Entre de las quejas recurrentes de los millones de usuarios de tarjetas de crédito y débito están las cláusulas abusivas que imponen algunas instituciones financieras y tiendas comerciales para poder hacer uso de ellas. Todo indica que estas malas prácticas quedarán atrás, luego de que se avalaran medidas para prohibir el envío de plásticos no solicitados y garantizar su cancelación de forma rápida y sin penalizaciones.
La Cámara de Diputados aprobó -por unanimidad- la iniciativa del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, que busca acabar con estas acciones indebidas que cometen algunas entidades financieras.
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“Estas nuevas normas son indispensables para proteger a las personas usuarias. Es muy común que se reciban tarjetas sin solicitarlas, es muy común que se reciba publicidad sin pedirla. Lo que estamos haciendo es proteger a los usuarios extendiendo sus derechos”, comentó el legislador.
¿Qué cambios se aprobaron?
La propuesta considera siete disposiciones a tomar en cuenta:
1.- Cancelación rápida. Las entidades financieras deberán permitir que el usuario cancele su tarjeta de crédito o débito de forma presencial, telefónica o digital. En el último caso, deberá ser incluido en las aplicaciones móviles, banca en línea y portales web oficiales un botón visible y de acceso directo para hacerlo, el cual debe estar disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
De acuerdo con la iniciativa aprobada, al momento en que la persona usuaria solicite la cancelación, el banco o cualquier entidad emisora deberá realizar, de manera inmediata, un bloqueo preventivo, entendido como la suspensión temporal de toda transacción o cargo asociado la tarjeta, con el fin de evitar operaciones mientras se formaliza la baja definitiva del contrato o medio de disposición.
Monreal destacó que en Estados Unidos basta una llamada telefónica para que se considere cancelada una tarjeta de crédito, mientras que, en el caso de México, primero tienes que hacerlo presencialmente en la mayoría de los casos y te aplican tardanzas a propósito para que te canses y ya no insistas en darla de baja.
2.- Plazos definidos. La cancelación de tarjetas de crédito o débito deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la solicitud del usuario, sin costo alguno, prohibiéndose cualquier cargo, comisión o penalización asociada al proceso, lo cual quedará debidamente formalizado mediante prueba digital o física que certifique la terminación del contrato.
3.- No a plásticos sin solicitud de por medio. Queda nula la emisión de tarjetas de crédito o débito cuando no exista consentimiento expreso del usuario, es decir, que no la haya solicitado. En este caso, no es necesario que la persona cancele la tarjeta en cuestión.
4.- Sin gastos adicionales. Tampoco podrán generarse cargos por anualidad, comisiones y otros conceptos asociados a la tarjeta de crédito o débito, además de que el historial crediticio, comportamiento de pago o su falta de uso no podrá tener efectos ni ser reportada a sociedades de información crediticia como Buró de Crédito.
Monreal comentó que se busca que el usuario pueda avisar a la sucursal que él no solicitó la tarjeta, que no la acepta y, por tanto, no se pueden aplicar ni anualidades, penalidades o comisiones que el usuario pague indebidamente y menos que te ubiquen en el Buró de Crédito.
En caso de que esto no se respete, las entidades financieras estarán obligadas a reembolsar los cargos indebidos, en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir del reporte.
5.- Sin tarifas extra. Las entidades financieras y comerciales no puedan cobrar comisiones por el otorgamiento de servicios financieros, seguros, membresías o beneficios adicionales no autorizados previamente en el contrato de adhesión o sin el consentimiento expreso del usuario.
6.- Comisiones deben ser aprobadas. Tratándose de créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a una tarjeta y créditos personales, las entidades financieras documentarán por escrito las referidas operaciones en los formularios que contengan las solicitudes que utilicen para contratar con sus clientes, en estos términos. Monreal propuso que no se podrá generar ningún cargo o comisión del producto financiero sin que se acredite el consentimiento expreso del usuario.
7.- Transparencia. Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deben garantizar que toda información relativa a costos, cargos y comisiones asociados al producto sea clara, veraz y suficiente, de conformidad con los principios de transparencia, buena fe y protección al usuario.
Queda prohibida toda oferta, promoción o mensaje que, de manera directa o indirecta, induzca al usuario a considerar que estos instrumentos carecen de costos, cuando estos generen comisiones, anualidades, cargos adicionales o cualquier otra contraprestación económicа.
Panorama
El legislador destacó que es una cantidad “enorme” de personas que tiene una tarjeta de crédito y débito. En la iniciativa señala que, al cierre de 2024, 37 millones de tarjetas de crédito circularon en el país, con un saldo de portafolio de financiamiento de 637,000 millones de pesos, un incremento de 8.5% respecto a 2023. Las instituciones con mayor participación en el mercado fueron BBVA y Banamex, con 10 millones de tarjetas.
En torno a las cuentas de captación relativas al ahorro (débito), en 2024, 30% de las personas con este producto lo señaló como una derivación de su nómina, 23% de una cuenta de ahorro y 18% como el medio para recibir un apoyo de gobierno.
Aunque el marco normativo reconoce el derecho de las personas usuarias a dar por terminado su contrato en cualquier momento, la iniciativa aprobada señala que, en la práctica, este principio de libertad contractual enfrenta serias limitaciones.
El problema se manifiesta en dos direcciones. Por un lado, la desadherencia contractual: muchas entidades financieras y comerciales exigen trámites presenciales innecesarios, imponen requisitos ambiguos o generan demoras injustificadas que convierten la cancelación en un procedimiento complejo y desgastante.
Por otro lado, la adherencia sin voluntad: proliferan prácticas de emisión de tarjetas de crédito sin solicitud expresa, a menudo bajo promociones o mecanismos poco claros que inducen al error y comprometen a los usuarios sin un consentimiento válido.
¿Cuándo entran en vigor los cambios?
La Cámara de Diputados aprobó, con la unanimidad de 467 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros en materia de cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito emitidas por entidades financieras y comerciales. Fue enviada al Senado para sus efectos constitucionales
Según la iniciativa aprobada, entrará en vigor a los 30 días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Las entidades contarán con un plazo máximo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones operativas, tecnológicas y contractuales necesarias a fin de dar cumplimiento a lo establecido
Escribe a [email protected]
Cortesía de El Economista
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