El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rechazó este martes la acusación de haber intentado un golpe de Estado durante su declaración ante la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF), en una jornada clave del proceso judicial que investiga una presunta trama para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones presidenciales de 2022.
A sus 70 años, Bolsonaro enfrenta cargos junto a otros siete integrantes del denominado “núcleo crucial” por intento de abolición violenta del Estado de derecho y conspiración para un golpe de Estado, delitos que podrían acarrear penas de hasta 40 años de prisión. Durante su interrogatorio a cargo del presidente del STF, Alexandre de Moraes, Bolsonaro negó haber tramado un golpe, aunque admitió haber buscado “alternativas” legales. “Discutimos posibilidades, alternativas, siempre dentro de la Constitución”, declaró, pero aseguró que finalmente se abandonaron esas ideas y se aceptó “el ocaso” de su gobierno.
Su defensa se centró, como había anticipado, en los cuestionamientos al sistema de voto electrónico, un tema que Bolsonaro sostuvo durante su campaña electoral y que le costó una inhabilitación de ocho años por difundir desinformación. “Perder una elección es un vacío que usted ni imagina”, expresó ante el juez.
Entre la retórica y la realidad
Desde el inicio del interrogatorio, Bolsonaro se mantuvo en su estrategia habitual de negar la existencia de un golpe de Estado. “No procede, excelencia”, respondió al ser consultado por el juez sobre las acusaciones. Insistió en que no existió organización suficiente para ser considerado un intento golpista: “No hay un golpe sin liderazgos, sin financiación y con unos pocos miles de personas desarmadas”.
“Nunca se habló de golpe, un golpe es una cosa abominable”, afirmó, destacando que siempre actuó “dentro de las cuatro líneas”. También justificó su ausencia en la toma de posesión de Lula y su negativa a entregar la banda presidencial: “No me iba a someter a la mayor silbatina de la historia de Brasil”, dijo.
Intentó justificar sus ataques contra las instituciones durante la campaña electoral de 2022 apelando a su “temperamento explosivo” y su tendencia a “decir palabrotas”, incluso pidió disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos. En relación con el sistema electoral electrónico, su principal chivo expiatorio, sostuvo que sus críticas eran meramente “retóricas”.
Incluso bromeó con Moraes, a quien en el pasado calificó de “dictador”: “Me gustaría invitarlo a ser mi vice en 2026”, ironizó, a pesar de su inhabilitación. Moraes rechazó la propuesta de inmediato. “Que el Señor ilumine a todos ustedes (…) por el bien de nuestro país”, concluyó Bolsonaro, dirigiéndose a los magistrados que decidirán sobre su culpabilidad o inocencia
Testimonios que complican
El exministro de Justicia, Anderson Torres, también testificó este martes. Aceptó que hubo propuestas para impedir la asunción de Lula, aunque aseguró no haberlas tomado en serio. En cuanto al borrador del decreto encontrado en su casa —que proponía la intervención del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la anulación de los comicios— aseguró que fue entregado por una persona no identificada y que simplemente olvidó destruirlo. “Fue una fatalidad”, declaró.
Sin embargo, Torres negó haber discutido planes golpistas con Bolsonaro o con otros funcionarios. Sobre los ataques del 8 de enero, aseguró que estaba de vacaciones en Estados Unidos, “en un parque de Disney”, y que había dejado protocolos de seguridad que, desafortunadamente, “no se aplicaron de forma correcta”.
Otro que compareció fue el ex comandante de la Marina, Almir Garnier, quien negó haber ofrecido apoyo militar a Bolsonaro, en contradicción con los testimonios de otros jefes de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, aceptó haber asistido a reuniones convocadas por el ex presidente en las que se abordaron las tensiones postelectorales, pero aseguró que nunca recibió órdenes ilegales ni actuó “fuera del marco jerárquico”.
Por su parte, el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, Alexandre Ramagem, también rechazó las acusaciones y argumentó que los documentos que cuestionaban el sistema electoral eran privados y anteriores a las elecciones. Negó haber compartido teorías de fraude con Bolsonaro. El general Augusto Heleno, uno de los aliados más radicales del expresidente, se acogió a su derecho a guardar silencio.
La ronda de declaraciones comenzó el lunes con el ex hombre de confianza de Bolsonaro en el área militar, Mauro Cid. El edecán aseguró que el expresidente evaluó decretos para anular los resultados electorales y declarar estado de sitio. Según dijo, los borradores incluían la detención de jueces del Supremo, el presidente del Senado y el de Diputados. En sus declaraciones, Bolsonaro negó la existencia de tal documento.
Cid relató que esos documentos proponían crear un “Consejo Electoral” para convocar nuevas elecciones bajo condiciones favorables al oficialismo . Agregó que el propio Bolsonaro leyó y modificó borradores de los decretos, aunque admitió no haber presenciado personalmente las instancias de corrección. El plan fue desestimado luego de reuniones con altos mandos militares, quienes manifestaron su oposición. “La gran expectativa era encontrar un fraude en las urnas, para convencer a los militares y revertir el resultado“, dijo.
Cortesía de Página 12
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