De acuerdo con el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la privación durante meses de alimentos y ayuda humanitaria en Gaza por parte de Israel, sumada a los bombardeos contra civiles e infraestructuras, constituyó un caso de “maltrato en masa” contra la población palestina y podría ser considerada como actos de tortura.
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El Comité contra la Tortura de la ONU denunció, a través de un informe sobre Israel, diversas formas de “castigo colectivo contra la población civil” en los Territorios Palestinos Ocupados. Asimismo, subrayó que en los controles de seguridad israelíes fueron frecuentes “el trato degradante y la violencia física”.
El Comité —que los días 11 y 12 de diciembre analizó el cumplimiento por parte de Israel de la Convención Internacional contra la Tortura— subrayó asimismo que este Estado aplica, de facto, una “política organizada y extendida” de tortura y maltrato a personas detenidas, intensificada especialmente tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
Crímenes de guerra
De acuerdo con lo señalado en septiembre por la Comisión Internacional Independiente de la ONU para Palestina, estas prácticas podrían ser consideradas crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y formar parte de las acciones delictivas que definen el genocidio.
A la vista de estas denuncias, el comité reclama a Israel el establecimiento de una comisión de investigación independiente e imparcial para que sean estudiadas y se juzgue a los presuntos perpetradores.
Se exige la entrada inmediata de toda la ayuda humanitaria
Sobre el “maltrato en masa” sufrido por la población gazatí en su conjunto debido a meses de bloqueo, el comité exige la entrada inmediata de toda la ayuda humanitaria necesaria en los territorios palestinos, así como de trabajadores y organismos como la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).
Israel ejerce castigo colectivo
Asimismo, resalta que Israel ejerce castigo colectivo mediante detenciones arbitrarias en masa, incluidas las de ancianos, personas con discapacidades y enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, niños y otras poblaciones vulnerables.
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El informe denuncia también que al menos 75 palestinos han muerto bajo custodia desde el inicio del conflicto en 2023, un periodo que ha coincidido con un marcado deterioro de las condiciones en los centros de detención, donde el 85 % de las personas privadas de libertad no tienen cargos en su contra o se encuentran en régimen de prisión preventiva.
En algunas de estas muertes bajo custodia, las autopsias han indicado signos de tortura y maltrato, incluidos casos de malnutrición y denegación de asistencia médica, aunque no en todos los casos los familiares han logrado la presencia de médicos independientes durante esos exámenes post mortem.
Violación de la ley humanitaria internacional
Por otro lado, el comité denunció que, desde el comienzo del conflicto, Israel ha negado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el acceso a detenidos, en violación de la ley humanitaria internacional.
Israel “debe garantizar que todas las violaciones de derechos humanos u otras infracciones cometidas en el contexto de la ocupación y del conflicto armado en Gaza, que en conjunto puedan constituir tortura u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, sean investigadas de manera inmediata, exhaustiva e imparcial por un organismo independiente”, concluyó el comité.
Al respecto, el grupo de expertos teme que los abusos de Israel se estén cometiendo en un clima de relativa impunidad, ya que este Estado ha sostenido que sus obligaciones con la convención, que ratificó en 1991, no se aplican en los territorios palestinos ni en tiempos de guerra.
Además, la investigación de muchas denuncias se retrasa en un sistema de supervisión fragmentado que provoca ineficiencias y confusión sobre jurisdicciones y competencias, lamenta el comité.
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AS
Cortesía de El Informador
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