No debe ser nada fácil tener al mandatario más poderoso del mundo encima, como una espada de Damocles que en cualquier momento puede caer sobre la cabeza. Es lo que le está pasando al presidente venezolano Nicolás Maduro, quien desde enero ha vivido con el constante soplido en llamas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el cual parece decidido a darle fin al régimen.
Es tan difícil que en las últimas horas se ha sabido que más allá de las reiteradas imágenes de Maduro bailando en plazas públicas, de su coro de “no war, peace, peace, peace” (no a la guerra, paz, paz, paz), lo que le acude es un miedo y una paranoia sin límites.
El diario The New York Times publicó un reportaje, con la voz anónima de siete funcionarios del círculo más poderoso de Venezuela, escrito por el periodista Anatoli Kurmanaev, quien desde 2013 les sigue los pasos a las movidas del Palacio de Miraflores. Dice una parte del texto: “Maduro ha intentado protegerse de un posible ataque de precisión o una incursión de fuerzas especiales cambiando frecuentemente de lugar de descanso y de teléfono celular, según las fuentes. Estas precauciones se han intensificado desde septiembre, según algunas fuentes, cuando Estados Unidos comenzó a acumular buques de guerra y a atacar embarcaciones que, según la administración Trump, traficaban drogas desde Venezuela”.
Las medidas han sido tan drásticas que hasta ha decidido mover constantemente su guardia personal, llevando a esos puestos agentes que han llegado desde Cuba. Además, las apariciones diarias en espacios de televisión son en directo, pero no en vivo, de esa manera evita cualquier ataque sorpresivo; todas estas alocuciones han estado acompañadas de un llamado a una fiesta, pues en Venezuela la Navidad empezó desde el primero de octubre.
Pero detrás de ese llamado frenético a la fiesta eterna de diciembre, todo bajo el corillo de “no war”, están las continuas palabras de Donald Trump, que hace dos días anunció que empezará con las operaciones contra narcotraficantes en tierra, lo que atiza aún más los miedos, y que se hace peor teniendo en cuenta que hasta habló de la posibilidad de atacar a los carteles de las drogas en Colombia.
Con esta operación tenaza sobre Venezuela, Trump se está jugando su reputación y casi que su futuro político, pues tiene a las organizaciones de Derechos Humanos vigilantes —ya se vio cómo la fuerza naval remató a un hombre que manejaba una lancha por el Caribe— y además es la guerra que ha decidido jugar, la versión armada de su lucha en contra de todo lo que supuestamente afecta a Estados Unidos: la inmigración y los carteles del narcotráfico, de los cuales ha puesto como cara frontal a Nicolás Maduro, a quien ubicó como jefe máximo del Cartel de los Soles y hasta lo ligó con el Tren de Aragua.
Trump se ha caracterizado por ser un tipo que amenaza pero a veces se echa para atrás, y este podría ser uno de los casos. No se puede olvidar que el movimiento de buques y tropas en el Caribe le cuesta a Estados Unidos 10 millones de dólares diarios —medios calculaban que un despliegue que incluya ocho buques de guerra, un submarino nuclear, 10 aviones F-35 y 4.000 marines podría costar alrededor de $1,73 mil millones de dólares durante 90 días—. ¿Si Maduro se atornilla al poder, sería capaz de atacar? ¿Sería capaz de orquestar un golpe de Estado?
Ahora bien, mientras se mueven las tropas, también se ha movido la diplomacia. Esta semana se conoció que hubo una llamada Trump-Maduro que, al parecer, no dio muchos frutos, pues según información publicada por la agencia Reuters, Estados Unidos le habría dado varios “no” a las peticiones desde Caracas y hasta le habría puesto una fecha límite a Maduro para salir del poder.
La llamada habría durado quince minutos y Maduro supuestamente le mencionó al presidente estadounidense que estaba dispuesto a abandonar el país suramericano siempre y cuando él y su familia recibieran una amnistía legal en donde se incluya el levantamiento de todas las sanciones de EE. UU., además de que se culmine un caso que enfrenta ante la Corte Penal Internacional.
Otra de las peticiones fue el levantamiento de sanciones contra más de 100 funcionarios del régimen, quienes tienen acusaciones desde la Casa Blanca por presuntos abusos contra los Derechos Humanos y cargos relacionados con narcotráfico y corrupción. La vicepresidenta Delcy Rodríguez sería la encargada de dirigir un gobierno interino antes de ejecutarse unas nuevas elecciones. Ante todo esto, Trump solo habría dado una semana a Maduro para que eligiera un destino y saliera de Venezuela con su familia.
Al mirar en retrospectiva, podemos ver cómo Estados Unidos ha venido asfixiando al régimen venezolano. Aquí le presentamos una cronología de lo que ha sucedido.
Los primeros meses del año se centraron en asfixiar los ingresos petroleros del régimen. Entre enero y marzo, Estados Unidos implementó aranceles secundarios del 25% a cualquier país que mantuviera relaciones comerciales de petróleo o gas con Venezuela, buscando cortar los flujos de capital.
Luego, la Casa Blanca vinculó al régimen con actividades criminales. En febrero, el Tren de Aragua fue designado formalmente como una Organización Terrorista Extranjera (FTO), permitiendo el uso de leyes antiterroristas en su contra, lo que se leyó como un primer movimiento para autorizar ataques frontales.
A partir de agosto, la presión tomó un cariz abiertamente militar. El gobierno de Trump incrementó la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a US$50 millones, superior a la que alguna vez se ofreció por Osama Bin Laden, y firmó una orden ejecutiva que permitía el uso de la fuerza contra cárteles de la droga considerados terroristas.
La secretaria de Justicia, Pam Bondi, dijo: “Él es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a US$50 millones (…) Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y será responsabilizado por sus crímenes despreciables”.
El fiscal venezolano, Tarek William Saab, respondió: “Esta infamia constituye una violación flagrante del derecho internacional, un atentado contra nuestra soberanía y una grosera intromisión en los asuntos internos de un Estado soberano”.
A mediados de agosto, la tensión aumentó con el despliegue de múltiples buques de guerra de la Armada estadounidense en el Caribe, una operación oficialmente antidrogas, pero que Caracas interpretó como una amenaza de intervención inminente. La escalada se hizo operativa en septiembre con los primeros ataques directos.
El 2 de septiembre, EE. UU. realizó el primer ataque contra una supuesta embarcación de narcotraficantes en el Caribe. El 15 de septiembre, ocurrió el hundimiento de una segunda embarcación, con la advertencia de que habría más ataques bajo la justificación de la “Guerra contra el Narcoterrorismo”. Las operaciones de interdicción se ampliaron al Océano Pacífico en octubre; hasta el momento se cuentan 20 ataques directos y más de 75 muertos.
El 10 de octubre se dio un golpe duro a la imagen de Nicolás Maduro cuando se anunció que quien recibiría el Premio Nobel de la Paz 2025 sería la líder opositora venezolana María Corina Machado. El Comité Noruego del Nobel reconoció a Machado por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos” y su compromiso con la vía pacífica, consolidándola como la figura principal de la resistencia civil frente al régimen.
En el contexto de la escalada militar y las sanciones de la administración Trump, el galardón sirvió para polarizar aún más la situación: Machado dedicó el premio a Trump por su “apoyo decisivo”, lo que fue inmediatamente utilizado por el gobierno de Maduro para denunciar que la líder opositora está “alineada con la cara más militarista y oscura del imperialismo estadounidense”, intensificando la narrativa de que la oposición es un instrumento de la política de “máxima presión” de Washington.
Sucedió el pasado 23 de noviembre de 2025. Así se conectó formalmente a Nicolás Maduro con el liderazgo de una organización terrorista, lo cual facilita la imposición de sanciones y el uso de herramientas legales para combatir sus actividades; se trató de una degradación del estatus del presidente de Venezuela, casi igualado con un jefe mafioso como el Chapo Guzmán.
A finales de noviembre sucedió el movimiento más inesperado: Trump declaró el cierre de facto del espacio aéreo venezolano para vuelos internacionales, creando una zona de exclusión y aislando aún más a Maduro. La medida ha sido calificada como un “campo de batalla aéreo” por analistas internacionales. La decisión fue justificada por Washington como una acción necesaria para cortar las rutas de “narcoterrorismo”. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, desafió la imposición con una exhibición de poderío aéreo militar, declarando que el país se defendería “hasta las últimas consecuencias”. De inmediato varias empresas cancelaron sus vuelos, pese a las amenazas de multas que anunció Maduro. Un portavoz oficial del gobierno venezolano culpó, sin pruebas, directamente a la oposición, afirmando que la medida fue un favor político a la líder María Corina Machado:
“Se ha complacido a la líder opositora que ha solicitado el bloqueo del espacio aéreo. Ella y Washington están alineados contra el pueblo de Venezuela”.
El pasado 2 de diciembre Trump amenazó con llevar la campaña contra los cárteles de la droga a operaciones militares “por tierra”. El presidente de Estados Unidos justificó la “inminente acción” como parte de la guerra contra el “narcoterrorismo”: “Por tierra es mucho más fácil. Además, conocemos las rutas que toman, lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven, vamos a empezar muy pronto”.
Ante las dudas que saltaron de inmediato, Trump dijo que estas incursiones estarían amparadas por el marco legal internacional, aunque no precisó una fecha específica para el inicio de las operaciones: “Las operaciones son legales tanto bajo la ley estadounidense como bajo la ley internacional, con todas las acciones en cumplimiento del derecho de conflictos armados”.
Cortesía de El Colombiano
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