La ley recientemente aprobada contra la extorsión representa un avance necesario ante un delito que afecta la seguridad, pero requiere que se dote de recursos económicos e infraestructura para echarla andar, demandó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
A través de su presidente Juan José Sierra, el organismo privado consideró que dotar a las autoridades de presupuesto, permitiría convertirla en una herramienta efectiva para proteger a las mipymes.
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A través de #DataCOPARMEX, confirmamos que el 12.8% de nuestras Empresas socias han sido víctimas, principalmente mediante llamadas telefónicas (70.5%).
“Este escenario condiciona las decisiones de inversión y crecimiento, dado que el 49.5% de nuestros afiliados considera que la inseguridad es el principal obstáculo para desarrollarse. Estas cifras obligan a una respuesta institucional profunda, coordinada y con resultados medibles”.
El organismo empresarial advierte que dicho escenario condiciona las decisiones de inversión y crecimiento, pues el 49.5% de las empresas pertenecientes a la Coparmex considera que la inseguridad es el principal obstáculo para desarrollarse.
“Estas cifras obligan a una respuesta institucional profunda, coordinada y con resultados medibles”, expuso.
Por ello, los empresarios exigieron al gobierno garantizar presupuesto suficiente y etiquetado para todas las tareas derivadas de su implementación, capacitar a Policías, Fiscalías y Jueces para asegurar una aplicación correcta y efectiva del nuevo marco jurídico.
Además, urge sensibilizar a gobernadores y Congresos locales para homologar cuanto antes sus legislaciones, de manera que la operación nacional sea coherente, coordinada y capaz de frenar “un delito que hoy avanza sin límites”.
Como parte de los recursos demandados, es relevante la obligación de instalar inhibidores de señal y tecnologías de bloqueo en centros penitenciarios en un plazo máximo de 180 días hábiles.
Desde la Confederación se ha reiterado que una parte significativa de las extorsiones se origina en estos espacios, por lo que esta disposición es indispensable para cortar de raíz una fuente persistente de intimidación y daño económico.
La Coparmex se pronunció por la urgencia de contar con un marco jurídico integral y uniforme para frenar su expansión, que golpea con especial dureza a comercios, transportistas y a las micro, pequeñas y medianas empresas, MiPyMEs, del país.
“Esta nueva Ley responde a una demanda ciudadana y empresarial para cerrar espacios a la impunidad y fortalecer la coordinación de todas las autoridades en el combate a una de las prácticas ilícitas de mayor impacto para las familias, las comunidades y el tejido productivo del país”, aseveró el organismo privado.
Sin considerar la cifra negra de 97% de denuncias que no se hacen por miedo o desconfianza en las autoridades, los datos oficiales revelan que cada día 31.3 personas denuncian haber sufrido extorsión y, tan solo en 2024, este delito generó pérdidas superiores a 21,000 millones de pesos.
Estas cifras corresponden únicamente a los impactos económicos reportados por las víctimas en general, abundó la Coparmex, —no se especifica por empresas o comercios— e incluyen pagos y gastos asociados derivados del delito, conforme a la metodología de la ENVIPE.
Cortesía de El Economista
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