Bajo la sombra de los llamados acordeones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyó con el análisis de más de 5,000 impugnaciones relacionadas con la elección de jueces, magistrados y ministros, cerrando así el primer proceso electoral del Poder Judicial del país.
Este jueves, tras resolver, a contrarreloj los últimos asuntos sobre los resultados de las elecciones judiciales que se llevaron a cabo el pasado 1 de junio, el máximo tribunal en materia electoral, entre otras cosas, dejó firme los triunfos de los 881 candidatos electos para ocupar algún cargo en el Poder Judicial de la Federación, a partir del próximo 1 de septiembre:
Nueve magistraturas que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación; dos magistraturas que integrarán la Sala Superior del TEPJF; 15 magistraturas para las salas electorales regionales; cinco personas que integrarán el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial; 464 magistraturas de Tribunales Colegiados de Circuito y 386 personas juzgadoras de Distrito.
Es de resaltar que tan sólo a nivel federal participaron 3,423 personas candidatas.
Al cerrar la elección judicial, la presidenta del TEPJF, la magistrada Mónica Soto Fregoso, dio a conocer que en total y a lo largo de todas las sesiones de resolución de este proceso electoral se resolvieron 5,561 asuntos, de los cuales 975 fueron en la etapa de resultados electorales.
“Este tribunal los escuchó, analizó de manera jurídica los planteamientos y resolvió acercando el derecho a las personas actoras en los juicios”, aseguró.
Incluso, sostuvo que cada semana las magistraturas se dieron cita para resolver todos los medios de impugnación que fueron puestos a su consideración, a pesar de que la exposición de sus puntos de vista jurídicos dio lugar, en ocasiones, a la unanimidad y en otros al disenso.
“Compartimos criterios, análisis y posturas coincidentes y también diferentes, situación que enriqueció el análisis (…) Esta Sala Superior ha dejado y sentado precedentes en esta primera elección de personas juzgadoras”, consideró.
Por lo anterior, resaltó que “este día ponemos punto final y damos definitividad a los resultados de la votación”.
No sin antes defender los resultados de este tribunal, pues sostuvo que “llegamos este día de frente a la sociedad mexicana para que este pleno debata de manera pública, siempre buscando entre la diversidad de posturas jurídicas y de interpretación, la imposición del derecho sobre cualquier otra consideración o expectativa. Nuestro orden normativo debe prevalecer, el Estado de derecho, imperar, y la democracia prosperar y consolidarse”.
En este contexto, Mónica Soto también buscó reconocer el trabajo de todas las áreas del TEPJF, quienes, dijo, “hicieron el mejor y mayor esfuerzo para no claudicar en los esfuerzos de mantener en pie este Tribunal Electoral y resolver en tiempo y forma todos y cada uno de los medios de impugnación que se presentaron (…) no obstante no se estuviera de acuerdo en algunas de las circunstancias o de las condiciones que vivíamos en el contexto”.
Es de resaltar que a lo largo de este primer proceso electoral judicial, el Tribunal Electoral recibió fuertes críticas por muchas de sus resoluciones. La principal, el minimizar el uso de los acordeones durante las elecciones.
Y es que fueron diversas denuncias sobre la distribución sistemática y generalizada de ellos, lo cual habría beneficiado indebidamente a diversas candidaturas e impactó de manera determinante en los resultados electorales.
El bloque mayoritario integrado por la magistrada presidenta, Mónica Soto y los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, determinó en diversas ocasiones que no hay pruebas sobre el uso de estos materiales y mucho menos que hayan influido en la votación.
“¿Este quién lo hizo?, ¿en dónde se hizo?, ¿cuánto costó?, ¿quién lo repartió?, ¿en dónde se repartió? Porque también el proyecto señala que hubo intervención de actores fácticos, quiénes son, ¿tenemos los nombres? (…) no hay ninguna prueba plena (…) Son expresiones, señalamientos sin ninguna prueba de por qué son suficientes para anular una elección, no sabemos quién los hizo, cómo los hicieron, cuánto dinero”, expresó en su momento la magistrada presidenta Mónica Soto.
Es así que, una vez concluidas las etapas de revisión de este proceso electoral judicial por parte de las autoridades electorales, lo cual debía darse a más tardar este 28 de agosto, lo único que queda es la toma de protesta de las personas electas este 1 de septiembre en el Senado de la República.
Cortesía de El Economista
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