El Pleno de la Cámara de Diputados dio paso a la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio, una nueva autoridad que se encargará de regular las prácticas de mercado tras la extinción de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Durante la noche de este lunes, en sesión extraordinaria las y los diputados federales arrancaron con la discusión de la minuta que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica y de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
Estas reformas, derivadas de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, buscan alinearse con lo dispuesto en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual establece que nuestro país tiene la obligación de tener políticas de competencia económica y autoridades responsables de su aplicación, y cuyo tema quedó desamparado a raíz de la eliminación de la Cofece.
Para ello, se indica que esta Comisión deberá establecer, “al amparo de los convenios internacionales debidamente celebrados por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, mecanismos de cooperación y coordinación con autoridades de competencia económica en el extranjero en materia de investigaciones y procedimientos”.
Asimismo, se plantea que la nueva Comisión Nacional Antimonopolio será un organismo público descentralizado a la Secretaría de Economía, con personalidad jurídica y patrimonio propios, además de autonomía de gestión.
Asimismo, estará integrada por cinco personas comisionadas, incluyendo a la persona Comisionada Presidente. Entre sus funciones estarán “garantizar la libre concurrencia y competencia económica en todos los mercados del país, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, para lo cual debe desempeñarse de manera profesional e imparcial en sus actuaciones”.
Este organismo colegiado también se encargará de imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones, que sirvan a un mismo mercado.
Así como determinar la existencia de “Agentes Económicos Preponderantes” en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e imponer las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia en estos sectores.
Incluso declarará la existencia o inexistencia de condiciones de competencia efectiva en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión y, en su caso, la imposición, modificación o extinción de las obligaciones asimétricas impuestas a los Agentes Económicos Preponderantes.
Cabe señalar que estas reformas también regulan la programación de los concesionarios que presten el servicio de televisión restringida, ya que indica que deberán integrar canales de información noticiosa o de interés público, en la medida en que sea necesario para garantizar el acceso a información plural y oportuna.
Además de que deberá incluir al menos tres canales cuyos contenidos predominantemente sean producción propia de programadores nacionales independientes cuyo financiamiento sea mayoritariamente de origen mexicano.
Novedades del dictamen de Competencia
El dictamen de reforma a la LFCE discutido en la Cámara de Diputados presentó cambios respecto de la iniciativa:
- Se eliminó un párrafo del artículo 6 que eximía a las empresas del Estado en áreas estratégicas del cumplimiento de la ley.
- Se atenuaron las multas máximas por la comisión de prácticas monopólicas absolutas y relativas, aunque siguen siendo mayores a las vigentes.
- Con respecto a los ingresos de los infractores, en el primer caso bajó de 20% a 15% (el límite actual es 10%), y en el segundo de 15% a 10% (el límite vigente es de 8 por ciento).
- Se le confiere a la CNA no solo la determinación de agentes preponderantes en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, sino también la aplicación de la regulación asimétrica correspondiente.
Cortesía de El Economista
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