Trasladarse del Aeropuerto de Guadalajara a la ciudad implica pagar precios elevados, largas esperas y riesgos de seguridad que reflejan un concierto de omisiones, corrupción, lucro y simulación de las autoridades, en donde el pasajero paga los platos rotos.
En mi columna de ayer “Invasión pirata en el aeropuerto tapatío” narré cómo choferes informales ofrecen el servicio de taxi pirata a pasajeros sin intervención de la Guardia Nacional o personal del aeropuerto.
Muchos son conductores de plataforma que brindan su servicio al doble del costo promedio (elevado de por sí), y por fuera de la aplicación, lo que implica un riesgo.
Lo hacen ante la prohibición federal a taxis ejecutivos para operar en aeropuertos, y aprovechando la demora de los taxis oficiales pues tomarlos implica hacer largas filas en hora pico.
Pero, ¿cómo llegamos a esto?
En días pasados, el gobernador Pablo Lemus urgió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT) para que regule y permita la operación de taxis ejecutivos como Uber y Didi en aeropuertos de cara al Mundial de Futbol en 2026.
Su petición surgió luego de que Uber aseguró -sin dar más detalles o proporcionar copia del expediente-, que había obtenido una “suspensión definitiva” de un juez federal para operar en aeropuertos, pero la federación (SICT) negó que el recurso legal tuviera ese alcance.
Aquí todos tienen cola qué les pisen.
La exigencia de Lemus a la federación omite que también es su responsabilidad regular los taxis ejecutivos.
La Secretaría de Transporte, a cargo de Diego Monraz, confirmó vía transparencia en julio pasado que carece de un registro de taxis ejecutivos como marca la ley estatal; significa que éstos operan en el limbo.
Por su parte, la SICT opera con un marco legal desactualizado que no considera el servicio a través de plataformas a pesar de que operan desde hace más de 10 años en aeropuertos. Aquí la omisión ha sido de los legisladores federales.
Esto generó una mafia en el Aeropuerto tapatío. El Consejo de Conductores de Jalisco ha denunciado que la Guardia Nacional cobra “derecho de piso” a taxis piratas para dejarlos operar. De lo contrario les imponen multas de más de 50 mil pesos y les retiran el vehículo.
Este año, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) asignó una tercera empresa de taxis, Ecofy, para que ofrezca el servicio con Atasa y ATTA. Sumarán con esto 740 unidades. También habilitó el servicio de Shuttle del aeropuerto a la Ciudad.
Sin embargo, estos esfuerzos parecen insuficientes ante el desorden y la corrupción de las autoridades en una terminal que transporta en promedio a 49 mil pasajeros al día.
Es necesaria una reforma federal para regular el servicio de transporte por medio de aplicaciones; urge que el gobierno estatal empadrone a los taxis ejecutivos y que todos dejen de lucrar a costa del usuario.
La realidad es evidente: hoy los pasajeros carecen de un servicio de traslado a la ciudad económico, confiable, rápido y seguro. Supongo que una ciudad mundialista debería tenerlo.
Queda poco más de medio año para arreglar este caos.
Cortesía de El Informador
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