Un juez federal vinculó a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa a 11 exmilitares colombianos detenidos por su presunta participación en el ataque con explosivos contra elementos del Ejército mexicano, ocurrido en mayo pasado en los límites de Michoacán y Jalisco, donde murieron ocho soldados.
Tras una audiencia de más de 20 horas en el Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con sede en Morelia, el juez consideró suficientes los elementos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) para procesar a los acusados por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
De acuerdo con fuentes judiciales, los implicados fueron ingresados al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 17, en Buenavista Tomatlán, en la región de Tierra Caliente de Michoacán, donde permanecerán en prisión preventiva mientras continúa el proceso penal.
Los exmilitares fueron capturados a finales de mayo durante un operativo en el municipio de Los Reyes, Michoacán, después del ataque con una mina terrestre que causó la muerte de ocho elementos del Ejército. En total, se detuvo a 17 personas; 11 de ellas fueron identificadas como exintegrantes de las fuerzas armadas de Colombia.
Durante la detención, los sujetos portaban réplicas de armas largas, cartuchos, 41 artefactos explosivos, una caja con explosivos, una cubeta con pólvora negra, 13 placas balísticas, dos cascos y un chaleco táctico, según reportes oficiales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó que hay 12 colombianos detenidos, de los cuales 11 tuvieron vínculo con sus fuerzas armadas. Reconoció que existe “un creciente fenómeno de cooptación de personal con formación militar para integrar estructuras criminales”, lo que ha facilitado que exmilitares actúen como mercenarios fuera del país.
Las autoridades mexicanas continúan las investigaciones para esclarecer el caso y determinar si hay más personas involucradas.
Mercenarios son una amenaza creciente para México
La Cancillería de Colombia confirmó que, tras verificar sus identidades, estos ciudadanos formaron parte de las Fuerzas Armadas de ese país. En un comunicado, el Gobierno colombiano expresó su preocupación por la creciente cooptación de exmilitares como operadores especializados al servicio de estructuras delictivas, principalmente mediante tareas tácticas, asesoramiento en explosivos y uso de tecnología armada, como drones.
Este fenómeno no es nuevo. Autoridades mexicanas ya habían detectado la participación de extranjeros en labores de asesoría criminal, particularmente en Michoacán, donde se ha documentado el uso de minas terrestres y ataques con drones por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Cortesía de El Informador
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