Vienen cambios legales a la Ley de Amparo en México, por lo menos, de acuerdo a la propuesta de modificación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Estos son los detalles:
La Presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República iniciativas de reforma a la Ley de Amparo y a la Ley Federal de Protección Industrial para cerrar los resquicios a la evasión fiscal y a la impunidad, y demostrar que México es un socio comercial confiable.
En el primer caso, la propuesta pretende establecer el proceso de amparo de forma efectiva y justa, además de hacer más ágiles y eficientes los procesos judiciales, a fin de fortalecer las instancias judiciales para acrecentar la confianza del pueblo de México en el acceso e impartición de justicia y erradicar la narrativa y mecanismos sobre una justicia con privilegios.
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Se busca poner fin a los abusos en amparos que obligan a la autoridad a descongelar cuentas y devolver bienes incautados a presuntos delincuentes sin probar claramente su procedencia lícita.
La propuesta también va encaminada a actualizar la Ley de Amparo para armonizarla con el concepto de juicios en línea, que ya son una realidad en el sistema judicial.
Se trata de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Amparo, la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
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Se propone adicionar un párrafo segundo a la fracción I del artículo 5o. de la vigente Ley de Amparo en los términos siguientes:
“Tratándose del interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamados deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto, directo y no meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgue el amparo”.
La iniciativa establece que se afecta al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión, se permita la continuación de actos, operaciones o servicios posiblemente relacionados con lavado de dinero, o que obstaculicen las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
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Del 1 de diciembre de 2018 al 1 de agosto de 2025 se promovieron 3 mil 659 amparos en los que se reclamó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) los efectos de la Lista de Personas Bloqueadas, por lo que se ha dado cumplimiento a mil 407 suspensiones definitivas para desbloquear las cuentas reclamadas en el incidente de suspensión.
Se han desbloqueado por suspensión provisional o definitiva cuentas por 27 mil millones de pesos, que representan 54.4% del total de montos bloqueados inicialmente y por ejecutoría de amparo se han desbloqueado 32 mil millones de pesos, que representan 64.9% del total de montos bloqueados inicialmente.
También se estipula que el amparo provisional no procederá cuando se impida u obstaculice al Estado el ejercicio de sus facultades en materia de deuda pública, previstas en la Constitución Política.
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Las modificaciones propuestas para la Ley de Amparo conllevan la armonización de otros instrumentos relativos al cobro de créditos fiscales que hayan quedado firmes por resolución de autoridad competente; cuyo cobro se ve entorpecido por la interposición de nuevos medios de defensa.
“Estas impugnaciones generan dilaciones innecesarias mediante suspensiones y medidas cautelares, soslayando la capacidad del Estado para cobrar eficazmente los créditos fiscales firmes, lo que afecta la recaudación y, por ende, se acompaña de un impacto negativo al financiamiento de servicios públicos y el cumplimiento de funciones estatales en beneficio del interés colectivo”.
La segunda iniciativa enviada por la Presidenta propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en Materia de Transferencia de Tecnología y para Simplificar el Proceso de Protección de Patentes y Registros.
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El documento argumenta que de 2012 a 2024, se otorgaron 123 mil 95 patentes, de las cuales 118 mil 311 son de personas de nacionalidad extranjera: “México se encuentra muy por debajo (5%) de patentes nacionales, frente a 10% de Canadá y 46% de Estados Unidos, sus principales socios comerciales”.
Dice que de cara a la revisión quinquenal del T-MEC, la promoción del cumplimiento normativo es clave para demostrar proactividad institucional en la mejora del sistema de protección de activos intangibles y atender observaciones reiteradas de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que ha identificado debilidades en la protección efectiva de marcas y patentes, especialmente en sectores vulnerables como el comercio electrónico, la piratería y la informalidad.
También se busca impulsar una política pública de prevención, reducción de litigios y profesionalización de los usuarios del Sistema de Propiedad Industrial, y alinear a México con buenas prácticas internacionales, como las aplicadas por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, que promueve el Compliance como parte integral de la estrategia de observancia.
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OA
Cortesía de El Informador
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