La Corte Suprema de Brasil notificó este miércoles al expresidente Jair Bolsonaro y a otros 33 sospechosos de la denuncia formulada en su contra por la Fiscalía General por una supuesta conspiración para un golpe de Estado y emplazó a sus abogados a manifestarse en un plazo de 15 días. El juez Alexandre de Moraes, relator del proceso, decidió suspender el secreto judicial que pesaba sobre la confesión del teniente coronel Mauro Cid, exedecán de Bolsonaro y cuyo testimonio ha sido considerado clave para develar la trama golpista contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Un intento de golpe que empezó en 2021
Según la denuncia, Bolsonaro se rodeó del núcleo duro de su gobierno y de militares de alto rango, como el excomandante de la Marina Almir Garnier Santos, para poner en marcha “un plan criminal” con fines golpistas. El complot empezó a fraguarse en 2021, cuando la Corte Suprema anuló las condenas por corrupción a Lula, lo que le permitió recuperar sus derechos políticos y poder presentarse a las elecciones de 2022, en las que venció a Bolsonaro.
Con su derrota en las urnas, Bolsonaro buscó “encontrar una forma de convencer a las Fuerzas Armadas a adherirse al golpe”, según la declaración de su antiguo ayudante personal, el teniente coronel Mauro Cid. El supuesto golpe incluía decretar el estado de sitio, anular las elecciones y establecer “un nuevo orden”. Según Cid, Bolsonaro participó en la redacción de un borrador de decreto para hacer realidad ese escenario e incluso se lo presentó a la cúpula militar en diciembre de 2022.
La Fiscalía sostiene que los acusados buscaron “neutralizar” la Corte Suprema y evaluaron “el uso de armas bélicas” contra el juez Alexandre de Moraes y “la muerte por envenenamiento” de Lula. Además los imputados querían “el control total sobre los tres poderes” y establecer un “gabinete central” con la intención de “organizar un nuevo orden” sin Lula en el poder. Para conseguirlo pretendían crear un ambiente de “conmoción social capaz de arrastrar al Alto Comando del Ejército a la aventura del golpe”, lo que finalmente no ocurrió.
Hubo un último intento desesperado el 8 de enero de 2023, con Lula ya en el poder, cuando miles de manifestantes de extrema derecha invadieron de forma violenta las sedes de la Presidencia, el Supremo y el Parlamento. Por ese episodio la Corte condenó ya a cerca de 400 personas por delitos similares a los que puede enfrentar Bolsonaro.
La imputación, basada en una investigación de la policía de más de dos años, queda ahora en manos de la Corte Suprema. El juez a cargo, Alexandre de Moraes, debe abrir un plazo para que la defensa plantee posibles cuestionamientos, antes de analizar los argumentos de las partes. Luego el máximo tribunal determinará si los imputados pasarán a ser juzgados. Expertos legales esperan que Bolsonaro lleve adelante el proceso en libertad.
La abogada Eloísa Machado, profesora de Derecho en la Fundación Getulio Vargas (FGV), afirmó que la Corte tiene “capacidad institucional” suficiente para juzgar el caso en este 2025. La especialista considera que la denuncia trae indicios “de sobra” que incriminan a Bolsonaro. “La denuncia es muy consistente y detalla el propósito de mantener a Bolsonaro en el poder a cualquier costo”, analizó Machado.
La floja defensa de Bolsonaro
Bolsonaro acusó este miércoles a las autoridades brasileñas de imponer un “régimen autoritario” comparable, según dijo, al que viven Venezuela y Nicaragua. “El truco de acusar a líderes de la oposición democrática no es algo nuevo: todo régimen autoritario, en sus ansias por el poder, precisa fabricar enemigos internos para justificar persecuciones, censuras y prisiones arbitrarias”, afirmó el exmandatario en sus redes sociales.
Además Bolsonaro dijo que el mundo “está atento” a lo que pasa en Brasil y selló su mensaje afirmando que “la libertad va a triunfar una vez más”. Hasta ahora el exjefe de Estado solo se había pronunciado a través de su abogado Paulo Cunha Bueno en una nota en la que calificó la denuncia de “inepta”, “incoherente” y “fantasiosa”. Por su parte Lula recordó en una rueda de prensa junto al primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, de visita oficial en Brasil, que Bolsonaro tiene “derecho a la presunción de inocencia”, pero si es culpable deberá “pagar por sus errores”.
La policía ya recomendó inculpar a Bolsonaro en otros dos casos: por obtener un certificado de vacuna anticovid fraudulento y desviar artículos de lujo recibidos como obsequios cuando era presidente. Además en junio de 2023 fue condenado por la justicia electoral, que lo inhabilitó para ser candidato en las presidenciales de 2026 por cuestionar sin pruebas las urnas electrónicas de votación. Pese a ello, el líder de ultraderecha reiteró su intención de concurrir a esa contienda y confía en que el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien considera su “amigo”, lo ayude a revertir la inhabilitación.
Cortesía de Página 12
Dejanos un comentario: