Departamento de Justicia cerrará grupo de acción contra los cárteles y oficina de tensión racial

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está cerrando un grupo de trabajo que se enfrentaba a los cárteles de la droga y una oficina que tenía como objetivo aliviar la tensión racial, en una reorganización, según documentos a los que accedió por Reuters.

La reorganización más radical del Departamento de Justicia en dos décadas, que la fiscal general Pam Bondi aprobó en septiembre, recortará unos 275 puestos, lo que conllevará la eliminación o la reasignación involuntaria de unos 140 empleados, según los documentos.

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El Departamento de Justicia dijo que los cambios están diseñados para “promover la eficiencia y la gobernanza eficaz”, muestran los documentos.

El plan ha suscitado las críticas de los congresistas demócratas y de antiguos empleados del departamento, que afirman que podría perjudicar el trabajo crítico.

La oficina de prensa del Departamento de Justicia, cuyo personal está limitado debido a la paralización parcial del Gobierno, no respondió a una solicitud de comentarios.

Los documentos no incluyen un plan, del que se informó por primera vez en marzo, para fusionar la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

La idea se enfrentó a una reacción bipartidista en el Congreso, así como a la resistencia de los empleados de la DEA y la ATF y a la oposición de las organizaciones de control y defensa de las armas.

El plan aprueba el cierre de los Grupos de Acción contra la Droga y el Crimen Organizado, una oficina interinstitucional dirigida por fiscales creada en la década de 1980, durante la presidencia de Ronald Reagan, para hacer frente a los grandes cárteles de la droga.

También cierra el Servicio de Relaciones Comunitarias, una oficina que durante 60 años ha ayudado a mediar en la tensión racial y étnica en todo Estados Unidos, y una unidad que ayuda a garantizar que los estadounidenses tengan acceso a la asistencia jurídica conocida como Oficina de Acceso a la Justicia, según los documentos.

Cortesía de El Economista



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