El abogado Vidulfo Rosales Sierra, uno de los rostros más visibles en la defensa de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, anunció su renuncia al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y a la representación legal del colectivo del grupo de familiares de las víctimas.
En un comunicado entregado a ONG, titulado “En otras trincheras de lucha” fechada el pasado 19 de agosto, Rosales informó que “dejo de colaborar en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan”.
Agradeció al director del organismo, el antropólogo Abel Barrera Hernández, por haberle permitido defender “a los que menos tienen” y acompañar, durante su estancia en la organización, a comunidades indígenas y movimientos sociales en Guerrero.
La decisión se da a un mes de que se cumplan once años de los ataques perpetrados en Iguala, Guerrero y luego de que apareciera en una foto compartida por el próximo presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar.
Nombran a sustituto
Saulo Loya, coordinador de Incidencia de Tlachinollan, dijo a El Economista que la salida del abogado significa un reto para la organización, pero subrayó que el compromiso con la investigación y la exigencia de presentación con vida de los estudiantes seguirá intacto.
Además, adelantó que Isidoro Vicario, también abogado de Tlachinollan, asumirá un papel más protagónico en el caso Ayotzinapa.
“Es alguien que conoce muy bien el caso, tanto la parte judicial como la parte política, pues ha estado presente desde que se dieron los hechos en 2014. Creemos que hará un gran trabajo”, dijo sobre Isidoro.
También, Loya dejó entrever que Rosales Sierra podría integrarse en breve a nuevas responsabilidades dentro del Poder Judicial.
“Entendemos que hay ya conversaciones con el ministro presidente electo Hugo Aguilar, para que Vidulfo pueda incorporarse a la Suprema Corte. Eso creemos que lo veremos en los siguientes días o semanas”, sostuvo.
Por otro lado, señaló que Vidulfo Rosales se convirtió en un referente de la defensa de los derechos humanos en Guerrero y en el país.
Cortesía de El Economista
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