Por Argenis Esquipulas
Yajalón, Chiapas.-La detención de Joaquín Flores Hernández, alias “El Chorizo”, ha cimbrado al municipio de Yajalón y sus alrededores. No se trata de un caso cualquiera: el detenido no sólo es acusado de delitos de alto impacto, como homicidio, extorsión y participación en crimen organizado, sino que además es cuñado y antiguo colaborador cercano del diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Manuel Utrilla Constantino, mejor conocido como “El Elote”.
El operativo
Que culminó con su aprehensión fue ejecutado por fuerzas estatales y federales, quienes lo sorprendieron mientras se encontraba acompañado de su esposa —hermana del legislador— y otras dos personas. Según el reporte oficial, el grupo amenazó de muerte a policías municipales de Chilón, en un hecho que refleja el nivel de intimidación que aún ejercía Flores Hernández en la región.
La detención del llamado “Chorizo” marca un punto de inflexión en la política local, al desnudar la complicidad entre actores políticos y estructuras delictivas que durante años operaron con aparente impunidad en la zona norte de Chiapas.
Joaquín Flores
Arrastra consigo un historial oscuro. En mayo de 2019 fue detenido por la Policía Federal, acusado de participar en la ejecución de cinco campesinos de la comunidad La Aurora Bahuitz, quienes fueron emboscados cuando se dirigían a manifestarse contra abusos de poder y conflictos agrarios.
Además, su nombre ha sido mencionado en varias ocasiones en las investigaciones por el asesinato del periodista Mario Gómez Sánchez, ejecutado en septiembre de 2018 a las puertas de su casa en Yajalón. Gómez había documentado amenazas, corrupción e impunidad en la administración municipal que encabezaba entonces Juan Manuel Utrilla. En ese periodo, “El Chorizo” fungía como jefe de escoltas del alcalde y su cuñado, lo que refuerza los señalamientos sobre su cercanía con el poder y su posible participación en actos represivos.
La captura
De Joaquín Flores Hernández no sólo pone bajo la lupa su historial delictivo, sino que exhibe una red más amplia de relaciones de poder, violencia y protección institucional. La figura de “El Elote”, actual legislador del PVEM y dos veces alcalde de Yajalón, es central en este entramado.
Fuentes locales aseguran que Utrilla Constantino se mantiene resguardado por una docena de escoltas, incluso dentro del Congreso del Estado. En su residencia privada, donde solía estar fuertemente custodiado por hombres armados, vecinos reportan que ha permanecido ausente desde hace al menos cinco días.
Organizaciones y habitantes de la región exigen que el caso no se limite a la detención de “El Chorizo”. “No queremos más narco-gobiernos”, declararon en un video hombres y mujeres encapuchados que se identificaron como parte del EZLN, y quienes responsabilizan a Joaquín Flores de secuestros y actos violentos cometidos en Tila por un grupo criminal conocido como “El Karma”.
En esa misma grabación
Difundida a finales de marzo, los denunciantes señalaron que “El Chorizo” lidera dicha organización criminal y exigieron también la detención de Utrilla Constantino, al que acusaron de ser cómplice del despojo y la violencia en sus comunidades.
El poder del apellido Utrilla no se limita a Juan Manuel. Actualmente, el municipio de Yajalón es gobernado por Juan Alberto Utrilla López, primo hermano del legislador, también militante del PVEM. Esta continuidad política familiar, en un contexto de denuncias por vínculos con el crimen organizado, deja en evidencia cómo se han consolidado cacicazgos que combinan poder político, control territorial y relaciones con estructuras delictivas.
Por si fuera poco, “El Karma”—la organización señalada como brazo armado de esta red— ha sido vinculada con desapariciones forzadas, cobro de piso y control armado en comunidades de la región.
La detención
De Joaquín Flores Hernández abre una oportunidad para que las autoridades estatales y federales desmonten una estructura criminal con ramificaciones políticas profundas. Sin embargo, el temor persiste entre las víctimas y los testigos: policías amenazados de muerte, periodistas asesinados, y pobladores desplazados por la violencia siguen esperando justicia en una región donde el silencio ha sido la norma.
Organizaciones civiles, colectivos de víctimas y comunidades indígenas han comenzado a alzar la voz para exigir el esclarecimiento total de los crímenes en los que se involucra a “El Chorizo” y la rendición de cuentas de quienes lo protegieron desde las estructuras del poder.
La pregunta que ahora resuena en Chiapas es: ¿hasta dónde llegarán las investigaciones?, ¿caerá también “El Elote” o será otro capítulo más donde el crimen y la política se dan la mano mientras la justicia permanece ausente?
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