El mercado mexicano de telecomunicaciones podría enfrentar un cambio radical. El proyecto de nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión impulsado por el equipo de Claudia Sheinbaum abriría la puerta a una relación aún más estrecha entre el Estado y Altán Redes, la empresa público-privada rescatada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este escenario beneficiaría indirectamente a Bait, el operador móvil virtual (OMV) de Walmart, que depende de Altán para ofrecer sus servicios celulares.
Según un reporte de El Economista, la iniciativa establece que el Poder Ejecutivo federal podría proveer servicios de internet de manera directa o mediante asociaciones público-privadas y mantener siempre el control. Esto no solo legalizaría el “favoritismo” mostrado en los últimos años hacia Altán Redes, sino que también permitiría la asignación de espectro radioeléctrico sin licitación ni pago y se incluirían frecuencias para servicios 4G y 5G.
Bait de Walmart, el principal cliente de Altán, tendría acceso privilegiado
Altán Redes, después de recibir cerca de 490 millones de dólares en rescates y facilidades fiscales, expandió su presencia en mercados urbanos, más allá de sus objetivos originales de cobertura social. Como anteriormente reportamos en Xataka México, esta empresa se ha convertido en un aliado para Walmart, que a través de Bait ha logrado un gran crecimiento.
Si la nueva ley permite a Altán acceder a bandas como la de 600 MHz, 1.5 GHz, 2.5 GHz y 3.5 GHz, frecuencias ideales para el despliegue de servicios móviles de quinta generación, entonces Bait estaría en una posición privilegiada para seguir expandiendo su red y aprovechar el acceso indirecto a recursos estratégicos que podrían quedar fuera del alcance de operadores tradicionales como Telcel, AT&T y Movistar.
De acuerdo a El Economista, esta perspectiva ya genera desconcierto entre los operadores privados, que ya se encuentran preocupados por el posible debilitamiento de la competencia justa y el impacto negativo sobre la inversión en el sector.
Su crecimiento acelerado y los apoyos a su favor ya habían puesto a Telcel en alerta
Anteriormente Telcel ya había reclamado ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que Altán Redes otorgaba condiciones preferenciales a Walmart y le permitía a Bait ofrecer paquetes “que superan las de todos sus competidores”. Sin embargo, el IFT desestimó la denuncia en octubre de 2024 y se concluyó que no había evidencia de trato desigual.
Este fallo fortaleció a Bait, que al cierre del tercer trimestre de 2024 ya contaba con 15.1 millones de usuarios y lo colocó como el cuarto operador más grande del país. Aunque los ingresos promedio por usuario de Bait son menores (alrededor de 45 pesos mensuales), su volumen masivo y su alianza con Altán le permiten crecer rápidamente en un mercado dominado tradicionalmente por Telcel.
Ahora, con la nueva ley en proceso, ese crecimiento podría acelerarse aún más si Bait logra tener acceso a espectro adicional de forma indirecta gracias a su relación con Altán.
Pero eso no es todo. Bait anunció recientemente que lanzará sus primeros planes de pospago en 2025. Gabriel Cejudo, director de la marca, explicó que este paso es crucial para fortalecer su “músculo financiero” y competir de manera frontal contra gigantes como Telcel y AT&T.
Aunque el proyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones impulsa temas como la neutralidad de la red y la expansión del espectro para servicios de nueva generación como el 5G, sus detractores alertan sobre el riesgo de concentrar excesivo poder en una autoridad de reciente creación como la ATDT.
Además de alterar las condiciones de competencia en el mercado local, la nueva Ley de Telecomunicaciones podría traer consecuencias en el ámbito internacional, ya que su redacción vulneraría compromisos establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), según el reporte de El Economista.
Expertos como Jorge Fernando Negrete advirtieron que el otorgamiento de beneficios preferenciales a un operador estatal y la falta de neutralidad del regulador violan disposiciones del tratado, particularmente aquellas relativas al trato no discriminatorio entre empresas públicas y privadas. De confirmarse esta situación, México podría enfrentar controversias comerciales bajo los mecanismos de resolución de disputas previstos en el T-MEC, lo que también podría impactar la certidumbre jurídica para las inversiones en el sector de telecomunicaciones.
Cortesía de Xataka
Dejanos un comentario: