Una de las tareas prioritarias del magistrado Benjamín Rubio Chávez como director del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) es acercar a los asesores jurídicos y defensores públicos a comunidades indígenas, además que busca reactivar el proyecto para tener un laboratorio de ciencias forenses.
En entrevista con El Heraldo de México, a poco más de un mes de entrar en funciones, Rubio Chávez habló de los retos para el IFDP, de los cambios que se realizan al interior para estar más cerca de la ciudadanía, de los programas que fueron creados en administraciones anteriores y que permanecerán, así como de la reforma a la Ley de Amparo y de los problemas que enfrentan las defensorías locales. El magistrado señaló que la mayoría de los defensores públicos federales están en las ciudades, por lo que se requiere brindar más servicios en zonas alejadas. A través de jornadas itinerantes, el personal del IFDP podrá dar a conocer sus servicios y recibir casos.
“El 17 de octubre, digamos, damos un primer paso. En Hidalgo precisamente hacemos una desconcentración de un asesor para llevarlo a un municipio que se llama Huejutla, Hidalgo, que está en la Huasteca Potosina, donde principalmente su población es indígena, náhuatl y estamos ahí acercando a un asesor jurídico y a un oficial administrativo de la región para poder comenzar, digamos, dar nuestros primeros pasos en una asesoría mixta intercultural”, explicó.
Dijo que el número de asesores jurídicos y defensores públicos, que son 356 y 870, respectivamente, son suficientes para atender la demanda que tiene el IFDP, por lo que no se requiere ampliar este personal. Entre el 16 de noviembre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, el IFDP recibió 32 mil 159 casos para brindar defensa penal y 33 mil 413 de asesoría jurídica.
Créditos: Daniel Ojeda
Buscan laboratorio de ciencias forenses en el IFDP
Rubio Chávez adelantó que solicitará al Órgano de Administración Judicial (OAJ) que se reactive el proyecto para que el IFDP cuente con un laboratorio de ciencias forenses, pues actualmente tiene un área con 60 peritos de 37 especialidades, que da más de 25 mil servicios, y se requiere un espacio más grande.
Esta propuesta la realizó también Netzaí Sandoval cuando encabezó el IFDP y señaló en 2022, en entrevista con este diario, que se tenía previsto utilizar para este laboratorio un inmueble del entonces Consejo de la Judicatura Federal en Tlalnepantla, que estaba abandonado y fue utilizado para tribunales. Cuestionado al respecto, Rubio Chávez aseguró que ese inmueble sigue desocupado, por lo que puede ser una buena opción, pero eso lo decidirá el OAJ.
“Efectivamente vamos a reactivar el proyecto porque es algo que quedó inconcluso. Es una gran idea que puede auxiliar bastante a nuestros defensores, asesores, en los juicios”, indicó.
Créditos: Archivo El Heraldo de México
El magistrado aseguró que durante su administración permanecerán programas como el de representación jurídica a mujeres privadas de su libertad y a familiares de víctimas de feminicidio, incluso, se busca ampliar esta ayuda a menores de edad que han sufrido violencia sexual.
Taissia Cruz Parcero, la anterior directora del Instituto, planteó la necesidad de crear una Ley General de Defensoría Pública para homologar protocolos de atención y sobre este tema, el magistrado dijo estar de acuerdo en que se cree una sola Defensoría, que atienda asuntos federales y locales.
“Hoy en día esta forma de que tenemos defensorías públicas locales, federales, más procuradurías hace que tenga que tener mucha movilidad a efecto de poder recibir un servicio y obviamente puede generar también molestia porque si llega a algún lugar y le dice (al interesado): “sabes que, no soy competente, es en otro (lugar)”, pues obviamente pierde un día de trabajo, pierde dinero por pasajes y genera molestia”, destacó.
Coincidió con Cruz Parcero en que las defensorías estatales están colapsadas por la carga de trabajo. El magistrado consideró necesaria la reforma a la Ley de Amparo y destacó algunos aspectos.
“Yo encuentro algo muy bueno, donde nos obligan o donde obligan a los jueces, más bien, obligan a los jueces a estudiar todos los puntos necesarios que se deben de analizar en la medida cautelar, entre ellas, la apariencia del buen derecho, que creo que siempre era como una omisión de juzgadores el no hacerlo”, explicó.
¿A ustedes como Defensoría Pública no les afecta?, se le cuestionó.
“En las defensas, posiblemente, pero obviamente, aquí los asesores o defensores tendrán, si afecta o es violatoria de alguna norma constitucional, lo que tenemos que hacer valer a través de los recursos correspondientes porque ahí es donde nosotros, si nos llega a afectar una norma de este momento o de antes, pues tenemos que hacerlo valer a través de amparo contra leyes”, señaló.
LA
Cortesía de El Heraldo de México
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