Tras la aprobación el 1 de julio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los partidos de oposición se han mantenido firmes en sus declaraciones sobre que se trata de una ley espía, que faculta al Gobierno de México para monitorear los dispositivos móviles de los mexicanos; las también aprobadas Ley para Eliminar Trámites Burocráticos y Ley del Sistema Nacional de Investigación han impulsado la duda entre la población.
Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, insistió en que estas leyes permiten que los mexicanos sean monitoreados sin necesidad de una orden judicial. Comparó la situación con prácticas ejercidas por parte de “dictaduras del siglo pasado”, haciendo alusión no solo al monitoreo o control de la información, sino también a la persecución a opositores.
Las tres nuevas
Durante finales de junio, y en los primeros días de julio, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República sometieron a votación, entre otros temas, la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.
Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Exige a los proveedores de servicios de internet y telefonía entregar información de sus usuarios a las autoridades y colaborar en la localización de equipos cuando un juez lo solicite. También obliga a los concesionarios a guardar la información de los usuarios durante dos años. Se sustituye el IFT por la ATDT, que será una dependencia del gobierno.
Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. Tiene como objetivo la digitalización de trámites y servicios para la población mexicana, además de crear un banco de datos que podrá ser usado en la búsqueda de personas desaparecidas. Junto con ello, se modificó la CURP para integrar datos biométricos como huellas digitales.
Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Permite a las instituciones de seguridad la interconexión, el acceso, la consulta e integración de la información contenida en las bases de datos y registros públicos y particulares que componen la Plataforma Central de Inteligencia.
¿Espionaje, a veces?
Las acusaciones respecto a que el Gobierno esté formando un “estado espía” fueron rechazadas en múltiples ocasiones por la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Explicó que el único supuesto en que se puede pedir información directa sobre algún dispositivo móvil a las compañías teleoperadoras es en caso de secuestro o desaparición de la persona no localizada.
“Lo que queremos es construir un país seguro, en paz. Entonces una intervención telefónica solamente la puede aprobar un juez por Constitución y por leyes, en ningún momento se está espiando a nadie”
-Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Es un régimen de vigilancia: Moreira
Rubén Moreira respondió que, si bien se requiere una orden judicial para intervenir las comunicaciones, las nuevas leyes permiten eliminar este requisito para acceder a información de compras, ubicación por geolocalización en tiempo real, datos bancarios y médicos. Además, criticó que la CURP biométrica, que integra datos sobre el iris del usuario, su huella digital y mapeo de rostro, será un requisito hasta para realizar compras en línea o viajar en transporte público o aviones.
El priista lamentó que la base de datos que se elaborará estará centralizada por la propia Secretaría de Gobernación, y dará acceso a la Secretaría de Seguridad, así como al Centro Nacional de Inteligencia. “Nos van a espiar. Van a saber todo, lo que hagamos será registrado por el Gobierno, sin necesidad de una orden judicial”
Junto con estas críticas, se suma el temor de que dicha base de datos sea hackeada por terceros debido a que el Gobierno de México no cuente con la infraestructura tecnológica para garantizar su seguridad. Por último, Moreira se dijo temeroso de que la información quede disponible para empresas y gobiernos extranjeros a través de convenios económicos o de otro tipo.
Parte de la polémica fue la rapidez con la que se resolvieron estas votaciones, pues en algunos casos llegaron a ambas cámaras recién en abril, mientras que otros proyectos de ley, como la “ley de las 40 horas laborales”, fueron presentados mucho antes y aun así han sido congelados de manera frecuente. Esta “urgencia” aumentó las sospechas y los señalamientos de que el Estado busca tener acceso a la información de los ciudadanos en todo momento.
Cortesía de Xataka
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