Cómo la familia Eskenazi amasó su fortuna y generó polémicas cercanas al poder en Argentina (y un misterio en la disputa por las acciones de YPF)

En el registro de visitas a la residencia presidencial de Argentina, algo llamó la atención de los fiscales: el apellido Eskenazi aparecía una y otra vez.

En 2007 hubo 16 ingresos de miembros de esa familia la casa oficial, denominada Quinta de Olivos. Al año siguiente, 18 entradas más. En 2009, otras 22.

Quienes gobernaban el país entonces, y ocupaban la residencia, eran Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández (2007-2015).

La asiduidad de esas visitas que recibían los Kirchner y créditos por millonarios que obtuvieron de un banco de los Eskenazi en 2008 eran indicios de “los estrechos vínculos comerciales y personales” entre las familias, concluiría el fiscal Diego Luciani.

Luciani fue uno de los representantes del Ministerio Público en la causa que acabó con una condena a seis años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra Fernández por corrupción, confirmada por la Corte Suprema el mes pasado.

El juicio nunca se centró en los negocios de los Eskenazi, pero colocó a este apellido en medio de una trama de poder y dinero con ribetes de serie de TV.

Ahora, otro misterio tiene a los Eskenazi como protagonistas en una millonaria disputa por el control de acciones de la petrolera argentina YPF, que obtuvieron antes de su estatización.

Y resurge la pregunta de la Quinta de Olivos: ¿cómo llegó hasta aquí esta familia?

Los Eskenazi poseen el Grupo Petersen, un conjunto de empresas de diversas áreas: ingeniería y construcción, finanzas, agroindustria y servicios urbanos.

El responsable de la extraordinaria expansión del conglomerado a partir de una simple compañía constructora fue Enrique Eskenazi, quien murió en enero a los 99 años.

La lista Forbes de los argentinos más ricos ubicó a Eskenazi en el puesto 20 el año pasado, con una fortuna de US$1.150 millones —más del doble que en 2020 y superior a los US$950 millones atribuidos al astro del fútbol Lionel Messi.

Nacido en la ciudad argentina de Santa Fe, Eskenazi se recibió de ingeniero químico en Argentina y cursó estudios de posgrado en ingeniería de alimentos en Estados Unidos.

De retorno a su país, inició su carrera empresarial en Bunge y Born, entonces una gran corporación agroindustrial argentina.

En la década de 1980 pasó a trabajar en la constructora Petersen, Thiele & Cruz y, siendo su gerente, aprovechó un momento de crisis para comprar sus acciones.

Esa fue la primera gran adquisición de Eskenazi, a partir de la cual comenzaría a diversificar su cartera de negocios, aunque siempre mantuvo el nombre Petersen como insignia y un bajo perfil para su apellido.

La incursión en el área financiera lo acercó a Kirchner cuando este político, siendo gobernador de Santa Cruz en la década de 1990, privatizó el banco de esa provincia sureña y su adjudicatario fue el grupo de Eskenazi.

Críticos de esa operación sostienen que favoreció al comprador, porque el banco mantuvo una cartera de clientes redituable mientras quedarían en manos del Estado deudas millonarias de difícil cobro.

El fiscal Luciani notó años más tarde que el Banco Santa Cruz no sólo le entregó créditos por más de US$10 millones a los Kirchner, sino que fue la institución donde hizo carrera Lázaro Báez, otro amigo del matrimonio que entre 2003 y 2015 recibió diversos contratos de obras públicas viales en esa provincia.

Y apuntó que Báez, como testaferro de los Kirchner, cobró sobreprecios millonarios para obras que casi nunca se concretaron, mientras la empresa Petersen, Thiele & Cruz de Eskenazi fue una de las que se prestó a “la maniobra para simular un escenario de competencia que no existía”.

Fernández de Kirchner rechazó estas acusaciones en el juicio, que atribuye a una persecución política en su contra.

En la página web de Petersen aún figura una carta de Eskenazi que describe al suyo como “uno de los más importantes grupos económicos de capitales íntegramente argentinos”, con valores como “confiabilidad, solidez y transparencia”.

Tras su muerte, el manejo del conglomerado empresarial quedó en manos de sus hijos: tuvo cinco con su esposa Hazel Sylvia Toni Storey, también fallecida.

BBC Mundo intentó por distintas vías entrar en contacto con uno de ellos, Sebastián Eskenazi, o con algún otro responsable del Grupo Petersen para reflejar su punto de vista en este artículo, sin lograrlo hasta el momento de su publicación.

Alguien que trabaja en una de sus compañías explicó que “es una familia un poco hermética” y “no suelen dar notas” a periodistas.

La discreción que guiaba a los Eskenazi comenzó a resquebrajarse cuando su grupo adquirió el 25% del paquete accionario de YPF, entonces la mayor empresa argentina y propiedad de la española Repsol.

Con el apoyo de los Kirchner desde el gobierno, esa compra ocurrió en dos etapas. En 2008, se hicieron del 14,9% de las acciones de la petrolera argentina por US$2.235 millones. Más tarde, de otro 10,1% por US$1.304 millones.

La operación atrajo miradas sobre los Eskenazi por distintos motivos.

Uno de ellos es que provenían de actividades ajenas al sector energético y de pronto pasaron incluso a ocupar cargos ejecutivos en una petrolera gigante.

Antonio Brufau explicó entonces como presidente de Repsol YPF que “el Grupo Petersen es el socio más idóneo por su experiencia en mercados regulados, por su estructura industrial y financiera y por su conocimiento de la realidad argentina”.

Otro aspecto llamativo fue el modo en que compraron las acciones, con préstamos que les otorgaron Repsol y un consorcio de bancos extranjeros, a pagar con los dividendos que luego obtendrían de la misma YPF.

“La forma en que la familia Eskenazi adquirió las acciones de YPF francamente es escandalosa”, sostiene Juan Javier Negri, un abogado argentino especializado en fusiones y adquisiciones de empresas.

“Prácticamente compraron sin un centavo”, le dice Negri a BBC Mundo. “Se comprometieron a pagar 100, y 98 llegaban vía dividendos en el futuro, con lo cual la inversión inicial fue muy escasa”.

Esa operación fue denunciada como presuntamente ilícita por diputados de la época, pero el caso sigue sin avanzar de forma sustancial en la justicia pese a los años transcurridos. En su momento, representates de la empresa negaron irregularidades.

Todo se complicaría más cuando el gobierno de Fernández de Kirchner reestatizó YPF con el aval del Congreso en 2012, bajo la premisa de la soberanía energética y la necesidad de que Argentina impulsara emprendimientos petroleros.

Al adquirir el 51% de las acciones de YPF en manos de Repsol por unos US$5.000 millones, el Estado argentino evitó ampliar la oferta a los demás accionistas (incluidos los Eskenazi) como requería el estatuto de la compañía.

Eso dio pie a una demanda judicial en Nueva York que hoy es considerada una de las causas más trascendentes de los últimos tiempos para Argentina.

El reclamo judicial lo encabeza el fondo Burford Capital, que se dedica a financiar acciones legales de dudoso resultado y compró el 70% de los derechos de litigio a dos empresas energéticas del Grupo Petersen que se declararon en quiebra tras la expropiación de YPF.

La jueza de la corte neoyorquina, Loretta Preska, dio la razón a los demandantes en 2023 y ordenó a Argentina pagarles unos US$16.000 millones.

Argentina ha apelado el fallo, que pone a su presidente ultraliberal Javier Milei en la singular obligación de defender un Estado del que suele renegar. Milei obtuvo recientemente el apoyo del gobierno de Donald Trump en EE.UU.

La incógnita es qué pasará finalmente con el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado argentino, ya que la orden judicial prevé que sean entregadas como forma de pago.

Pero también hay un misterio: ¿quiénes poseen el 30% de los derechos del juicio, es decir, la parte que Burford nunca adquirió de las empresas del Grupo Petersen en concurso?

Esa porción en manos desconocidas valdría, según los valores establecidos en el proceso, cerca de US$5.000 millones.

“Hay fundadas sospechas de que la familia Eskenazi retuvo una parte del pleito”, afirma Negri. “Si alguna vez recuperan fondos por parte del Estado argentino, es probable que parte de esos fondos terminen de vuelta en la familia”.

En tal caso, quizás luego de saldar cuentas con acreedores por el quiebre de sus empresas energéticas, los Eskenazi contabilicen ganancias una vez más.

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