Con cuatro días de retraso, el Senado de la República envió a la Cámara de Diputados la minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley de Amparo. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) en San Lázaro destacó la sensatez de la Cámara alta para no corregir fuera del proceso legislativo el artículo transitorio referente a la retroactividad de la norma.
Este proyecto, derivado de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobado desde el pasado 2 de octubre por el Senado, generando críticas por la inclusión de un transitorio para que los amparos que “se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este Decreto”, es decir, se aplicaría una retroactividad.
De acuerdo con algunos legisladores, el Senado no había mandado el documento porque buscaba corregir dicho agregado a través de una fe de erratas, y así evitar que la reforma tuviera que regresar a la Cámara alta; no obstante, Monreal Ávila (Morena) les advirtió sobre una posible violación al proceso legislativo, evitando que se hiciera la modificación.
Voto del rechazo
Sobre este asunto, líderes de oposición mostraron su rechazó a las modificaciones a la Ley de Amparo y adelantaron que votarán en contra de esta reforma.
Así lo dijo el coordinador del PAN en Diputados, Elías Lixa, quien afirmó que se acordó que en la Cámara de Diputados se cumplan los tiempos legales de la minuta de Ley de Amparo, pero que su partido presentará reservas para modificarla porque “es absolutamente regresiva y arbitraria”.
“Si ya le vamos a corregir una reserva al Senado, aprovechemos y corrijamos todo lo demás”, agregó.
Por su parte, el líder parlamentario del PRI, Rubén Moreira, sostuvo que el partido tricolor votará en contra de la minuta y de cualquier intento de darle retroactividad a miles de juicios de amparo en trámite.
En conferencia de prensa, al término de la reunión de la JCP, explicó que la aplicación retroactiva de la ley afectaría los derechos humanos de muchas personas, entre ellos 200,000 mexicanas y mexicanos, muchos pequeños comerciantes, pequeños empresarios que tienen litigios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Mientras, el coordinador de Operación Política de Morena en la Cámara de Diputados, Pedro Haces Barba, recordó que el Artículo 14 constitucional es muy claro, por lo que “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.
Cortesía de El Economista
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