Congresistas exigen al secretario de Defensa de EE.UU. que responda a las acusaciones de que ordenó matar a los supervivientes del ataque a una lancha en el Caribe

Congresistas estadounidenses presionan al gobierno de Donald Trump para que dé respuestas sobre los ataques militares contra presuntas narcolanchas, después de que un reporte de prensa afirmara que un caso se ordenó un segundo ataque para matar a los supervivientes del primero.

A raíz del informe, publicado por el Washington Post, los comités liderados por republicanos que supervisan el Pentágono han prometido llevar a cabo una “supervisión rigurosa” de los ataques estadounidenses a embarcaciones en el Caribe.

El periódico informó el viernes que un ataque estadounidense a un barco el 2 de septiembre dejó dos supervivientes y se llevó a cabo un segundo ataque después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenara “matarlos a todos”.

La publicación de la noticia ha reavivado las dudas sobre la legalidad de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe.

Hegseth tachó la información del Washington Posts de “noticia falsa”.

El presidente Trump dijo el domingo que cree a Hegseth “al cien por cien”.

Estados Unidos ha ampliado en las últimas semanas su presencia militar en el Caribe y ha llevado a cabo una serie de ataques mortales contra embarcaciones presuntamente utilizadas por narcotraficantes en aguas internacionales frente a Venezuela y Colombia, como parte de lo que describe como una operación antinarcóticos.

Más de 80 personas han muerto desde principios de septiembre.

El Gobierno de Trump dice actuar en legítima defensa al destruir embarcaciones que transportan drogas ilícitas a EE.UU.

La información del Washington Post, que no ha sido verificada por la BBC, señalaba que Hegseth “dio una directriz verbal” de “matar a todos” a bordo de una de estas embarcaciones, y que un comandante de Operaciones Especiales que supervisaba la operación “ordenó un segundo ataque para cumplir con las instrucciones de Hegseth”.

El gobierno de Trump sostiene que se encuentra en un conflicto armado no internacional con los presuntos narcotraficantes para justificar sus operaciones en la zona.

Las reglas de enfrentamiento en tales conflictos armados –tal como se establecen en los Convenios de Ginebra– prohíben atacar a los participantes heridos, que deben ser detenidos y atendidos.

Los legisladores republicanos y demócratas que aparecieron el domingo en programas de entrevistas de Estados Unidos dijeron que el Congreso debe revisar los ataques a las embarcaciones.

Dijeron que no sabían si lo publicado por The Washington Post era cierto, pero que atacar a los supervivientes de un ataque inicial con misiles presentaba serias dudas sobre su legalidad.

“Esto alcanza el nivel de un crimen de guerra si es cierto”, dijo el senador demócrata Tim Kaine en un programa de la cadena CBS.

El legislador republicano Mike Turner reconoció que el Congreso no tenía información de que ese segundo ataque hubiera ocurrido.

“Obviamente, si eso ocurrió, sería muy grave, y estoy de acuerdo en que sería un acto ilegal”, dijo Turner, expresidente del Comité de Inteligencia, a CBS.

Estos comentarios se producen después de que el Comité de Servicios Armados del Senado, liderado por los republicanos, anunciara el viernes que planeaba una “supervisión rigurosa” de los ataques.

“El Comité está al tanto de los recientes reportes de prensa –y de la respuesta inicial del Departamento de Defensa– con respecto a los presuntos ataques adicionales contra presuntos buques de narcóticos en el área de responsabilidad de SOUTHCOM” (Comando Sur del mando militar de Estados Unidos), según dijeron en un comunicado el presidente del comité, el senador republicano Roger Wicker, y su homólogo demócrata, el senador Jack Reed.

“El Comité ha dirigido consultas al Departamento y llevaremos a cabo una supervisión rigurosa para determinar los hechos relacionados con estas circunstancias”, afirmaron.

El Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes dijo por su parte que va a tomar “medidas bipartidistas para obtener un informe completo de la operación en cuestión”.

En una publicación en la red social X, Hegseth refutó las acusaciones en su contra, y las tachó de “inventadas, incendiarias y difamatorias”. Escribió que la serie de ataques a los barcos fue “legal tanto bajo la ley estadounidense como bajo el derecho internacional”.

“Cada narcotraficante que matamos está afiliado a una Organización Terrorista Designada”, escribió.

A preguntas de los periodistas a bordo del Air Force One, el presidente Trump defendió a su secretario de Defensa: “Él dijo que no dijo eso. Y le creo al cien por cien”.

Trump dijo que su administración “investigará” el asunto y agregó: “Yo no habría querido eso, un segundo ataque no”.

En sus comentarios del domingo, Trump confirmó que había hablado recientemente con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pero no quiso entrar en muchos detalles: “No diría que salió bien o mal. Fue una llamada telefónica”, dijo.

El domingo, la Asamblea Nacional de Venezuela condenó los ataques a las embarcaciones y prometió llevar a cabo una “investigación rigurosa y exhaustiva” sobre ese segundo ataque que supuestamente mató a dos supervivientes del anterior.

Estados Unidos lleva semanas lanzando ataques contra embarcaciones que, según dice sin haber presentado pruebas, son utilizadas por los grupos criminales que transportan drogas hacia Estados Unidos.

Y ha acumulado en el Caribe, cerca de Venezuela, el mayor despliegue militar en la zona en décadas.

Washington considera al presidente venezolano, Nicolás Maduro, un gobernante ilegítimo y le atribuye ser uno de los líderes del llamado Cartel de los Soles, un supuesto grupo criminal dedicado a enviar narcóticos ilegales a gran escala hacia Estados Unidos.

Las acciones militares de las últimas semanas se interpretan como una estrategia para aumentar la presión sobre el presidente venezolano y provocar su salida del poder.

El gobierno venezolano acusa a Washington de avivar las tensiones en la región con el objetivo de derrocar al gobierno.

Estados Unidos no es signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Sin embargo, los asesores legales del ejército estadounidense han dicho que EE.UU. debería “actuar de manera coherente con sus disposiciones”.

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