Aunque México registró una disminución en los homicidios dolosos de niñas, niños y adolescentes, al pasar de 634 casos entre enero y agosto de 2024 a 517 en el mismo periodo de 2025 (18.5% menos), ocho entidades del país rompieron la tendencia nacional y reportaron incrementos significativos en este tipo de crimen.
De acuerdo con el recuento de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), elaborado con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el caso más alarmante es el de Sinaloa, donde los asesinatos de menores subieron 925%, al pasar de cuatro víctimas en ocho meses del 2024 a 41, en el mismo periodo, de 2025.
También se reportaron aumentos en Aguascalientes (200%), Querétaro (67%), Morelos (38%), San Luis Potosí (10%) y Guerrero (8%).
En Baja California Sur y Yucatán, que no habían reportado homicidios infantiles el año pasado, este 2025 reportan tres y una víctima, respectivamente.
Panorama del 2025
Este año, Guanajuato es el estado con mayor número de homicidios dolosos de menores, con 87 casos, lo que equivale al 16.8% del total nacional. Le siguen Michoacán, con 45 víctimas, y Sinaloa, con 41; estas tres entidades concentran más de un tercio de los homicidios de menores de toda la República.
En contraste, Campeche, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán registraron una víctima cada uno, mientras que Durango no reportó ningún caso durante el periodo analizado.
Del total de homicidios dolosos de 2025 contra niñas, niños y adolescentes, 411 fueron perpetrados con armas de fuego, lo que equivalió al 79.5% del total.
Otros 68 casos fueron cometidos con “otro elemento” y 32 con armas blancas, mientras que en seis casos no especificaron el medio empleado. Mientras que 440 víctimas fueron hombres y 77 mujeres.
Causas detrás de las cifras
Especialistas coincidieron que detrás de las cifras y los estados en que los homicidios dolosos en contra de infantes van en crecimiento hay fallas estructurales en la estrategia de seguridad, disputas criminales, estigmatización, impunidad, entre otros factores.
Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, detalló que la violencia contra la niñez y adolescencia es multifactorial; además, que la impunidad es una de las principales razones por las que los homicidios se repiten: “Si no hay consecuencias, los crímenes se perpetúan”, dijo.
Además precisó que en casos específicos como el de Sinaloa, el repunte puede estar vinculado con la intensificación de la violencia derivada de disputas entre grupos criminales y estrategias de seguridad fallidas, mientras que en Morelos podría existir un subrregistro previo o un ajuste en la forma de tipificar los delitos.
Guerrero, dijo, muestra un patrón más estructural, marcado por una violencia enquistada y de larga duración.
Por otro lado, consideró que a lo anterior se suma un fuerte adultocentrismo y estigma social hacia las adolescencias.
“Existe un prejuicio instalado que tiende a culpar a los jóvenes. A menudo se dice ‘en algo andaban’, cuando en realidad se trata de víctimas que deberían estar doblemente protegidas por el Estado”, afirmó.
Nancy Angélica Canjura Luna, integrante de Causa en Común, comentó que detrás de los homicidios persisten causas estructurales que no han sido atendidas por las autoridades: pobreza, descomposición familiar y la creciente influencia de las redes sociales.
“(Los infantes y adolescentes) no sólo son víctimas de acoso digital. Algunos discursos están radicalizando a los jóvenes, sobre todo en temas de género y relaciones. Esto genera nuevos perfiles de victimarios que internalizan modelos violentos de masculinidad”, dijo.
También, detalló que vivir en contextos violentos deja huellas profundas en la psique infantil.
“Los niños y adolescentes desarrollan una percepción de indefensión y una idea de que la violencia es parte de la normalidad”, explicó Canjura.
Ambas especialistas coincidieron en que revertir esta crisis exige acciones inmediatas y estructurales. Entre las medidas urgentes destacaron: eliminar la circulación de armas de fuego en manos civiles; fortalecer políticas de prevención y educación en resolución pacífica de conflictos desde las escuelas, y garantizar condiciones materiales dignas —alimentación, vivienda, educación— para reducir la vulnerabilidad estructural.
Cortesía de El Economista
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