Dinamarca, el país donde la izquierda (y no la derecha) implementó una dura política migratoria

Piensen en Dinamarca. Quizás les vengan a la mente imágenes de la elegante y chic Copenhague o de una sociedad liberal y abierta. Ese es el cliché escandinavo.

Pero en lo que respecta a la migración, Dinamarca ha dado un giro radicalmente diferente. El país es ahora “pionero en políticas migratorias restrictivas” en Europa, según Marie Sandberg, directora del Centro de Estudios Avanzados sobre Migración (AMIS) de la Universidad de Copenhague, tanto en lo que respecta a solicitantes de asilo como a inmigrantes económicos que buscan trabajo en Dinamarca.

Quizás aún más sorprendente sea quién está detrás de esta iniciativa. Generalmente se asume que los políticos de extrema derecha están ganando fuerza en toda Europa debido al temor a la migración, pero eso dista mucho de ser la realidad.

En Dinamarca, y en España, que está abordando el problema de una manera muy diferente a la danesa, pero no menos radical, al impulsar una mayor inmigración, los políticos que están tomando el toro por los cuernos ahora provienen del centroizquierda.

¿Por qué? ¿Y puede el resto de Europa –incluido el gobierno laborista de Reino Unido– aprender de ellos?

La migración es una de las principales prioridades de los votantes en toda Europa. Vivimos tiempos realmente inquietantes. Mientras la guerra hace estragos en Ucrania, Rusia libra una guerra híbrida, como ciberataques en gran parte del continente.

Los gobiernos hablan de gastar más en defensa, mientras la mayoría de las economías europeas se tambalean. Los votantes se preocupan por el costo de la vida y a esta vorágine de inquietudes se suma la preocupación por la inmigración.

Pero en Dinamarca, el problema es más profundo, y desde hace más tiempo.

La inmigración empezó a crecer a buen ritmo tras la Segunda Guerra Mundial, y en las últimas décadas ha seguido aumentando con rapidez. La proporción de residentes daneses que son inmigrantes, o que tienen dos padres inmigrantes, se ha multiplicado por más de cinco desde 1985, según el Instituto de Política Migratoria (MPI).

El punto de inflexión se produjo hace diez años, durante la crisis migratoria y de refugiados europea de 2015, cuando más de un millón de inmigrantes llegaron a Europa, en su mayoría con destino al norte más rico, a países como Dinamarca, Suecia y Alemania.

Lemas como “Los daneses primero” resonaron en el electorado. Cuando entrevisté a simpatizantes del Partido Popular Danés (PPD), nacionalista de extrema derecha y antiinmigración, ese año, me dijeron: “No nos consideramos racistas, pero sentimos que estamos perdiendo nuestro país”.

Dinamarca atrajo la atención internacional por su postura intransigente con los refugiados, tras permitir a las autoridades confiscar las joyas y otros objetos de valor de los solicitantes de asilo, alegando que era para pagar su estancia en en el país.

La ministra danesa de inmigración publicó una foto suya en Facebook con un pastel decorado con el número 50 y una bandera danesa para celebrar la aprobación de su 50.ª enmienda para endurecer los controles migratorios.

Y la legislación danesa no ha hecho más que endurecerse desde entonces.

Los alcaldes de las ciudades de las afueras de Copenhague llevaban tiempo dando la voz de alarma sobre los efectos de la rápida llegada de inmigrantes.

Los trabajadores inmigrantes y sus familias tendían a trasladarse a las afueras de la capital para evitar el elevado costo de la vida. El famoso sistema de bienestar social de Dinamarca se veía sometido a tensiones.

Se decía que las escuelas infantiles estaban llenas de niños que no hablaban danés. Al parecer, algunos inmigrantes desempleados recibían ayudas de reasentamiento que hacían que sus prestaciones sociales fueran mayores que las de los desempleados daneses, y las estadísticas del gobierno sugerían que los inmigrantes cometían más delitos que los demás ciudadanos.

El resentimiento local iba en aumento, advirtieron los alcaldes.

Hoy Dinamarca se ha convertido en una de las voces más fuertes en Europa que pide que los solicitantes de asilo y otros inmigrantes que llegan sin papeles sean procesados fuera del continente.

En un principio, el país había estudiado la posibilidad de detener a los inmigrantes sin papeles en una isla danesa que solía albergar un centro para animales contagiosos. El plan se descartó.

Después, Copenhague aprobó en 2021 una ley que permite tramitar las solicitudes de asilo y reasentar a los refugiados en países socios, como Ruanda. El anterior gobierno conservador de Reino Unido intentó un plan no muy distinto que luego fue anulado.

El plan Kigali de Copenhague tampoco ha avanzado mucho, pero ha endurecido las normas sobre reagrupación familiar, que hasta hace poco se consideraba un derecho de los refugiados. También ha convertido en temporal por ley la estancia de todos los refugiados en Dinamarca, sea cual sea su necesidad de protección.

Pero muchas de las duras medidas danesas parecían destinadas tanto a acaparar titulares como a actuar. Las autoridades danesas crearon intencionadamente un “entorno hostil” para los inmigrantes”, afirma Alberto Horst Neidhardt, analista del Centro de Política Europea.

Y Dinamarca ha querido que se corra la voz.

Por ejemplo, publicó anuncios en periódicos libaneses en el punto álgido de la crisis migratoria, advirtiendo de la dureza de las políticas migratorias danesas.

“El objetivo ha sido reducir los incentivos para venir a Dinamarca”, afirma Susi Dennison, investigadora principal de políticas del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

“Los daneses han ido más allá que la mayoría de los gobiernos europeos”, explica. No sólo se centraron en temas políticamente sensibles como la delincuencia y el acceso a prestaciones sociales, sino que también hablaron explícitamente de una política de cero solicitantes de asilo.

Y, sin embargo, “antes de la crisis de refugiados de 2015, existía el estereotipo de que los países nórdicos eran muy internacionalistas… y tenían una cultura de acogida para los solicitantes de asilo”, afirma Dennison.

Entonces, de repente, la reacción fue: “No. Nuestro primer objetivo es atender responsablemente a los daneses”.

El punto de inflexión, argumenta, también lo provocó el hecho de que Alemania, el país vecino de Dinamarca, permitiera que un millón de refugiados y otras personas permanecieran en el país durante la crisis migratoria.

“Esa fue una decisión política que tuvo repercusiones en toda Europa”.

En 2015, el Partido Popular Danés, contrario a la inmigración, era la segunda fuerza del Parlamento danés. Pero al mismo tiempo, los socialdemócratas –bajo la nueva líder Mette Frederiksen– decidieron contraatacar, rompiendo clara y públicamente con la reputación anterior del partido de apertura a la inmigración.

“Mi partido debería haber escuchado”, dijo Frederiksen.

Bajo su liderazgo, el partido viró hacia lo que generalmente se considera la “extrema derecha” política en materia de inmigración e hizo suyas las políticas de asilo de línea dura asociadas al DPP. Pero también se han redoblado los esfuerzos en cuestiones tradicionalmente asociadas a la izquierda: los servicios públicos.

Los daneses pagan los impuestos más altos de Europa en todos los tipos de hogares. A cambio, esperan unos servicios públicos de primera categoría. Frederiksen argumentó que los niveles de inmigración amenazaban la cohesión social y el bienestar social, y que los daneses más pobres eran los más perjudicados.

Así es como su partido justifica sus duras normas migratorias.

Los críticos de Frederiksen consideran su “giro a la derecha” una cínica estratagema para llegar al poder y mantenerse en él. Ella insiste en que las convicciones de su partido son sinceras. Sea como fuere, funcionó a la hora de ganar votos.

Federiksen es primera ministra de Dinamarca desde 2019, y en las elecciones al Parlamento Europeo del año pasado, el populista nacionalista Partido Popular Danés luchó por conservar un único escaño.

Las etiquetas políticas de antaño se difuminan. Y no sólo en Dinamarca. En toda Europa, los partidos de centro -derecha e izquierda- utilizan cada vez más el lenguaje tradicionalmente asociado a la “extrema derecha” cuando se trata de la inmigración para recuperar o conservar votos.

Recientemente, el primer ministro británico, Keir Starmer, fue objeto de críticas cuando, durante un discurso sobre inmigración, habló del peligro de que su país se convirtiera en “una isla de extraños”.

Al mismo tiempo, en Europa, los partidos de derecha están adoptando políticas sociales tradicionalmente vinculadas a la izquierda para ampliar su atractivo.

En Reino Unido, el líder del opositor Partido Reformista, Nigel Farage, ha sido atacado por sus generosas propuestas de presupuestos que, según los críticos, no cuadran.

En Francia, el centrista Emmanuel Macron se ha mostrado cada vez más duro con la inmigración en los últimos años, mientras que su némesis política, la líder de la Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha mezclado políticas de bienestar social en su programa nacionalista para atraer a más votantes.

Pero, ¿pueden considerarse un éxito las duras políticas de inmigración danesas y, en particular, las socialdemócratas danesas?

La respuesta depende de los criterios que se utilicen para juzgarlas.

Las solicitudes de asilo han descendido en Dinamarca, en claro contraste con gran parte del resto de Europa. En mayo de 2025, el número era el más bajo de los últimos 40 años, según immigration.dk, un sitio web de información para refugiados en Dinamarca.

Pero la Dinamarca nórdica no es lo que se considera un Estado de primera línea, como Italia, donde las embarcaciones de los traficantes de personas llegan con frecuencia a sus costas.

Pero otros afirman que la nueva legislación ha dañado la reputación de Dinamarca en cuanto al respeto del derecho internacional humanitario y los derechos de los solicitantes de asilo.

Michelle Pace, del centro de estudios Chatham House, afirma que se ha hecho difícil proteger a los refugiados en Dinamarca, donde “los requisitos legales no dejan de moverse”.

También se ha hecho sentir a los ciudadanos daneses de origen inmigrante como extraños, señala.

Cita la ley de “sociedades paralelas” de los socialdemócratas, que permite al Estado vender o demoler bloques de apartamentos en zonas conflictivas donde al menos la mitad de los residentes sea de origen “no occidental”.

Los socialdemócratas afirman que la ley pretende mejorar la integración, pero Pace insiste en que es alienante. A los hijos de inmigrantes se les dice que no son daneses o “daneses puros”.

En febrero de este año, un alto asesor del Tribunal Supremo de la UE calificó la disposición no occidental de la ley danesa de discriminatoria por motivos de origen étnico.

Mientras que antes varios líderes europeos tachaban a los socialdemócratas daneses de extrema derecha, ahora “la postura danesa se ha convertido en la nueva normalidad”, afirma Alberto Horst Neidhardt.

“Las que se consideran ‘buenas’ políticas migratorias hoy en día se han desplazado a la derecha, incluso para gobiernos de centro-izquierda, como el de Reino Unido”.

Antes de las elecciones generales alemanas de este año, el entonces canciller de centro-izquierda, Olaf Scholz, prometió endurecer la normativa de asilo, incluida la reducción de la reagrupación familiar.

Y a principios de este mes, Frederiksen se unió a otros ocho líderes europeos –entre los que no estaba Reino Unido– para pedir una reinterpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuyas estrictas limitaciones, según ellos, les impiden expulsar a extranjeros con antecedentes penales.

La impugnación de las leyes internacionales sobre asilo es una tendencia que Dinamarca está estableciendo a un nivel más europeo, afirma Sarah Wolff, catedrática de Estudios Internacionales y Política Global de la Universidad de Leiden.

“Con la politización del tema de la inmigración, cada vez es más frecuente ver cómo países supuestamente liberales y signatarios de convenios internacionales, como la legislación sobre derechos humanos, se retractan de esos convenios porque la legislación ya no se ajusta a la agenda política del momento”, afirma Wolff.

A pesar de la restrictiva legislación sobre inmigración, Dinamarca ha seguido admitiendo a trabajadores inmigrantes por vías legales. Pero no lo suficiente, teniendo en cuenta el rápido envejecimiento de la población, dicen críticos como Michelle Pace.

Ella predice que Dinamarca se enfrentará a una grave escasez de mano de obra en el futuro.

El gobierno español de centro-izquierda, por su parte, está tomando un camino muy diferente. A su presidente socialdemócrata, Pedro Sánchez, le encanta señalar que la economía española fue la que más creció entre las naciones ricas el año pasado.

Su PIB creció un 3,2%, más que el de Estados Unidos, tres veces más que el de Reino Unido y cuatro veces más que la media de la UE.

Sánchez quiere legalizar a casi un millón de inmigrantes que ya trabajan en España pero que actualmente carecen de papeles. Según él, los ingresos fiscales adicionales y la mano de obra necesaria para cubrir las carencias del mercado laboral mantendrán el crecimiento económico y garantizarán el pago de las pensiones en el futuro.

España tiene una de las tasas de natalidad más bajas de la UE. La sociedad española envejece, y rápido.

“Casi la mitad de nuestras ciudades están en riesgo de despoblación”, dijo Sánchez en otoño de 2024. “Tenemos ancianos que necesitan un cuidador, empresas que buscan programadores, técnicos y albañiles… La clave de la migración está en gestionarla bien”.

Los críticos acusan a Sánchez de fomentar la inmigración ilegal en España y cuestionan el historial del país en materia de integración de inmigrantes. Los sondeos de opinión muestran que Sánchez se la juega: el 57% de los españoles dice que ya hay demasiados inmigrantes en el país, de acuerdo con la encuestadora pública 40dB.

En menos de 30 años, el número de habitantes nacidos en el extranjero en España se ha multiplicado casi por nueve, pasando de 1,6% al 14% de la población. Pero hasta ahora, la preocupación por la inmigración no se ha traducido en un apoyo generalizado al partido nacionalista Vox, escéptico ante la inmigración.

El gobierno de Sánchez está poniendo en marcha lo que Pace denomina un “diálogo nacional”, en el que participan ONG y empresas privadas. El objetivo es equilibrar las carencias del mercado laboral y evitar tensiones en los servicios públicos, utilizando los ingresos fiscales adicionales de los nuevos trabajadores inmigrantes para construir viviendas y aulas adicionales, por ejemplo.

De momento, el plan es una aspiración. Es demasiado pronto para juzgar si tendrá éxito o no.

El “éxito” de las políticas migratorias depende de lo que los gobiernos, independientemente de su tendencia política, establezcan como su prioridad, afirma Dennison.

En Dinamarca, la primera prioridad es preservar el sistema social danés. Italia da prioridad a deslocalizar la tramitación de los inmigrantes. El primer ministro húngaro, Victor Orban, quiere limitar estrictamente la llegada de inmigrantes para proteger las “raíces cristianas” de Europa.

Se cree que la forma más común de entrada y estancia de inmigrantes en Europa sin papeles es la superación del plazo de visado.

Sin embargo, los últimos gobiernos británicos se han centrado en problemas de gran repercusión, como las embarcaciones de traficantes de personas que cruzan el Canal de la Mancha.

Entonces, ¿existe el plan migratorio “ideal”, que equilibre las preocupaciones de los votantes, las necesidades económicas y los valores humanitarios?

Martin Ruhs, director adjunto del Migration Policy Centre, dedica mucho tiempo a plantear esta pregunta a los votantes de Reino Unido y del resto de Europa, y cree que los ciudadanos suelen ser más sofisticados que los políticos.

La mayoría prefiere un equilibrio, dice: límites a la inmigración para protegerse a sí mismos y a sus familias, pero una vez que sienten que eso está en su sitio, también están a favor de una legislación justa que proteja a los refugiados y a los trabajadores extranjeros.

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