En la Segunda Reunión 2025 con las Coordinaciones Nacionales de Síndicos del Contribuyente salió a la luz un tema que preocupa a empresas y asesores fiscales: las invitaciones de “vigilancia profunda” que el SAT envía a contribuyentes.
Estos oficios llegan cuando la autoridad detecta posibles inconsistencias en declaraciones de impuestos de distintos ejercicios —por ejemplo, 2019, 2020, 2021 y 2022—. El documento convoca al contribuyente a una entrevista presencial en la Administración Desconcentrada de Recaudación, con fecha y hora ya asignadas.
Aunque el oficio aclara que “no es un inicio de facultades de comprobación”, en la práctica se solicita entregar documentación en un plazo máximo de tres días y se advierte que, de no acudir, podrían iniciarse revisiones formales e incluso cancelarse los sellos digitales.
¿Qué revisa el SAT?
Durante la entrevista, la autoridad suele mostrar diferencias detectadas, como:
- Ingresos facturados frente a lo declarado en ISR.
- Discrepancias en IVA entre el criterio del SAT y el de las empresas.
- Retenciones de ISR e IVA, timbrado de nómina y subsidio al empleo.
El problema, señalan especialistas de Fiscalia, es que tras la reunión no se entrega un documento que confirme si las aclaraciones fueron suficientes, lo que deja al contribuyente en un estado de incertidumbre.
La postura del SAT
El SAT sostiene que estas invitaciones tienen un carácter preventivo y orientador, con fundamento en el Código Fiscal de la Federación y en la Ley de Derechos del Contribuyente. Según la autoridad, no se trata de actos de fiscalización, sino de un esfuerzo para que los contribuyentes corrijan de manera voluntaria.
Además, aclara que ya existe un canal formal para dar seguimiento: la ficha de trámite 325/CFF, que permite presentar aclaraciones directas en la administración correspondiente. Por ello, no considera necesario establecer un plazo de respuesta posterior a la entrevista.
Lo que piden los contribuyentes
Para fiscalistas y empresarios, el programa pierde su carácter “voluntario” al imponer fechas y plazos, y se asemeja más a una auditoría encubierta. La propuesta que surgió en la reunión fue que el SAT establezca un plazo máximo de respuesta después de recibir las aclaraciones, lo que daría certeza jurídica y operativa a los contribuyentes.
El debate abierto
La figura de vigilancia profunda, concebida como una medida preventiva, hoy está en el centro de la polémica. Mientras el SAT la defiende como un mecanismo de orientación, los contribuyentes reclaman mayor transparencia y una confirmación clara sobre su situación fiscal después de atender la invitación.
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Cortesía de El Contribuyente
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