Claudia Sheinbaum manifestó su desacuerdo con la aprobación en el Senado de la reforma a la Ley de Amparo, que incluyó un artículo transitorio con efectos retroactivos. Recordó que la Constitución prohíbe esta práctica y subrayó que la iniciativa original enviada por su Gobierno no contemplaba esa disposición.
“Nosotros enviamos una iniciativa que no tenía este agregado. Primero hay que respetar la Constitución. Establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes, a menos que se cambie la Carta Magna”.
Insistió en que la reforma busca agilizar procesos y dar certeza en casos fiscales y financieros, no restringir derechos. Y cuestionó la pertinencia del transitorio: “No era necesario. Si la nueva ley aplica a partir de su entrada en vigor: ¿Para qué ponerlo?”.
Las reacciones no se hicieron esperar. El senador Clemente Castañeda (MC) celebró que “la Presidenta nos da la razón” y acusó que la reforma es “regresiva” y viola la Constitución. Su compañera de bancada, Alejandra Barrales, advirtió que las nuevas reglas afectarían a los juicios de amparo en curso, especialmente en materia fiscal.
Juristas y académicos coincidieron en señalar que la retroactividad es inconstitucional. Marcos del Rosario (ITESO) advirtió que afectaría gravemente a los justiciables. El especialista Arturo Zamora, recordó que el Artículo 14 constitucional establece el principio de irretroactividad y calificó de paradójico que una ley destinada a proteger a los ciudadanos los vulnere. Edoardo Ruiz Buenrostro (UdeG) explicó que los principales afectados serían quienes enfrentan congelamiento de cuentas. Y Luis Campos (Universidad Panamericana) criticó que se limite el interés legítimo colectivo, afectando a grupos sociales.
Organismos empresariales como Coparmex alertaron de un retroceso en la defensa de los derechos ciudadanos, aunque reconocen aspectos positivos como los juicios en línea y la reducción de tiempos.
En la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, reconoció que la redacción del Senado es violatoria de la Constitución y anticipó que buscará corregirla. El legislador Javier Corral reveló que advirtió a sus compañeros sobre la inconstitucionalidad del transitorio, pero no fue escuchado. Mientras tanto, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, coincidió en que la retroactividad es inconstitucional y confió en que la Cámara Baja corrija el texto.
Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, adelantó que votará en contra y exigió un parlamento abierto.
Califican de inconstitucional la retroactividad en Ley de Amparo
Expertos, integrantes de organizaciones civiles y juristas cuestionaron la nueva Ley de Amparo aprobada por el Senado de la República, al grado de calificarla como inconstitucional y violatoria, principalmente por incluir la retroactividad.
Marcos del Rosario, académico del ITESO, señaló que el cambio “iba dirigido hacia una persona”, en referencia al empresario Ricardo Salinas, con múltiples juicios fiscales vigentes. Consideró que la modificación es “inconstitucional”, pues el artículo 14 de la Constitución establece que “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.
“Si lo hacemos retroactivo, habría una afectación muy grave con relación a los justiciables que ya tenían iniciado un procedimiento de amparo”, apuntó.
En el mismo sentido, Anuar García, de Grupo SOS Capítulo Jalisco, calificó la nueva ley como “violatoria” y advirtió que impactará en los juicios de amparo actuales, estimados en 706 mil en todo el país.
“Sería violatoria de garantías y tendrían que modificar la Constitución, lo cual no está ocurriendo. Tendría un efecto para todos los juicios y traería una gran inseguridad jurídica para todos los mexicanos”, aseguró.
Luis Campos, académico de la Universidad Panamericana, explicó que ahora se deja de lado el interés legítimo colectivo, lo que limitaría el acceso de grupos sociales al amparo. “Aunque sea un tema que podría afectar a una colectividad, ahora la suspensión solo se va a encargar de aquella persona que acudió a reclamar ese acto, que le perjudica a él y que solo vincula a la persona que fue a reclamar en el amparo”, expuso.
Por su parte, Edoardo Ruiz Buenrostro, académico del CUCSH de la Universidad de Guadalajara, recordó que antes la medida permitía a la población beneficiarse de un juicio de amparo sin necesidad de ser directamente afectada.
“Podían intervenir obras públicas sin que les afectara. Ahora debe haber una afectación real, clara y concisa para que proceda el amparo”, indicó.
Cúpulas empresariales, en contra de la reforma
Organismos empresariales de Jalisco fijaron postura en contra de la nueva Ley de Amparo aprobada en el Senado de la República, al advertir que introduce la retroactividad en sus disposiciones y debilita la defensa de los ciudadanos frente a la autoridad. Industriales Jalisco y Coparmex señalaron que los cambios representan un retroceso, pues si bien dotan de mayor certidumbre a las instituciones, limitan los derechos colectivos e individuales y afectan la confianza jurídica.
Antonio Lancaster-Jones, presidente de Industriales Jalisco, subrayó que la reforma “disminuye mucho la posibilidad de que las organizaciones o la sociedad civil podamos hacer acciones colectivas, también nos deja mucho que desear entre el interés social y el individual y los requisitos para otorgar suspensiones”.
La Coparmex Jalisco coincidió en que la reforma vulnera la independencia judicial y la certeza que requieren las empresas para generar empleo. Entre los riesgos enlistaron la obligación de agotar recursos administrativos antes de acudir al amparo, incluso en casos urgentes como congelamiento de cuentas; la ampliación de facultades discrecionales del SAT y la UIF para imponer sanciones sin control judicial previo; así como la inseguridad jurídica ante el cumplimiento ambiguo de sentencias, lo que incrementará costos y riesgos económicos.
Cortesía de El Informador
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