Un tribunal condenó a la filial brasileña de Volkswagen por ejercer explotación laboral en condiciones de esclavitud en una hacienda dedicada a la cría de ganado en el estado de Pará, en el norte del país, durante la dictadura militar brasileña, en las décadas de 1970 y 1980. La multinacional automotriz anunció que apelará la decisión.
La sentencia
De acuerdo con la sentencia, la empresa alemana deberá pagar 165 millones de reales (aproximadamente 30 millones de dólares). Los fondos se transferirán al Fondo Estatal de Pará para la Promoción del Trabajo Decente y la Erradicación del Trabajo Análogo a la Esclavitud (Funtrad/PA). La multa es la más grande de su tipo en la historia de Brasil.
Volkswagen deberá reconocer públicamente su responsabilidad en los hechos y pedir disculpas a los trabajadores afectados y a toda la sociedad brasileña. “Tendrá que divulgar el pedido de disculpas en medios de prensa, radio, televisión y en todas las redes sociales de la empresa, por un plazo mínimo de 30 días corridos”, precisó en la sentencia el juez responsable por la decisión, Otavio Bruno da Silva Ferreir.
El tribunal también impuso un “sólido” conjunto de garantías para prevenir la reincidencia en las violaciones, indicó el Ministerio Público en un comunicado en el que celebró la decisión judicial. Entre las medidas establecidas se encuentran: la aprobación y difusión de una Política de Derechos Humanos y Trabajo Decente con una cláusula de “tolerancia cero” para el trabajo esclavo y la trata de personas; la inclusión de cláusulas específicas en todos los contratos con proveedores que prohíban prácticas semejantes a la esclavitud y permitan auditorías independientes; poner en marcha un sistema para revisar y asegurarse de que la empresa respete los derechos humanos en todas sus actividades, con mapeos de riesgos, auditorías periódicas e informes semestrales; la creación de un canal de denuncia multiplataforma, anónimo y accesible, con protección contra represalias; y la capacitación anual obligatoria sobre trabajo esclavo y trata de personas destinado a gerentes y compradores.
Servidumbre y sometimiento
El caso llegó a manos del Ministerio Público en 2019, que decidió procesar a la empresa en diciembre de 2024, tras una extensa investigación, en la que creó un grupo de trabajo especial para reunir la documentación pertinente y llevar a cabo una serie de audiencias con testigos. Según el fiscal laboral Rafael Garcia Rodrigues –que coordinó estas investigaciones–, los documentos y testimonios recabados comprueban las violaciones a los derechos humanos entre 1970 y 1980, y permitieron constatar la sumisión de los trabajadores a condiciones parecidas a las de esclavitud.
El juez Otavio Bruno da Silva Ferreir explicó que las pruebas en el expediente demuestran que la empresa Volkswagen Brasil no solo invirtió en la hacienda Vale do Rio Cristalino, sino que también participó activamente en su conducción estratégica, beneficiándose directamente de la explotación ilícita de la mano de obra.
“En los años que rodearon los sucesos, la empresa se benefició de recursos públicos y beneficios fiscales que impulsaron su negocio ganadero, convirtiéndola en uno de los mayores centros del sector”, señaló. “Informes oficiales, testimonios de trabajadores y documentos de organismos públicos evidencian que el modelo de producción adoptado incluía prácticas de servidumbre por deudas, violencia y sometimiento a condiciones degradantes, configurando el núcleo del trabajo esclavo contemporáneo”, detalló.
“Aunque la región amazónica estuviera marcada por la pobreza estructural, el daño aquí examinado no provino de la realidad social preexistente, sino de una conducta organizacional específica: reclutamiento de trabajadores en otras regiones, endeudamiento forzado a través de la cantina (el propio comercio del empleador), restricción a la libertad de movimiento, uso de coacción y violencia armada”, remarcó la sentencia judicial. “Tales prácticas no se confunden con la ‘realidad local’, sino que constituyen actos ilícitos concretos, constatados por testimonios y documentos oficiales”, remarcó.
Según el tribunal, los trabajadores eran seguidos de cerca por vigilantes armados, alojados en instalaciones precarias y carecían de suficiente alimentación o atención médica, sobre todo los enfermos de malaria. José Pereira, uno de los trabajadores contratados en esa época para talar la selva en los terrenos, declaró en 2022 a la cadena pública alemana ARD que los empleados contraían deudas con las personas que los contrataban y que los abusos eran generalizados. “Si alguien intentaba escapar, los guardias iban tras ellos y les disparaban”, relató Pereira. “Golpeaban a quienes habían escapado. En la calle, en las chozas, todos lo veían”.
Volkswagen apelará
Tras la decisión Judicial, la automotora alemana manifestó en un comunicado que su filial brasileña “continuará defendiéndose en tribunales de mayor instancia en búsqueda de justicia y seguridad jurídica”. “Con un legado de 72 años, la empresa sostiene consistentemente los principios de dignidad humana y cumple estrictamente con todas las leyes y regulaciones laborales aplicables”, agregó.
En 2020, la multinacional alemana firmó un acuerdo judicial con el Ministerio Público, un Acuerdo de Ajuste de Conducta (AAC), reconociendo sus acciones de apoyo a la dictadura militar y violaciones de derechos humanos. Mediante dicho acuerdo, la empresa destinó 16,8 millones de reales a la Asociación de Trabajadores de Volkswagen. La mayor parte de los fondos se destinó a exempleados que denunciaron haber sufrido violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar, o a sus sucesores legales, informó el medio brasileño UOL.
Contexto dictatorial
Volkswagen opera en Brasil desde la década de 1950, período de industrialización nacional y del inicio de la producción de vehículos en el país. La última dictadura en Brasil comenzó en 1964, tras un golpe militar que derrocó al presidente João Goulart. El golpe fue apoyado por sectores empresariales, la Iglesia, la prensa tradicional y el gobierno de Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría. Los militares justificaron la intervención con el argumento de frenar el “avance comunista”, aunque en realidad buscaban frenar reformas sociales y laborales que afectaban intereses económicos poderosos. A partir de ese momento, el país quedó bajo control de una serie de gobiernos autoritarios.
El régimen se caracterizó por la supresión de libertades políticas y civiles, la disolución de partidos, la censura a la prensa y la persecución de opositores. Muchos militantes, sindicalistas, artistas y estudiantes fueron encarcelados, torturados o asesinados. La represión se intensificó con el Acto Institucional Nº 5 (1968), que otorgó poderes absolutos al Ejecutivo, disolvió el Congreso y limitó al máximo las libertades democráticas. La vigilancia y el miedo se convirtieron en parte de la vida cotidiana.
Al mismo tiempo, los militares promovieron un modelo económico desarrollista que generó un “milagro brasileño” en los años setenta, con fuerte crecimiento del PBI, pero basado en endeudamiento externo, concentración de riqueza y explotación laboral. La crisis económica de comienzos de los ochenta, sumada a la presión social de movimientos sindicales y de derechos humanos, debilitó al régimen. Finalmente, la dictadura terminó en 1985, con la elección indirecta de Tancredo Neves y la transición hacia la democracia, aunque muchas heridas y reclamos de justicia permanecen abiertas hasta la actualidad.
Cortesía de Página 12
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