
El número de despidos de trabajadores federales estadounidenses como consecuencia del cierre del gobierno se revisó a la baja ayer 14 de octubre, lo que sugiere que la declaración inicial de la Administración sobre recortes generalizados de puestos de trabajo era demasiado ambiciosa.
La administración Trump ha despedido a 4,108 empleados desde el 1 de octubre, día en que comenzó el cierre del gobierno de Estados Unidos (EU) según una declaración presentada ayer ante el tribunal por el Departamento de Justicia de EU. La semana pasada, el Departamento de Justicia estimó en otra presentación judicial que la cifra era de al menos 4,278.
Los recortes representan una pequeña parte de la plantilla del Gobierno estadounidense. Las agencias estadounidenses empleaban a unos dos millones de civiles al inicio de la administración Trump.
El presidente, Donald Trump, achacó los recortes al cierre del gobierno estadounidense. El gobierno está cerrado porque Trump y los legisladores no han logrado ponerse de acuerdo sobre un plan de gastos para las agencias federales.
Desde 1981, EU ha tenido 15 cierres del gobierno federal que han dejado sin trabajo a cientos de miles de trabajadores. Ningún Presidente ha intentado utilizar un cierre como base para despidos a gran escala.
Se espera que los despidos perturben las operaciones del gobierno, incluidas las investigaciones sobre brotes de enfermedades.
Los sindicatos de trabajadores federales han presentado una demanda para revocar los despidos. La ley prohíbe a las agencias estadounidenses desempeñar sus funciones sin el financiamiento aprobado por el Congreso. Existen ciertas excepciones, entre ellas las relacionadas con la seguridad nacional y los servicios esenciales para proteger la vida y la propiedad.
Los sindicatos afirman que la aplicación de despidos no es un servicio esencial que pueda prestarse durante el cierre del gobierno. El cierre no justifica los recortes masivos de empleo, ya que la mayoría de los trabajadores federales han sido suspendidos sin sueldo, según afirman.
Cortesía de El Economista
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