La justicia británica comenzó el miércoles a examinar una demanda contra Sting presentada por los otros dos miembros de la banda musical The Police, que consideran no haber recibido su parte justa de los derechos de autor procedentes del streaming.
El guitarrista Andy Summers y el batería Stewart Copeland calculan que han dejado de percibir “más de dos millones de dólares”, según la demanda, consultada por la AFP.
La demanda fue presentada a finales de 2024 ante el Tribunal Superior de Londres, que aborda el caso el miércoles y el jueves en el marco de una audiencia preliminar, aunque no se trata aún del juicio propiamente dicho.
Ninguno de los tres miembros del grupo está presente en esta audiencia preliminar.
Los demandantes se basan en un acuerdo de hace casi 50 años, que estipula que cada miembro del grupo percibe, en calidad de arreglista, el 15% de los derechos de autor generados por las composiciones de los otros.
Sting, bajista y cantante del trío, es además el autor de todos los grandes éxitos, como “Roxanne” o “Message in a Bottle”.
El líder del trío musical percibe con mucha diferencia la mayor parte de los derechos de autor del grupo, que publicó cinco álbumes entre 1978 y 1983.
Pero el acuerdo permite reconocer la aportación de los otros dos miembros, como las partes de guitarra de Andy Summers en “Every Breath You Take”.
El acuerdo entre los tres músicos se alcanzó inicialmente de forma oral en 1977 y se formalizó por escrito en 1981, en una época en la que el “streaming” musical no existía.
El trato fue reiterado en 2016 en un acuerdo destinado a resolver todos los litigios financieros entre los miembros del grupo, sin que el término “streaming” se mencionara explícitamente.
El litigio se centra en la calificación de los ingresos procedentes de servicios como Spotify, Deezer o Apple Music a efectos del reparto de los derechos de autor.
Los representantes de Sting, que vendió su repertorio musical a Universal en 2022 por un importe estimado por los medios estadounidenses en 250 millones de dólares, denuncian un “intento ilegítimo” de reinterpretar el acuerdo e incluso consideran que algunas de las sumas abonadas podrían constituir un “pago en exceso”.
Con información de agencias
Cortesía de Clarín
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