En fast track, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un paquete de reformas en materia de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas que incluye la puesta en marcha de la CURP biométrica como la fuente única de identidad de los ciudadanos, que deberá ser asociada con cualquier registro en poder de autoridades y particulares.
Con la mayoría de Morena y sus aliados, y el apoyo parcial del PAN y MC, el pleno de San Lázaro avaló la minuta que modifica disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población, en materia de fortalecimiento de la legislación en materia de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.
El documento, que fue aprobado en sesión extraordinaria como de urgente resolución, pasa al Ejecutivo Federal para su publicación.
Estas reformas, que derivan de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, buscan hacerle frente a la crisis de desapariciones en el país, ello al establecer nuevos mecanismos para fortalecer la capacidad estatal y federal de búsqueda e identificación de personas.
Entre lo más relevante se contempla la creación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, que integrará toda la información personal y características físicas de la población de manera digital; incluso integrarán información de registros públicos y privados asociados a cada persona.
Lo anterior bajo el argumento de que coadyuvará con la identificación de cualquier movimiento, registro o actualización que pudiera aportar información para la investigación, búsqueda, y localización de una de una persona desaparecida o no localizada. Para ello se obliga a que todas las autoridades y particulares que tengan a su cargo datos biométricos o cualquier otro dato identificativo de personas, permitan que las fiscalías y demás instituciones de seguridad consulten dicha información.
Según los cambios, la CURP biométrica será “la fuente única de identidad de las personas, que permite asociar a una persona con cualquier registro en poder de autoridades y particulares de cualquier naturaleza, que servirá como mecanismo para el cruce, alerta y consulta de la información de sus bases de datos”.
En el mismo sentido se crea la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas como un registro que contiene los datos de las carpetas de investigación o averiguaciones previas iniciadas por estos delitos, la cual será operada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y actualizada en tiempo real por las Fiscalías Especializadas.
Además de que se establece la Plataforma Única de Identidad, que centralizará datos biométricos y personales de toda la población para facilitar la búsqueda y localización de personas desaparecidas, que se conectará con diversas bases de datos, como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y registros administrativos.
En tanto que se pone en marcha la activación inmediata de una alerta para la búsqueda, localización e identificación al momento de conocerse una desaparición, así como la obligación de que todas las Fiscalías cuenten con unidades especializadas en desaparición, delitos cibernéticos, análisis de contexto y atención a víctimas.
Asimismo, se prevén nuevas sanciones para particulares que obstaculicen la entrega de datos e incluso se abre la posibilidad de reducción de sanciones para quienes colaboren en la localización de personas desaparecidas y se refuerza la normativa sobre el trato digno de cadáveres y restos humanos.
ACUSAN UN “ESPIONAJE LEGAL”
Durante la discusión, legisladores de oposición advirtieron que estas reformas contienen cambios sustanciales sumamente delicados en materia de datos biométricos y personales de toda la población mexicana, “sin un estudio serio sobre su impacto en materia de privacidad ni garantías mínimas de protección”.
“Lo más preocupante, sin un órgano autónomo, como lo era el INAI, que pueda vigilar su uso. También, la interconexión obligatoria entre bases de datos públicas y privadas, sin candados legales, sin reglas claras, sin límites. Un sistema vulnerable a abusos, a filtraciones, a espionaje”, lanzó el diputado Víctor Adrián Martínez (PAN).
Mientras que la diputada Nadia Navarro (PRI) sostuvo que Morena, a través de la Ley de la Guardia Nacional, la del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad, la de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sumada a esta reforma en materia de Desaparición Forzada, buscan consolidar un Estado autoritario con el control y el acceso ilimitado a la información de la población, “con instituciones debilitadas, dejándonos en absoluta indefensión”.
Por el contrario, la diputada Ana Erika Santana González del PVEM, recordó que de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, más de 115 mil personas han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas en México y aunque el fenómeno no es reciente, más del 90 % de estos casos se han registrado a partir de 2006, lo que evidencia la gravedad y el crecimiento sostenido de esta crisis.
Por ello, destacó que el Estado busca cambiar de raíz la forma en la que enfrenta las desapariciones, fortaleciendo sus capacidades de búsqueda como lo es el establecimiento de la identidad única y confiable mediante el CURP biométrico, “esta medida facilitará la localización e identificación de personas desaparecidas al integrarse con registros administrativos, bases forenses y plataformas de seguridad”.
Cortesía de El Economista
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