El 1º de junio de 2025 será recordado como el día en que consumó la ignominia. En un proceso plagado de ilegalidades, destacando los acordeones con los candidatos elegidos en el palacio virreinal o en “La Chingada”, el acarreo mediante el chantaje a los beneficiarios de las transferencias gubernamentales, el embarazo de urnas y más, se “eligieron” a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Tribunal de Disciplina Judicial, a la mitad de los jueces federales de distrito y magistrados, así como los jueces estatales en 19 entidades federativas.
Con una votación efectiva de un poco más del 10% del padrón electoral, la presidenta Sheinbaum y coro que la acompañan declararon que esta elección había sido todo un éxito. Es obvio que, desde una perspectiva del proceso, el resultado dista mucho de haber sido un éxito, pero su sonrisa “de oreja a oreja” se debe a que está feliz por haber consolidado un régimen en el cual ya no existen los contrapesos institucionales al ejercicio autoritario del poder. El 1º de junio México transitó hacia una dictadura quizás, sólo quizás, blanda.
La elección de ministros, magistrados y jueces federales, todos ellos leales a Morena y López, junto con la aberrante “supremacía constitucional” que impide impugnar reformas a la Constitución y las reformas a la figura del amparo, que prohíbe las declaratorias de aplicación general de un amparo ante una norma inconstitucional, destruyó lo poco que quedaba de certeza jurídica y de defensa de las libertades y derechos individuales.
Es un hecho que, Morena controlando los tres poderes, puede modificar la totalidad de la Constitución y no hay nadie que lo pueda impedir, pero aun sin modificarla, con el puro hecho de que los jueces ya no son independientes ni imparciales y posiblemente hasta desconocedores de las leyes, los mexicanos estamos indefensos frente al ejercicio arbitrario y autoritario del poder, con graves consecuencias sobre la certeza jurídica, sobre nuestra libertad y sobre el potencial de desarrollo económico. Veamos algunos casos que podrían darse con el poder judicial resultante de la aberrante reforma.
Supongamos que el gobierno decreta un control de precios sin haber comprobado que las empresas incurrieron en una práctica monopólica, tal como lo establece el artículo 28. En este caso, cada empresa afectada por el control tendría que tramitar un amparo ante un juez de distrito que es leal al gobierno o simplemente está temeroso de que, si lo otorga, le caería sobre su cuello la guillotina del Tribunal de Disciplina Judicial. Dado que ninguno o al menos no todos habrían sido amparados, sea porque no tenían los recursos para hacerlo o porque el juez no los otorgó, el gobierno podría seguir aplicando la norma aunque violente la Constitución. Consecuencia: mercados negros, caída de la inversión y menor bienestar de los consumidores.
Suponga que se decreta un impuesto que violenta los principios de equidad y proporcionalidad establecidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, como por ejemplo un impuesto expropiatorio de las herencias. Nuevamente, cada afectado tendría que buscar un amparo. Suponga que los jueces de distrito los otorgan; el gobierno impugna ante un tribunal colegiado que ratifica el amparo. El gobierno lleva el caso ante la SCJN y los ministros, leales al poder y con una “ideología justiciera”, deciden a favor del gobierno. Consecuencia: caída del ahorro, de la inversión y salida de capitales.
Suponga que el gobierno decide expropiar los ahorros para el retiro que son propiedad de los trabajadores y que administran las Afores, expropiación que obviamente sería sin una indemnización. Otra vez, cada uno de los afectados tendría que ampararse ante jueces leales al poder por el robo de sus recursos por parte del gobierno. La probabilidad de que todos logren el amparo es nula, pero si por alguna razón el caso llegara a la SCJN, los serviles ministros, con su ideología de izquierda y ánimo justiciero, validarían la expropiación. Consecuencia: viejos pobres, pobres viejos.
Suponga que la empresa A viola el contrato que había firmado con la empresa B, por lo que presenta una demanda por incumplimiento de contrato ante un juez de lo mercantil. Pero resulta que el juez le debe su puesto a la empresa A y falla en contra de B. La inversión se desploma ante la falta de certeza jurídica.
Suponga que una empresa incurre en una práctica monopólica relativa que daña a sus competidores. Estos últimos, o alguno de ellos, presentan una demanda ante un juez “especializado” en competencia. Pero resulta que el pueblo bueno “eligió” a un juez que desconoce la teoría económica de estructuras de los mercados y cómo regular las prácticas monopólicas, o que le debe su puesto al monopolista favorito del régimen. La sentencia del juez sería más que obvia y el resultado sería menor competencia y bienestar de los consumidores.
Poco a poco experimentaremos las consecuencias de la aberrante reforma judicial, pero lo que sí podemos afirmar desde ahora es que estamos indefensos, perdimos nuestra libertad y la economía no crecerá.
Cortesía de El Economista
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