro de Población (CURP), que pasará a ser un certificado de identidad con fotografía y huella digital.
“El Estado tiene la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas y de proteger a sus familias”, expresó Sheinbaum, y adelantó que la próxima semana se dará a conocer un informe nacional que brindará mayor claridad sobre esta crisis humanitaria.
¿Qué implica la nueva CURP?
Con la reforma, la CURP dejará de ser solo un número y se convertirá en un documento de identificación oficial, obligatorio para trámites y registros administrativos. Este nuevo certificado contará con fotografía, huellas dactilares y estará integrado a una Plataforma Única de Identidad.
Dicha plataforma será capaz de generar alertas, realizar búsquedas en tiempo real y facilitar la localización de personas. Las reformas establecen que esta nueva CURP deberá implementarse en un plazo no mayor a 90 días.
Más coordinación entre autoridades e instituciones
Uno de los principales objetivos es agilizar las investigaciones. Las denuncias de desaparición deberán iniciar una carpeta de investigación en menos de 72 horas. Estas se integrarán en una Base Nacional de Carpetas de Investigación, operada de forma coordinada por la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales.
Además, se fortalecerá el Banco Nacional de Datos Forense, con información conectada en tiempo real que permitirá cruzar registros ante mortem y post mortem. Las bases de datos incluirán información de la CURP, la Alerta Amber, registros de cuerpos en morgues y otras fuentes.
Participación del sector privado
Las reformas también imponen nuevas obligaciones a empresas privadas y organismos públicos. Toda institución que solicite identificación oficial —como bancos, servicios de salud, transporte, telecomunicaciones, paquetería, escuelas o empleadores— deberá compartir datos útiles que ayuden en la localización de personas.
“Queremos que la búsqueda sea más eficiente, más ágil y con herramientas modernas que eviten la revictimización”, explicó Ernestina Godoy, quien también participó en la presentación del nuevo modelo legal.
Un sistema nacional de alerta y búsqueda
Se creará un Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas que activará notificaciones automáticas a instituciones y plataformas cuando se reporte una desaparición. Este sistema también podrá detectar coincidencias entre bases de datos y mejorar la coordinación entre autoridades.
Fortalecimiento institucional y penas más severas
Las reformas también consideran una mayor profesionalización en las fiscalías con unidades especializadas, personal capacitado, y áreas para atención inmediata, investigación de largo plazo, y análisis cibernético. A la par, se endurecen las penas por desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.
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