Por Horacio Rivera
La llamada Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, impulsada por la presidenta Sheinbaum, busca que los mexicanos dejen de usar dinero en efectivo para hacer pagos. Y en vez de ello recurran a dispositivos como tarjetas, trasferencias y códigos QR. Los riesgos de usar dinero digital son muchos. El escándalo detonado en Paraguay por el banco digital más grande del país es una advertencia
La crisis con el dinero electrónico y los pagos digitales se desató en Paraguay luego de que el banco Central ordenara la disolución de Ueno Bank por falta de solvencia. El banco digital más grande del país no tenía dinero para responder a los ahorradores, y el gobierno decidió intervenirlo antes de que el daño fuera mayor. Sólo que las consecuencias resultaron funestas. De buenas a primeras la aplicación de Ueno Bank dejó de funcionar. Los saldos de los clientes no aparecieron más en las pantallas de sus teléfonos. Luego vendría el bloqueo de cuentas, tarjetas y transferencias para casi tres millones de personas, más de la mitad de la población adulta del país. El resultado: una de las peores crisis financieras y políticas en la historia reciente de Paraguay. La gente salió a protestar, el dólar se encareció y el comercio local se desplomó. De refilón el presidente paraguayo, Santiago Peña, acabó arrestado.
En México aún no hemos llegado a una crisis similar, pero podría ocurrir. Toda vez que el gobierno y la Secretaría de Hacienda, han decidido poner en práctica una ley, impulsada por la presidenta Sheinbaum. Se trata de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. La cual por cierto ya fue publicada en el Diario Oficial. No, no es un proyecto, sino una ley hecha y derecha. Una más. En apariencia el objetivo es que los mexicanos sustituyan los pagos que efectúan con dinero en efectivo por dinero digital, ya sea por medio de tarjetas bancarias o transferencias electrónicas. Así de bote pronto, la cosa suena bien. Practicidad y rapidez. Una chulada. Pero en la era de la 4T los cambios, producto de la transformación, por lo general se realizan sin pensar demasiado en las consecuencias. Implementar el uso de dinero digital implica, entre otras muchas cosas, que los datos bancarios de las personas queden expuestos y sean vulnerables. El gobierno y otros tantos metiches podrán saber cómo mueve su dinero cada persona; cuánto gasta; dónde compra; con qué frecuencia realiza determinadas compras o pagos a terceros… En fin. Sólo habría que imaginar lo que podría hacer cualquier mañoso si esa información cayera en sus manos. Lo mismo podría recurrir al fraude bancario que a la extorsión. Incluso, al secuestro. En cuanto al gobierno, cabría preguntarse qué garantía hay de que el gobierno morenista no usará la información bancaria para amedrentar a quienes son considerados como opositores al régimen. Podría ser un periodista incómodo, uno de esos que con sus investigaciones y reportajes, meten en serios aprietos a los personajes más corruptos del la “transformación”.
¿Quién responde?
¿Qué garantía hay de que con el pretexto de evitar una catástrofe financiera, el gobierno no recurra a algo parecido a lo que sucedió en Paraguay, es decir, que se decida a intervenir un banco o, toda la banca si lo desea, y que con ello el dinero de los ahorradores quede congelado. ¿Cómo se puede confiar en un gobierno, como el mexicano, que tiene una deuda de 10 billones de pesos y, que no le queda más remedio que continuar endeudándose, porque sabe que la única forma de mantenerse en el poder es repartiendo dinero entre el pueblo? A esas posibilidades habría que añadir otra preocupación: ¿qué va a pasar cuando ocurra alguna falla técnica, digamos una falla en Internet. O que un fenómeno natural, como un terremoto o un ciclón, afecten la infraestructura de algún banco. El usuario podría quedarse sin acceso a su dinero para cumplir con pagos pendientes. Y por lo tanto, además de la deuda, tendría que solventar los respectivos intereses. ¿Quién le repondrá ese dinero, el banco? Además, no todos tienen las mismas posibilidades de acceder a la tecnología. Imaginemos a una persona de la tercera edad o a un campesino que vive en una zona apartada, donde Internet no es más que una promesa. O alguien que por cualquier razón no maneja una cuenta de banco. Se supone, según el gobierno, que el cambio será gradual y que siempre existirá la posibilidad de hacer pagos con dinero en efectivo. Suena justo. Excepto porque en el artículo 13 de la Ley de Economía para Pagos Digitales y Electrónicos se especifica que la Secretaría de Hacienda determinará los “sectores estratégicos” y “actividades relevantes” en los que los pagos digitales y electrónicos serán la única forma de pago. O sea que eso de que el cambio será gradual es una verdad a medias. Más cierto es el hecho de que el gobierno ya tiene visto dónde se va a aplicar la nueva ley y lo hará de inmediato. Más allá de que la idea guste o no.
De novela
En la que es su novela más célebre, titulada “1984”, el escritor inglés George Orwell lanza una crítica feroz a los regímenes totalitarios y al control absoluto del Estado sobre la vida de los ciudadanos. La trama de “1984” se desarrolla en Oceanía, una hipotética superpotencia mundial gobernada por un partido único y totalitario, donde los ciudadanos son vigilados todo el tiempo a través de cámaras y micrófonos. Eso además de la temida Policía del Pensamiento; tener ideas contrarias al régimen es considerado un “crimen del pensamiento” y es castigado. Seguramente Orwell, un socialdemócrata dispuesto a luchar contra el totalitarismo, nunca imaginó que muchos años después de haber escrito “1984”, un gobierno de izquierda en México buscaría controlar a sus ciudadanos por medio de su dinero, igual que ya lo hacen los países europeos y otros tantos, como China y Estados Unidos. Si lo peligroso no es que se acabe el dinero de papel, lo peligroso es acabar en las manos de un banco.
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