La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de la justicia colombiana imputó este miércoles a cuatro generales retirados del Ejército, junto a otros 35 oficiales y suboficiales, por crímenes de guerra y lesa humanidad. La denuncia está relacionada a 442 asesinatos de civiles presentados como bajas de combate en el departamento de Antioquia entre 2004 y 2007, informó el tribunal.
Los afectados por la medida, expedida por la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP, son los ex oficiales Óscar Enrique González, Luis Roberto Pico, Jorge Ernesto Rodríguez y Juan Carlos Piza Gaviria, comandantes y jefes de operaciones de la Brigada IV en el período de los homicidios, según anunció la vicepresidenta de la sala, Catalina Diaz, en una rueda de prensa en Bogotá.
El tribunal también imputó a otros 25 oficiales y 10 suboficiales de seis batallones “por su liderazgo en la implementación de la política o por su participación determinante en la comisión de los crímenes”. También fueron implicados dos civiles que, en calidad de terceros, formaban parte de una “red criminal” dedicada a reclutar a las víctimas y entregarlas a los militares a cambio de dinero.
Para la JEP, los acusados “adoptaron la práctica sistemática de asesinar civiles indefensos, ajenos al conflicto armado” durante las operaciones en Antioquia, donde lideraron una política de facto de “conteo de cuerpos”.
Producir bajas
Uno de los episodios más oscuros del conflicto de Colombia fue causado por la política de “falsos positivos”, con la que el Ejército engañó y ejecutó a jóvenes inocentes para hacerlos pasar por bajas guerrilleras en combate. Este sistema permitió a muchos militares obtener ascensos y otros beneficios dentro de la institución, debido a su supuesto éxito en la lucha contra la guerrilla.
Según expuso Diaz, los cuatro generales imputados fueron “máximos responsables de liderar “la política de facto de conteo de cuerpos” que desató el “patrón macrocriminal” en el que, por lo menos, 442 personas fueron asesinadas y desaparecidas para ser presentadas como falsas bajas en combate en el departamento. También destacó que, por primera vez en una imputación de “falsos positivos”, se documentaron “actos de tortura contra las víctimas o sus familiares”.
“Ocurrió en 22 casos con 41 víctimas, especialmente campesinos del Oriente Antioqueño, que fueron arbitrariamente acusados (…) y torturados para que les entregaran información”, se lee en el auto de determinación.
Se estableció que, entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007 en Antioquia, ocurrieron al menos 270 hechos violentos con 442 víctimas, de las cuales solo ocho lograron sobrevivir. Dentro de estos casos, 26 fueron contra víctimas menores de edad. Además, se registraron 203 casos de desaparición forzada.
La JEP señaló que la narrativa impuesta por los mandos militares y transmitida a las tropas a través de programas radiales promovía la idea de que “el buen soldado era aquel que producía bajas“.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, subrayó que esta política de ejecuciones extrajudiciales estuvo dirigida contra sectores vulnerables de la población, como campesinos, disidencias de género, menores de edad, desempleados, personas con discapacidades o habitantes de la calle.
Recordó el caso del niño Eliécer de Jesús Manco Úsuga, un niño de 12 años asesinado en Dabeiba, al Occidente antioqueño, reportado falsamente como guerrillero muerto en combate. Su cuerpo fue recientemente entregado de forma digna a su familia, al igual que los restos de otras 14 víctimas de la región.
Consecuencias
Decenas de oficiales del Ejército detenidos y condenados por su participación en los asesinatos comparecieron ante la JEP en busca de penas más leves a las que les corresponderían en el sistema de justicia ordinaria.
La jurisdicción es parte del acuerdo de paz firmado en el 2016 con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y tiene facultades para imponer penas más leves a las ordinarias a cambios de verdad, justicia y reparación.
Los acusados tendrán treinta días hábiles para decidir si aceptan o no la imputación de cargos, momento en el que podrán entregar evidencia o argumentos que respalden sus afirmaciones. Si aceptan responsabilidad y colaboran con la verdad, pueden recibir penas de entre cinco y ocho años de restricción de la libertad, en condiciones especiales que no implican cárcel ordinaria. En caso de negarlos y ser hallados culpables podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel común, al ser procesados de forma ordinaria.
Esta es la séptima resolución dentro del Caso 03 de la JEP, que investiga los “falsos positivos” en Colombia. La indagación reveló que al menos 6.402 personas fueron asesinadas por el Ejército y reportadas falsamente como combatientes caídos. La JEP busca ahora determinar si hubo responsabilidades a nivel nacional para garantizar justicia a las víctimas y resolver la situación jurídica de más de 4.000 ex militares acogidos a esta jurisdicción especial.
Cortesía de Página 12
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