El presidente de Bolivia, Luis Arce, confirmó la promulgación de la ley que prohíbe los matrimonios y uniones libres entre menores de 18 años o con adultos, con el fin de proteger a niños y adolescentes de una práctica que expone a esta población a vulneraciones como abusos sexuales, embarazos no deseados y trata.
Desde Nueva York, mientras se celebraba la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el mandatario boliviano afirmó que la Ley Modificatoria a la Ley N°603 del Código de las Familias y del Proceso Familiar fue remitida al Órgano Ejecutivo desde la Asamblea Legislativa Plurinacional y ratificó que fue firmada “inmediatamente“ por el vicepresidente y actual presidente en ejercicio, David Choquehuanca.
A través de una publicación en la red social X, Arce expresó que “la norma establece modificaciones a la Ley N° 603 en el que, entre otros, se establece que el matrimonio, o la unión libre entre personas menores a la edad requerida, es nulo de pleno derecho y no puede convalidarse bajo ninguna circunstancia“.
En una sesión realizada el 18 de septiembre, la Cámara baja de Bolivia aprobó el proyecto de ‘Ley modificatoria a la Ley N° 603, Código de las Familias y del Proceso Familiar’, para prohibir el matrimonio y la unión libre de menores de edad en Bolivia.
La Ley 603 avalaba hasta ahora los matrimonios a partir de los 16 años siempre que existiera el consentimiento de quienes ejercen la “autoridad parental“.
En tanto, la promotora de la ley, la senadora Virginia Velasco, del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), se declaró “muy contenta” al momento de su aprobación y agradeció a sus colegas parlamentarios por dar luz verde al proyecto que supone “un paso muy importante para el país“.
El proyecto de ley se basó en las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) para que Bolivia eleve la edad mínima para el matrimonio sin excepciones.
Velasco sostuvo que la ley es “un paso tan importante para proteger” a “ese tesoro más grande que son los niños, niñas y adolescentes“.
En 2024, la Defensoría del Pueblo reveló en un informe que, desde 2014 hasta esa fecha, el Estado boliviano registraba 4.804 matrimonios de adolescentes de 16 a 17 años.
Por su parte, el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) indicó que entre 2020 y 2023 hubo 8.855 embarazos de menores de 15 años y 139.021 de adolescentes de 15 a 19 años en Bolivia.
En 2024, en los hospitales bolivianos se atendió a 53.290 adolescentes de 15 a 19 años y a 6.161 niñas de 10 a 14 años en consultas de ginecología y obstetricia.
Además, que en 2024 hubo 2.498 partos de niñas de 10 a 14 años y 240 de menores de 10 años. También alertó que las menores de 16 años tienen un riesgo cuatro veces mayor de morir por causas maternas que las mujeres mayores de 20 años.
Con la promulgación de la ley contra el matrimonio infantil las organizaciones sociales que promovieron el proyecto esperan que los números de embarazos infantiles y adolescentes se reduzcan significativamente.
Al respecto, la ONG global Plan International celebró la promulgación de la ley y pidió un cambio cultural para erradicar las “normas sociales y de género“ que impulsan ese tipo de fenómenos.
“Este cambio es un gran paso adelante para las niñas y adolescentes en Bolivia. Al eliminar los vacíos legales, deja en claro que ninguna niña debe casarse o estar obligada a vivir con una pareja antes de cumplir los 18 años. Se trata de proteger su salud y bienestar, y abrirles más oportunidades para que aprendan, crezcan y construyan el futuro que desean”, dijo directora regional de Plan International para América Latina y el Caribe, Carmen Elena Alemán.
La ONG advirtió que aunque la normativa era “un avance fundamental” todavía queda mucho por hacer para prevenir las uniones informales tempranas y transformar los patrones socioculturales que las provocan y normalizan.
“Las leyes por sí solas no terminarán con el matrimonio infantil o las uniones tempranas. Bolivia necesita programas que cambien las normas sociales y de género perjudiciales, al mismo tiempo que invierten en educación y se aseguran de que las niñas puedan acceder a la atención médica, la justicia y oportunidades reales para su futuro“, afirma Alemán.
Y, agrega, no hay que olvidarse “de las niñas y adolescentes que ya están casadas o viven con una pareja. Necesitan apoyo para reclamar sus derechos, obtener los servicios que merecen y salir adelante libres de violencia y dificultades”.
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Cortesía de Página 12
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