El populismo del siglo XXI nos plantea varias interrogantes sobre las que debemos meditar. La cuestión es crucial, no solo porque este fenómeno político está, por así decirlo, de moda en el mundo, sino porque el régimen que nos gobierna es parte de esta tendencia geopolítica.
Quien quiera entender la conducta del Gobierno actual no debe solo mirar al pasado mexicano, sino también a lo que distingue el momento actual en el planeta.
Alguna vez dije que López Obrador era un hombre de su tiempo. Lo mismo se puede decir de su sucesora. Ellos dos forman parte de una tendencia planetaria cuya principal característica es desmantelar la democracia liberal.
Su propuesta implica liquidar las instituciones republicanas que permiten dividir el poder para que este no sea tiránico. Se podría decir que existe ya todo un repertorio para realizar esto: una serie de instrumentos y medidas que todos estos movimientos ponen en práctica como si se hubieran puesto de acuerdo. Lo asombroso es que el populismo autoritario funciona bien, aunque quienes lo ponen en práctica no se hayan puesto de acuerdo.
Benjamin Netanyahu en Israel no necesita haber hablado o consultado a Viktor Orbán en Hungría para asaltar al Poder Judicial. Pero los dos lo han hecho. Y esto es solo un ejemplo.
Parte de la idea de estos populismos -tanto los de la izquierda como los de la derecha- es entronizar a un líder que funda su poder en el supuesto apoyo del “pueblo” y que, por ello, no tiene que rendir cuentas. Su poder aspira a ser absoluto. Esta práctica no ocurre sin una teoría que lo sustente.
Una serie de intelectuales, académicos y jurisconsultos han tratado de justificar ideológicamente tal planteamiento.
En Estados Unidos, el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, o el profesor Alan Dershowitz han defendido públicamente la idea de que la autoridad del Presidente Donald Trump está por encima de la ley. El de ellos no es un caso aislado. Con cada vez más frecuencia y con mayor asiduidad se defiende, en los medios y en la academia, la idea de la soberanía absoluta del poder Ejecutivo, que se justifica por el apoyo popular. El problema es que ya no solo se justifica el poder autocrático de un solo hombre por razones que tienen que ver con la democracia popular, sino por razones de conveniencia económica y política. Hay un regreso en el mundo al argumento expuesto por Carl Schmitt durante el tiempo en que la Alemania nazi existió.
Razones de eficiencia económica y de capacidad para tomar decisiones se han esgrimido para acreditar la necesidad de debilitar a los poderes Legislativo y Judicial.
En México estos dos poderes son hoy más frágiles que nunca. En el caso del Poder Judicial, tanto la Suprema Corte de Justicia como las personas juzgadoras a nivel federal ya no tienen el más mínimo incentivo para disentir del Ejecutivo. En el caso del Congreso, las mayorías obradoristas han dejado de verdaderamente discutir las iniciativas del Ejecutivo, a las cuales ofrecen un endoso acrítico.
Si no en la teoría, sí en la práctica el régimen que gobierna México está de acuerdo con la idea del poder absoluto del Ejecutivo. Por ahora todavía lo justifican a partir del supuesto apoyo popular. Quizás muy pronto den el salto cualitativo y decidan jurar sobre un libro de Carl Schmitt.
Twitter: @gdehoyoswalther
Cortesía de El Informador
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