Este miércoles concluyeron las audiencias en la Corte Internacional de Justicia sobre el derecho a huelga en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuyo balance es de 13 países a favor del derecho a huelga.
En la última sesión correspondió su participación a los países de Uruguay, Somalia y Vanuatu, quienes se pronunciaron a favor de que el derecho a huelga está comprendido en el Convenio 87, y Suiza, que se manifestó en contra.
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También intervinieron las organizaciones Asociación Internacional de Cooperativas, en apoyo al derecho de huelga, y Business Africa, vinculada a la Organización Internacional de Empleadores, que sostuvo una posición contraria.
En el balance final de estos días de audiencias, destaca que hay 13 países a favor: Colombia, Brasil, México, Uruguay, Alemania, Reino Unido, Australia, Noruega, España, Sudáfrica, Somalia, Mauricio y Vanuatu.
En tanto, hay tres en contra: Panamá, Bangladesh y Suiza; mientras que Indonesia y Egipto no tuvieron una posición definida.
En total participaron 17 países y según las posturas hay un amplio respaldo internacional al reconocimiento del derecho de huelga como parte esencial de la libertad sindical garantizada por el Convenio 87.
Cabe destacar que este proceso judicial busca determinar si el derecho a la huelga de las y los trabajadores, así como de sus organizaciones, está protegido bajo dicho instrumento internacional.
Durante su intervención, México destacó que el derecho a la huelga, además de ser un derecho humano, constituye una herramienta esencial para la defensa y promoción de los intereses de las y los trabajadores, y que su protección está implícitamente reconocida en el Convenio núm. 87.
La delegación mexicana destacó que la libertad sindical, el derecho de sindicación de asociación y el derecho a organizarse carecerían de efectividad sin la posibilidad de ejercer acciones colectivas como la huelga.
México enfatizó que la huelga es fundamental para la justicia social, al ser la herramienta más poderosa de las y los trabajadores para defender sus derechos, así como para lograr un equilibrio entre los factores de producción, es decir, la fuerza laboral, representada por las personas trabajadoras, y el capital, en manos del empleador.
Cortesía de El Economista
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