Ante el incremento de casos de despojo e invasiones habitacionales, el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó un aumento a las penas e incluyó algunas agravantes para endurecer las sanciones por este ilícito.
La pena mínima pasó de cinco a seis años de prisión, mientras que la máxima cambió de 10 a 11 años. Además, se establece una multa de hasta 200,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quien ocupe un inmueble ajeno mediante violencia física o moral.
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Cuando el delito se cometa en perjuicio de personas mayores de 60 años, personas con discapacidad, menores de edad, mujeres embarazadas o integrantes de comunidades indígenas, la pena aumenta de siete a 11 años de prisión.
Además, se aprobaron reformas que adicionan nuevos métodos de comisión del delito, tales como la simulación de actos jurídicos y la suplantación de identidad. Se sancionará también a quien mantenga la ocupación ilegal de un inmueble después de haber sido requerido por una autoridad.
Estas modificaciones implicaron ajustes al Código Penal, el Código Civil, la Ley Registral y la Ley del Notariado, todos de la Ciudad de México. Cabe recordar que las iniciativas fueron presentadas por la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, y el diputado Diego Orlando Garrido López (PAN).
Reconocen gravedad del problema
Durante la fundamentación del dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra, el diputado Diego Orlando Garrido López (PAN) destacó el aumento en la incidencia delictiva por despojo.
De acuerdo con el legislador, en los últimos siete años se han abierto 29,000 carpetas de investigación: “estamos hablando que se cometen 12 despojos al día en esta ciudad”, dijo.
Por su parte, la congresista Daniela Gicela Álvarez Camacho (PAN) informó que tan solo en los primeros siete meses del 2025 se iniciaron 2,245 carpetas, mientras que únicamente el 1% de las 21,000 existentes ha sido judicializado.
“Nosotros hemos acompañado a más de 47 víctimas sin que hayan podido encontrar empatía y justicia; su lucha seguirá siendo la nuestra hasta que los culpables paguen”, declaró la legisladora.
Para atender el problema, la jefa de Gobierno instaló el Gabinete de Seguridad, que ha logrado devolver 196 inmuebles a sus propietarios y asegurar 265, según los legisladores.
En este sentido, la diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI) reconoció los avances, aunque consideró que “hay mucho por hacer para recuperar y garantizar la restitución a las familias en la ciudad”.
Finalmente, el diputado Pablo Trejo Pérez (PRD) resaltó que esta reforma responde a una problemática que afecta a sectores desprotegidos. Aseguró que el dictamen busca prevenir y sancionar con mayor eficacia el despojo, una forma de violencia patrimonial que, mediante documentos falsos, fuerza o intimidación, “les arrebata la seguridad y dignidad”.
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Cortesía de El Economista
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