El 1 de septiembre de 2025 arrancó la prueba piloto para el registro de usuarios de telefonía móvil en México. El proyecto está a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en conjunto con Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán. Según un comunicado, la iniciativa busca combatir delitos como extorsión y fraudes a través del uso de celulares.
Durante la firma del acuerdo con las operadoras, se detalló que los datos de los usuarios estarán resguardados exclusivamente por las compañías, sin acceso del gobierno, bajo los lineamientos de la Ley General de Protección de Datos Personales. El piloto estará vigente hasta octubre, cuando entren en vigor las nuevas disposiciones que obligarán a registrar todas las nuevas líneas al momento de contratarlas.
Así funcionará el registro: CURP, centros de atención y modalidad remota
El procedimiento será relativamente sencillo. El usuario tendrá que presentar una identificación oficial con CURP en los centros de atención de las empresas. Ahí se vinculará la información con la línea telefónica adquirida.
De acuerdo con El Universal, en el caso de líneas ya activas también habrá un periodo de registro, aunque no se han dado fechas exactas. Para facilitarlo, las compañías deberán habilitar una modalidad remota que permita completar el proceso a distancia. Esto significa que, a partir de octubre, ningún número nuevo podrá activarse en México sin estar asociado a una CURP.
Cabe mencionar que la creación de este registro está contemplada en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada en julio de 2025 y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Según El Universal, la medida forma parte de las herramientas legales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para reforzar la seguridad pública.
El objetivo es reducir delitos como secuestro, extorsión y fraude telefónico. De hecho, el dictamen que aprobó el Congreso señaló que se trataba de “una medida respetuosa de los derechos humanos, que garantice el derecho a la privacidad, pero que también sirva como instrumento para investigar riesgos y amenazas a la seguridad”.
Los antecedentes: del RENAUT al PANAUT, registros que nunca funcionaron
El registro de usuarios de telefonía móvil no es una idea nueva en México. En febrero de 2008, bajo el sexenio de Felipe Calderón, se intentó implementar el RENaut, pero la iniciativa terminó siendo eliminada en 2011 tras múltiples críticas por su ineficacia y por filtraciones de datos.
Más recientemente, en 2021, el Congreso aprobó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), pero fue invalidado por la Suprema Corte en 2022. La razón es que violaba derechos fundamentales de privacidad y no demostraba eficacia real para reducir delitos de extorsión.
Morena había retomado en 2020 la idea de un padrón donde proponían que los operadores fueran responsables de la recolección de datos. Sin embargo, organizaciones como R3D advirtieron que estos registros representan un “grave riesgo” para la seguridad digital y podrían incluso incentivar mercados negros de SIMs.
Críticas: ¿registro para combatir delitos o una “ley espía”?
De acuerdo con El Universal, la oposición y defensores de derechos digitales calificaron esta medida como una “ley espía”. El argumento es que, aunque el gobierno asegura que no tendrá acceso directo a los datos, la existencia misma de una base centralizada representa un riesgo de vigilancia masiva o de filtraciones.
El País reportó en febrero que incluso la Suprema Corte había cuestionado la utilidad de estos padrones, con el exministro Arturo Zaldívar que señaló: “parece absurdo que una persona que tenga un celular va a generar una extorsión con un teléfono a su nombre, esto nunca sucede”.
La gran duda es si esta vez el registro podrá cumplir con lo que promete: ser una herramienta contra la delincuencia y no otro intento fallido que termine en desuso o con la desconfianza de millones de usuarios.
Cortesía de Xataka
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