México presentará en la COP30, que se llevará a cabo del 10 al 21 de noviembre en Belém, Brasil, su nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), con la que se compromete a reducir entre 364 y 404 millones de toneladas de CO2 equivalente hacia 2035.
Sin embargo, para la organización Sostenibilidad Global, este avance institucional carece de coherencia con la política fiscal y energética del país, que continúa privilegiando a los combustibles fósiles.
Una meta ambiciosa con un presupuesto desigual
Isabel Studer, presidenta de Sostenibilidad Global, señaló que el compromiso climático del nuevo gobierno es positivo, pero enfrenta una contradicción estructural: mientras Petróleos Mexicanos recibirá más de 460 mil millones de pesos en 2025 (casi 5% del gasto público federal), la Secretaría de Medio Ambiente operará con apenas 44 mil millones de pesos. El Anexo Transversal de Cambio Climático contará con 212 mil millones.
“México sigue destinando más dinero a sostener el pasado que a construir el futuro”, advirtió Studer. Recordó que solo este año Pemex ha recibido más de 380 mil millones de pesos en apoyos financieros, al mismo tiempo que la Semarnat enfrenta recortes de casi 40%. Para la especialista, esta brecha limita la capacidad del país para cumplir sus propias metas climáticas.
Qué contiene la NDC 3.0
La NDC 3.0 fue aprobada por unanimidad por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, encabezada por la secretaria Alicia Bárcena. La nueva hoja de ruta establece cinco componentes principales: mitigación, adaptación, pérdidas y daños, medios de implementación y política climática transversal.
Además, por primera vez incorpora un eje sobre la relación entre cambio climático y seguridad ante posibles conflictos socioambientales.
En materia de mitigación, México plantea un tope de emisiones para 2035. En el escenario no condicionado, es decir, con recursos propios, las emisiones deberán situarse entre 364 y 404 MtCO2e; en el condicionado a cooperación internacional, entre 332 y 363 MtCO2e. Ambos rangos representan una reducción importante respecto a las cerca de 583 MtCO2e actuales.
También se incluye un componente de pérdidas y daños para responder a eventos climáticos extremos y diseñar mecanismos de transferencia de riesgo como seguros paramétricos. La NDC integra además enfoques de género, derechos humanos, transición justa de la fuerza laboral y atención a grupos prioritarios como pueblos indígenas, juventudes y personas con discapacidad.
El reto: alinear finanzas con clima
Para Sostenibilidad Global, el desafío no está solo en elevar las metas climáticas, sino en transformar la arquitectura financiera del Estado. Studer subrayó que una transición energética justa requiere redirigir subsidios e incentivos hacia la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la innovación tecnológica y la descarbonización de sectores productivos.
La organización considera que la COP30 representa una oportunidad para que México demuestre congruencia entre lo que promete ante el mundo y lo que financia internamente. “El verdadero liderazgo climático se mide en la coherencia entre lo que el país promete y lo que financia”, dijo Studer.
Por último, Sostenibilidad Global remarca que mientras la política fiscal siga sustentada en los hidrocarburos y en el rescate financiero de Pemex (con una deuda externa superior a los 97 mil millones de dólares), será difícil hablar de una transición energética justa.
“La NDC 3.0 es un paso en la dirección correcta”, concluyó Studer. “Pero necesitamos un Estado que deje de proteger monopolios fósiles y actúe como catalizador de innovación, equidad y bienestar colectivo”.
Te puede interesar
Cortesía de El Economista
Dejanos un comentario: