Concluido el periodo vacacional, hoy regresa a laborar el personal del Poder Judicial de la CDMX bajo el antecedente de un paro laboral que puso en evidencia la inconformidad que prevalece en la base trabajadora y el rezago que arrastra este poder en el cumplimiento de sus tareas de administración de justicia.
El paro comenzó el 29 de mayo y duró 43 días. Los once mil trabajadores demandaban un aumento de salario del 7%, mejores condiciones de trabajo, entre ellas aligerar la carga de trabajo. Buscaban también la basificación de algunos trabajadores que llevan años sin conseguirlo; reconocimiento de la antigüedad y participación de los trabajadores en la planeación presupuestal, además de un bono.
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Las inconformidades persisten, no obstante los diversos acuerdos y compromisos por parte del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México la institución, el Magistrado Rafael Guerra Álvarez. Los trabajadores afirman que no se ha cumplido cabalmente con lo pactado en julio para terminar con la huelga.
Una de las cosas que falta por cumplir es el pago de horas extras, que fue una de las demandas que originó el paro de labores. En la no resolución de los conflictos, la responsabilidad recae en la administración del presidente de dicho organismo judicial, Rafael Guerra Álvarez, que asumió la presidencia de la institución en 2019. Su gestión ha estado plagada de señalamientos por las decisiones que, además de polémicas, han acarreado efectos negativos para la propia institución y efectos colaterales en perjuicio de la ciudadanía.
El paro de actividades agudizó el problema de rezago en la atención de expedientes que arrastraba desde hace varios meses y evidenció los problemas de falta de jueces, empleados en general, así como la sobrecarga de trabajo y falta de instrumentos para desempeñar sus funciones.
Tan solo en esos 40 días de suspensión de labores, se habrían dejado de atender alrededor de 48,000 audiencias programadas; un millón, 440,000 promociones y a más de cuatro millones 822,000 personas.
Si se comparan los datos correspondientes solo entre enero y abril de 2024 y 2025, se observa que mientras en 2024 ingresaron 111,077 expedientes a juzgados, al centro de justicia o al centro de justicia alternativa-mediación privada, en 2025 fueron 97,963. Lo mismo ocurre con los procesos iniciados. De enero a abril de 2024 se iniciaron 77,172 y en el mismo periodo de 2025 fueron 59,196.
Lo que llama la atención es que de enero a abril de 2024 fueron concluidos en juzgados 53,750 y en el mismo lapso de 2025 fueron 42,208, es decir, 10,552 menos.
Por otra parte, entre enero y abril de 2024 se registraron 11,008 sentencias que causaron ejecutoria; en el mismo periodo de 2025, fueron 7,402, es decir 3,606 menos. Entre enero y abril de 2024 se registraron 80,368 audiencias y en el mismo periodo de 2025 fueron 72,082, es decir 8,286 menos.
Cortesía de El Economista
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