En plena ofensiva de Donald Trump contra los migrantes, California se ha consolidado como el bastión más firme de resistencia. Con más de 4 millones de mexicanos nacidos en México y millones más de origen mexicano, el estado no solo desafía abiertamente las políticas antiinmigrantes de Washington, sino que se ha convertido, de facto, en un aliado estratégico para México. Hoy, mientras nuestros connacionales enfrentan redadas, recortes y criminalización, los mexicanos debemos reconocer —y respaldar— ese esfuerzo.
Las redadas migratorias de 2025 han generado un clima de terror entre los 1.16 millones de mexicanos indocumentados que viven en California. Solo el viernes pasado, ICE detuvo al menos a 11 mexicanos en el Distrito de la Moda de Los Ángeles. Y se estima, de forma extraoficial, que más de 2,000 connacionales han sido detenidos este año en el estado, muchos de ellos sin justificación clara.
En Boyle Heights, niños viven con el miedo constante de que sus padres no regresen del trabajo. En Oxnard, las redadas han dejado a menores sin cuidado parental. En el Valle Central, las cosechas se pierden por falta de jornaleros: tras una operación de ICE en Bakersfield, el 75% de los trabajadores agrícolas no se presentó a laborar. Esta realidad no es anecdótica, es estructural. Los mexicanos siguen siendo la columna vertebral de sectores clave como la agricultura, y sin ellos, California se tambalea.
A la persecución migratoria se suma ahora una estrategia de castigo económico. Trump ha amenazado con recortar fondos federales a California por no alinearse con su agenda. Entre las medidas propuestas:
Recorte a la ayuda por desastres: Tras incendios que destruyeron 16,000 viviendas, Trump insinuó condicionar la asistencia federal a cambios en las leyes electorales.
Golpe a programas sociales: Se proyectan recortes a la Sección 8 y a Medi-Cal, que afectan principalmente a familias mexicanas de bajos ingresos.
Aranceles punitivos: Ha impuesto tarifas del 10% que ya han generado pérdidas estimadas en hasta 16 mil millones de dólares, afectando directamente a productores mexicanos y consumidores latinos.
Estas medidas buscan disciplinar a un estado rebelde, pero terminan castigando a quienes menos culpa tienen: los migrantes que sostienen su economía.
Frente a esta embestida, el gobernador Gavin Newsom ha respondido con decisión. Ha impugnado legalmente las tarifas de Trump —y ha ganado parcialmente el proceso—, ha reforzado el carácter santuario del estado y ha destinado 50 millones de dólares para la defensa legal de inmigrantes, de los cuales 25 millones se canalizaron a organizaciones civiles.
Además, propuso una medida simbólicamente poderosa: retener los 80 mil millones de dólares que California aporta al fisco federal por encima de lo que recibe. Aunque legalmente poco viable, esta respuesta envía un mensaje claro: la cuarta economía del mundo no se doblega con facilidad.
Sin embargo, Newsom no es inmune a la crítica de las propias comunidades mexicanas. Su propuesta de congelar nuevas inscripciones de personas indocumentadas a Medi-Cal ha sido recibida con preocupación por activistas y defensores de derechos humanos. La solidaridad, argumentan, no puede ser selectiva.
California no es solo un refugio: es resistencia organizada. Su lucha tiene profundas implicaciones binacionales. Los mexicanos debemos reconocer a este estado como un aliado estratégico, más allá de la diplomacia protocolaria.
Hoy, nuestros connacionales enfrentan una política federal que los persigue y un estado que los protege. Se trata de un hecho inédito en la relación bilateral, y también de una señal clara: los mexicanos, dentro y fuera del territorio nacional, ya no pueden ser invisibles. Es hora de actuar a su lado.
Cortesía de El Informador
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