Después de un retraso de trece años, el Estado mexicano por fin está proponiendo una nueva Ley General de Aguas, prevista por el Constituyente mexicano en 2012 cuando se reformó la Constitución del país para incluir el derecho al agua como uno de los derechos fundamentales de los mexicanos. Entonces se estableció un plazo de 360 días para expedir una nueva ley que sustituyera a la Ley de Aguas Nacionales (LAN), expedida en 1992 en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
A pesar de foros, movilizaciones y gestiones ante los diputados por una coalición de organizaciones civiles de todo el país a través de la plataforma Agua para Todos, en 2020 se presentó una propuesta ciudadana para contar con la nueva Ley del Agua, pero no prosperó a lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, a comienzos del mes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviaría al Congreso de la Unión un paquete que incluye la nueva Ley General de Aguas (LGA) y reformas a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) del sexenio de Salinas de Gortari.
Está tan contenta la presidenta Claudia Sheinbaum con este paquete de reformas que, al anunciarlas, dijo que es una buena manera de celebrar su primer año de gobierno. Dijo: “Este cambio a la Ley de Aguas Nacionales es una buena forma de celebrar el primer año de gobierno; en el 92 cambia la Ley Nacional de Aguas para convertir las concesiones de agua en una mercancía. Eso se acaba en esta iniciativa que estamos enviando. El día de hoy estamos enviando una iniciativa que devuelve el agua como recurso de la nación. El agua es concesionable, pero de manera ordenada, eficiente y que permita garantizar el derecho humano al agua”.
La presidenta afirmó que es una propuesta consensada porque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó foros por todo el país con industriales, con distritos de riego y otros usuarios.
Pero al conocerse la iniciativa se despertó el debate que suscita la legislación de un bien común tan importante como lo es el agua. Uno de los puntos esenciales es si la nueva legislación realmente deja de concebir el agua como una mercancía para considerarlo un bien común que debe ser preservado como un servicio público y no al servicio del lucro y la privatización.
Ante las críticas, la Conagua emitió un comunicado el pasado domingo para afirmar que la iniciativa presidencial tiene tres propósitos fundamentales: 1) fortalecer y garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento; 2) recuperar la rectoría del Estado en la gestión del agua, con el fin de garantizar la seguridad hídrica de las generaciones presentes y futuras, y ordenar el régimen de concesiones; y 3) que dicha reforma respetará los títulos de concesión vigentes y sus años de concesión.
Sin embargo, desde la sociedad civil se ha cuestionado que, centralmente, la nueva iniciativa presidencial no rompe con la esencia neoliberal de la LAN de 1992 y que respeta, en esencia, el régimen de concesiones.
En una rueda de prensa celebrada el viernes pasado afuera de las oficinas de Conagua en Guadalajara, 25 organizaciones de la sociedad civil de Jalisco y el país cuestionaron la iniciativa de Sheinbaum. En el pronunciamiento central recuerdan que la “LAN desde su origen despojó a los pueblos originarios y sistemas comunitarios de su agua, entregó el agua del país a los multimillonarios del agua; tan solo el 1 por ciento de los grandes usuarios controlan el 20 por ciento del agua, la acaparan para sus procesos productivos, la contaminan, ocasionando inequidad en su acceso, conflictos socioambientales por el agua, despojo, destrucción de ecosistemas, graves problemas de salud pública, zonas de sacrificio y de emergencia sanitaria y ambiental”.
Sostienen que la iniciativa de Sheinbaum implica “simulación y protección de los mecanismos de participación” actuales; mantiene la privatización de organismos operadores y de las megaobras hidráulicas; alarga el derecho humano al agua hasta medio siglo; y que no otorga un reconocimiento pleno a los sistemas comunitarios de agua y de los pueblos originarios, de los que hay 28 mil en todo el país. Finalmente, cuestionan que mantiene el “sobreconcesionamiento, acaparamiento, mercantilización y despojo” del agua en el país.
Ante ello, están exigiendo que la Cámara de Diputados recurra a la figura del Parlamento Abierto para que se escuche la voz de la sociedad civil y se incorporen estas propuestas desde la sociedad al dictamen final que dé paso a una nueva Ley General del Agua. Una que, por encima de todo, considere al agua como un recurso esencial para la vida y no para los negocios.
Cortesía de El Informador
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