Jalisco concentra una de cada cinco empresas mexicanas que han sido sancionadas por el Gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), al menos 234 de las 950 entidades mexicanas enlistadas operan en esta entidad, lo que representa el 24% del total nacional.
Estas empresas, identificadas bajo la Ley Kingpin, son señaladas por supuestamente servir de fachada para operaciones del narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos. Al ser incluidas en la lista, sus activos quedan bloqueados en territorio estadounidense, y cualquier vínculo financiero con personas o empresas de ese país queda prohibido.
La mayoría de las firmas fichadas en Jalisco tienen domicilio en Guadalajara y Zapopan, en colonias como Providencia, Arcos Vallarta, Puerta de Hierro, Jardines Universidad y Bugambilias. Los giros van desde agencias de viajes, restaurantes y constructoras, hasta firmas de arquitectura, agricultura y empresas tecnológicas.
Israel Macías, académico de la Universidad Panamericana, advirtió que las grandes ciudades suelen facilitar el ocultamiento de capitales ilícitos, debido a la diversidad económica y el volumen de transacciones. Por ello, llamó a reforzar la supervisión, especialmente con apoyo de instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera.
Un caso emblemático fue el del exfutbolista Rafael Márquez, quien en 2017 fue incluido en la lista junto a varias de sus empresas. Tras colaborar con las autoridades, fue retirado en 2021 sin que se detallaran públicamente los motivos de su liberación.
La lista de la OFAC crece año con año: en 2017 incluía 156 entidades en Jalisco, y hoy ya supera las 230. El fenómeno confirma la creciente sofisticación del lavado de dinero en el país.
La OFAC elimina a mil 700 entidades de “listas negras”
Entre 2019 y 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) eliminó a mil 662 personas y entidades de sus listas de sanciones, comúnmente conocidas como “listas negras”.
De acuerdo con los reportes oficiales, esta remoción ocurre cuando la oficina considera que la entidad señalada ya no representa una amenaza o ha cambiado las condiciones por las que fue sancionada. Para lograrlo, las personas o empresas deben presentar una solicitud formal y evidencias claras que justifiquen su exclusión. El proceso implica una revisión detallada de cada caso.
En años recientes, varios mexicanos conocidos han sido retirados de esas listas. Entre ellos están el exfutbolista Rafael Márquez, quien fue incluido en 2017 y liberado de cargos posteriormente, y el cantante Julión Álvarez, fichado en el mismo año. También destaca el caso del hoy senador por Morena, Carlos Lomelí, quien fue incluido en 2008. Todos han retomado sus actividades públicas y privadas tras quedar libres de señalamientos por parte de la OFAC.
Aunque el organismo no detalla siempre las razones exactas o el país relacionado con cada designación, sus estadísticas muestran que en el mismo periodo en que retiró a cerca de mil 700 figuras, agregó a por lo menos siete mil 737 más, bajo causas como narcotráfico, terrorismo, proliferación nuclear, corrupción o violaciones a derechos humanos.
Tan solo en 2023, la OFAC rompió récord de incorporaciones a la lista, con tres mil 135 nuevas personas o entidades sancionadas. Esto muestra que, aunque es posible ser retirado de la lista, el ritmo con el que la OFAC impone nuevas sanciones continúa en aumento.
Cortesía de El Informador
Dejanos un comentario: