El informe de avance trimestral de las finanzas de la Ciudad de México en los primeros nueve meses del año subraya la fortaleza de los ingresos. Destaca la recaudación de los impuestos predial y sobre nómina, aumentos anuales de 18.3% y 28.3% en términos reales, respectivamente, y de los no tributarios, 14.7 por ciento.
Efectivamente, el aumento de los ingresos tributarios fue muy elevado, ya que el crecimiento del PIB de la entidad debió ser de sólo un 2.5%. En los no tributarios —que no dependen del PIB— destaca el crecimiento de las multas de tránsito, 36.1%, y “otros no especificados”, 147 por ciento.
En el mismo período, el gasto público programable (el diferente a intereses de la deuda) ejercido de la CDMX cayó 9.8% en términos reales respecto a un año antes; la inversión se redujo 55 por ciento.
En lo funcional, destacan incrementos notables en seguridad pública (10% real) y Salud (4.4%) y reducciones en Educación (-29%), vivienda y servicios (-20%), protección ambiental (-9%) y Transporte (-29%).
El resultado fiscal al tercer trimestre arroja una reducción de la deuda de la CDMX de 8% real respecto al cierre de 2024. Podría ser positivo, pero no es excesiva (menor al 3% del PIB).
Los ingresos del erario reflejan eficiencia en el cobro de contribuciones, que es en sí mismo valioso. Los contribuyentes pagaron el impuesto al patrimonio y al salario en mayor proporción que su actividad económica, y cuantiosas multas de tránsito. Pero la pregunta es: ¿a dónde se destinan esos recursos?
La ciudad sufre de una infraestructura deplorable, con descuidos añejos: falta de mantenimiento de las calles, con innumerables baches y arreglos de baja calidad, mal estado de las banquetas, fallas e inundaciones del metro, deficiencias del sistema hidráulico, pésimo estado del aeropuerto y de recolección de basura, entre muchos otros. Aunque el gobierno lo niegue y desvíe la atención de los ciudadanos, el descuido y el deterioro son visibles y evidentes a todas luces.
Además, hay deficiencias claras en los servicios y vigilancia, con la consecuente ilegalidad generalizada. Hace unos años, el gobierno de la CDMX (Sheinbaum) anunció un programa integral de mejoría del transporte, pero la inseguridad se mantiene e incrementa. Cientos de microbuses se pasan los altos, dan vueltas prohibidas, se paran donde sea por pasaje, sin luces al frente o atrás, con cobradores o “chalanes”, y alojan miles de robos. Las motocicletas no respetan el reglamento ni semáforos o sentidos. La seguridad de los peatones es precaria y los accidentes e incidentes en el metro persisten. Los camiones circulan donde está prohibido. La vía pública, invadida por la informalidad.
En amplias zonas la autoridad virtualmente se ha cedido a quienes cobran las multas solamente, descuidando así las reglas de estacionamiento en su ausencia, además del orden en el tránsito y en los cruces importantes de calles.
Se reportan menos homicidios que en el pasado, pero se han sustituido por desapariciones, y la extorsión es abundante.
En conclusión, la fortaleza de la recaudación es una virtud siempre y cuando resulte en servicios públicos para el ciudadano, con conservación y mejorías tangibles. Actualmente no es así. El gobierno cobra “bien”, pero no entrega los servicios, seguridad y legalidad que los contribuyentes pagan.
Cortesía de El Economista
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