Desde Lima
Un fiscal supremo acusado de integrar una mafia judicial ligada al fujimorismo ha sido nombrado fiscal de la Nación. Se trata de Tomás Aladino Gálvez, que en 2021 había sido destituido por esos vínculos, pero este año volvió como fiscal supremo por una cuestionada decisión del Tribunal Constitucional. Un nombramiento que implica la captura de la fiscalía por parte de la coalición de derecha –llamada “coalición mafiosa”- que controla el Congreso y gobierna con la presidenta Dina Boluarte. Altos dirigentes de esta coalición, entre ellos la jefa de Estado y Keiko Fujimori, están investigados y acusados por la fiscalía por corrupción y otros cargos. Buscan impunidad capturando el sistema de justicia.
La mafia de “los cuellos blancos”
El nombramiento de Gálvez ha sido posible luego que el viernes último la Junta Nacional de Justicia (JNJ), funcional a los intereses de esta coalición de derecha, destituyó a la fiscal de la Nación Delia Espinoza, que había dado muestras de independencia, lo que la enfrentó al poder. Sus investigaciones y acusaciones a la presidenta Boluarte, a su hermano, a ministros y congresistas, la convirtió en blanco de una ofensiva de ataques desde el gobierno y la mayoría parlamentaria para sacarla del cargo, que terminó con la decisión de la JNJ de destituirla.
El nuevo fiscal de la Nación carga graves denuncias por corrupción. En 2018, audios de conversaciones telefónicas, revelados por el medio por internet de investigación periodística IDL Reporteros, pusieron al descubierto una mafia judicial que negociaba sentencias, en la que estaban involucrados fiscales, jueces, magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura que nombraba jueces y fiscales –desactivado a raíz de este escándalo y reemplazado por la JNJ-, abogados, empresarios y operadores políticos. Esta mafia, bautizada como “los cuellos blancos”, tenía cercana relación con el fujimorismo. Los audios revelaron diálogos para favorecer a Keiko Fujimori en el proceso en su contra por lavado de activos y organización criminal.
En una veintena de estos audios se escucha al entonces fiscal supremo, y ahora fiscal general, Tomás Gálvez, negociando favores con el entonces juez supremo César Hinostroza, cabeza de esta mafia judicial y hoy prófugo. Distintas conversaciones telefónicas revelan la cercanía de Gálvez con Hinostroza, a quien llamaba hermano. En esos diálogos hay pedidos de Gálvez para que los jueces favorezcan a distintos procesados. Por esta vinculación con esa mafia judicial Gálvez fue destituido por la anterior JNJ en 2021. Pero en abril de este año, el Tribunal Constitucional, nombrado por la mayoría parlamentaria encabezada por el fujimorismo, ordenó la reincorporación de Gálvez como fiscal supremo. Eso le abrió las puertas para llegar ahora a ser nombrado fiscal de la Nación.
Dina y Keiko celebran
Boluarte celebra el nombramiento del nuevo fiscal general. La presidenta ha sido investigada y acusada por la destituida fiscal de la Nación por el medio centenar de muertos durante las protestas contra su gobierno entre fines de 2022 e inicios de 2023, por enriquecimiento ilícito y otros cargos de corrupción. La protección del Congreso ha salvado a Boluarte. El hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte, es investigado por la fiscalía por tráfico de influencias y organización criminal. La destituida fiscal Espinoza también había abierto investigaciones al jefe del gabinete ministerial, Eduardo Arana, al ministro de Justicia, Juan José Sintiváñez, y a otros funcionarios del gobierno y legisladores. Con Gálvez al frente de la fiscalía estos procesos quedan seriamente amenazados.
Keiko Fujimori también festeja la llegada de un fiscal de la Nación funcional a sus intereses. La hija del fallecido dictador Fujimori está acusada por la fiscalía por lavado de activos y organización criminal, que pide 35 años de prisión. Gálvez se ha estrenado en el cargo amenazando la continuidad de los fiscales que han investigado y acusado a Keiko y ahora deben llevar el juicio en su contra, diciendo que va a evaluar su permanencia. Antes de asumir como fiscal de la Nación, en coincidencia con el discurso del fujimorismo, había declarado que esos fiscales debían ser destituidos.
Esta captura de la Fiscalía de la Nación se concreta después que en junio pasado fracasara un anterior intento en ese sentido. Entonces una decisión de la JNJ restituyó como fiscal suprema a Patricia Benavides, que había sido destituida a fines de 2023 por la anterior JNJ por acusaciones de corrupción en las que hay sólidas evidencias en su contra, y le ordenó a Espinoza que deje su cargo de fiscal de la Nación y coloque en su lugar a Benavides, que lo había ocupado anteriormente y había sido funcional a la coalición de derecha en el poder. Espinoza se negó a cumplir la orden argumentando que la JNJ podía reponer como fiscal suprema a Benavides, pero no tenía la facultad de nombrarla fiscal de la Nación. Espinoza ganó ese pulseo legal y Benavides fue reincorporada como fiscal suprema, pero no como fiscal de la Nación.
Pero la JNJ, con el respaldo del Ejecutivo y el Congreso, insistió en la maniobra para capturar la fiscalía, acusó a Espinoza de incumplir su orden de cederle su cargo a Benavides y la sacó de la fiscalía suspendiéndola por seis meses, primer paso para una destitución definitiva. Así, si bien la JNJ no pudo reponer a Benavides como fiscal de la Nación, logró que el cargo lo asuma otro fiscal alienado con la coalición que gobierna. Espinoza ha recurrido al poder judicial para anular su destitución denunciando que el proceso fue irregular y esa decisión es arbitraria e ilegal. Hay fuertes presiones políticas para que el fallo judicial no la favorezca.
La “Generación Z” sale a la calle
Esta captura de la fiscalía se ha dado en medio de protestas ciudadanas contra la corrupción política, el autoritarismo del régimen y su control del sistema de justicia, el incremento de la delincuencia y medidas económicas como una reciente ley que favorece a los fondos privados de pensiones afectando a los pensionistas. El pasado fin de semana, convocados por jóvenes de la llamada “Generación Z”, miles de manifestantes tomaron las calles del centro de Lima con lemas en rechazo al gobierno de Boluarte y al Congreso. “Dina asesina”, “Congresistas corruptos”, “Fujimori nunca más”, eran algunas consignas que tomaron las calles. Hubo lemas en apoyo a la destituida fiscal Espinoza.
Las protestas se repitieron en el interior del país. Los manifestantes fueron violentamente reprimidos por la policía, con golpes, gases lacrimógenos y disparos de perdigones. Hubo decenas de heridos. Según la Asociación Nacional de Periodistas, 18 periodistas fueron agredidos por la policía, lo que incluyó heridos con impactos de perdigones, golpizas y el robo o destrucción de sus cámaras. Para este fin de semana, con el lema “El pueblo se levanta”, se han convocado nuevas movilizaciones de protesta. Con “el cuello blanco” Gálvez en el máximo cargo de la fiscalía se espera su instrumentalización para limpiar a los dirigentes de la coalición de derecha en el poder que tienen grave acusaciones de corrupción y otros cargos -incluyendo a Boluarte- y para atacar con denuncias judiciales a sus rivales.
Cortesía de Página 12
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