Luego de que el panel laboral, activado en el marco del T-MEC, resolvió a favor de Estados Unidos la queja por denegación de derechos en un call center de Atento, el Gobierno de México externó su desacuerdo con la resolución y expuso que las medidas de reparación se apegaron a la legislación local y los compromisos internacionales asumidos por el país.
En un comunicado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y la de Economía (SE) consideraron que el panel no analizó todos los argumentos presentados por el Gobierno de México, incluyendo una objeción jurisdiccional.
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“Introdujo argumentos no planteados por las partes; y no abordó de manera integral ciertos elementos fundamentales, como la asignación de la carga de la prueba conforme a las Reglas de Procedimiento, la interpretación del Tratado conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la valoración de los resultados de la revisión interna realizada por la STPS, la pertinencia de las medidas de reparación realizadas, entre otros”, señalaron las dependencias.
Entre abril del 2024 y enero del 2025, la STPS coordinó seis mesas de diálogo entre Atento y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), quien presentó la queja ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
“Lamentablemente, las mesas de diálogo se vieron interrumpidas por la instauración del Panel. No obstante, a partir del fallo del Panel, las mesas se reanudaron, el 13 de agosto pasado, en la que las partes se comprometieron a mantener el diálogo”, informaron la STPS y la SE.
Sin embargo, las Secretaría reiteraron el compromiso gubernamental por “el respeto y cumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras mexicanas” y también con los compromisos internacionales asumidos, “preservando su soberanía para atender y resolver sus asuntos internos”.
¿Qué pasó con Atento?
En noviembre del 2023, el STRM presentó una queja ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos para la activación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR). El sindicato acusaba de violaciones a derechos colectivos de trabajadores en un centro en Pachuca, Hidalgo, entre esos incumplimientos se encontraban acciones de interferencia patronal en vida sindical y despidos de empleados que intentaron asociarse.
El gobierno mexicano aceptó la queja en el marco del MLRR e inició una investigación. Entre las medidas que tomó la empresa se encontraban una carta compromiso de neutralidad en asuntos sindicales, lineamientos de conducta, capacitación para todo el personal y facilidad para que la STPS brindara formación al equipo directivo y de Recursos Humanos en derechos colectivos y no discriminación.
Pero el gobierno estadounidense consideró que no fueron suficientes estas acciones y solicitó la instalación de un panel laboral.
Cortesía de El Economista
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