La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) presentó su Programa Institucional 2025-2030, en el que establece la hoja de ruta técnica para consolidar lo que denomina el “segundo piso” de la recuperación salarial.
El compromiso central de este plan sexenal es que, al finalizar el periodo, una persona trabajadora que perciba el salario mínimo sea capaz de adquirir 2.5 canastas básicas (alimentaria y no alimentaria), garantizando así la cobertura de sus necesidades propias y las de un dependiente económico.
Te puede interesar
Para el próximo año 2026, la institución ha fijado metas intermedias críticas que buscan elevar este indicador de bienestar desde las 1.76 unidades previstas para 2025 hasta alcanzar las 1.89 unidades de consumo básico.
En el ámbito de los salarios profesionales, la estrategia para 2026 es todavía más ambiciosa, pues se ha establecido como meta que el promedio de estas remuneraciones especializadas permita la adquisición de 2.48 canastas básicas.
Te puede interesar
Para lograrlo, la Dirección Técnica de la Conasami implementará una reingeniería profunda del Sistema de Salarios Mínimos Profesionales mediante el uso del Índice de Condiciones de Empleo. Este instrumento técnico permite evaluar la precariedad laboral a través de cuatro dimensiones fundamentales: condiciones laborales, protección legal, protección social y factores sociodemográficos, utilizando datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.
Bajo este modelo, la Comisión se compromete a realizar durante 2026 un diagnóstico de vigencia para excluir ocupaciones que ya no responden a la realidad del mercado actual y, simultáneamente, integrar nuevas categorías que presenten alta vulnerabilidad.
Esta actualización del listado profesional se acompañará de estudios técnicos sobre brechas de género en grupos históricamente discriminados, manteniendo la meta de que el salario de las mujeres crezca a un ritmo superior al de los hombres.
Finalmente, el programa institucional subraya que toda fijación salarial para 2026 se basará en criterios técnicos que aseguren que los incrementos nunca se ubiquen por debajo de la inflación observada. Esta política busca proteger el poder adquisitivo recuperado, el cual, a octubre de 2025, ya acumula un crecimiento real del 129.4% en la zona general respecto al cierre de 2018.
De esta manera, la Conasami transita hacia una nueva metodología de medición basada en una “canasta con perspectiva de derechos humanos”, que integre no solo alimentación, sino también salud, educación y vivienda como pilares de una vida digna.
Cortesía de El Economista
Dejanos un comentario: