La Corte Suprema de Estados Unidos despejó el lunes el camino para que el gobierno del presidente Donald Trump reanude el desmantelamiento del Departamento de Educación, parte de su intento de reducir el papel del gobierno federal en la educación a favor de un mayor control estatal.
En la última victoria de Trump en el máximo tribunal, los jueces levantaron la orden de un juez federal que había reincorporado a casi 1,400 trabajadores afectados por despidos masivos en el departamento y bloqueó la transferencia de funciones clave de la administración a otras agencias federales.
El recurso sigue su curso en los tribunales inferiores.
La decisión de la Corte Suprema se adoptó en un auto breve y sin firma, y los tres jueces progresistas discreparon.
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Un grupo de 21 fiscales generales demócratas, distritos escolares y sindicatos detrás de un par de demandas habían advertido en documentos judiciales que los esfuerzos de cierre de Trump amenazaban con perjudicar la capacidad del departamento para llevar a cabo sus funciones básicas.
Democracy Forward, un grupo legal progresista que representa a los distritos escolares y sindicatos, dijo que la acción de la corte “asestó un golpe devastador a la promesa de este país de dar educación pública para todos los niños”.
Creado por el Congreso en 1979, el Departamento de Educación tiene entre sus principales funciones la administración de los préstamos universitarios, el seguimiento del rendimiento de los estudiantes y la aplicación de los derechos civiles en las escuelas. Además proporciona financiación federal a los distritos que lo necesitan y ayuda a alumnos con discapacidades.
La ley federal prohíbe al Departamento controlar el funcionamiento de las escuelas, incluidos el plan de estudios, la instrucción y la dotación de personal.
La autoridad sobre estas decisiones corresponde a los gobiernos estatales y locales, que aportan más del 85% de la financiación de las escuelas públicas.
Los críticos republicanos del departamento lo han retratado como un símbolo del despilfarro burocrático, subrayando la necesidad de un Gobierno federal más pequeño en favor de un mayor poder de los estados.
Cortesía de El Economista
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