El pleno del Congreso de Jalisco aplazó nuevamente la discusión de la reforma judicial, postergando su aprobación. La misma suerte corrió la propuesta para eliminar la verificación vehicular y sustituirla por un plan de afinación encabezada por talleres acreditados.
En ambos casos no hubo consenso. Para la reforma judicial se requieren al menos 26 de los 38 votos favorables, al tratarse de una reforma constitucional estatal; sin embargo, ni Movimiento Ciudadano y el Partido Verde, ni las bancadas de oposición encabezadas por Morena, contaron con los votos suficientes.
El coordinador de Morena, Miguel de la Rosa, aseguró que continúan los diálogos para construir un acuerdo que permita la aprobación del dictamen. “Se sigue discutiendo para la construcción de un acuerdo. Ya estamos analizando los puntos en conflicto del dictamen aprobado (en comisiones) y la propuesta que entregó Movimiento Ciudadano. Tenemos confianza en que lograremos un consenso para aprobarla”.
El pasado 26 de octubre, un grupo conformado por organizaciones de la sociedad civil, litigantes, universidades y empresarios hizo un llamado urgente y exigió a las fuerzas políticas del Congreso de Jalisco para que dialoguen y construyan acuerdos que permitan aprobar la reforma judicial, que debió avalarse desde marzo pasado.
Augusto Chacón, del organismo ciudadano Jalisco Cómo Vamos, criticó que la falta de acuerdos entre las bancadas se debe a los forcejeos políticos, lo que ha impedido avanzar. “No se ponen de acuerdo por un forcejeo político”.
Un dictamen de reforma judicial ya fue aprobado por las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad y Justicia, además de haberse presentado en primera lectura ante el pleno.
Para Raúl Flores, presidente de Coparmex en Jalisco, la propuesta del gobernador Pablo Lemus es la más adecuada porque fue construida con un enfoque ciudadano y académico, lo que puede marcar una diferencia nacional. “Se la presentamos al gobernador Pablo Lemus y él la hizo suya… la presentó al Congreso de Jalisco”.
Por su parte, Alberto Ruvalcaba, del Capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, destacó los planteamientos del gobernador: “Los jueces no deben representar intereses. Que quienes estén en la boleta sean personas preparadas, con un promedio alto, con un examen teórico-práctico y que acrediten no ser violentadores, deudores alimentarios ni evasores fiscales”.
Instituciones como el ITESO, la UNIVA, la Universidad Panamericana, la Coparmex, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, la Barra Mexicana de Abogados, así como las organizaciones Jalisco Cómo Vamos y Juicio Justo, respaldan la iniciativa presentada por el Gobierno de Jalisco. “Subrayamos 10 puntos irreductibles para asegurar que los mejores perfiles lleguen a las boletas con las que se elegirán a las personas juzgadoras en Jalisco, y que éstos sean evaluados por sus méritos y no al azar”, señalaron las instituciones firmantes. Exigen una metodología única de evaluación, elaborada por universidades, con criterios públicos y verificables. También piden comités de evaluación independientes, además de un número equitativo de candidaturas propuestas por los tres Poderes. Se suma la evaluación de la integridad y transparencia de los aspirantes, mediante la declaración “3 de 3”, el límite de dos candidaturas por cargo (para un voto informado) y campañas sustantivas, centradas en la justicia, no en la mercadotecnia, entre otros puntos.
Sin consenso contra la verificación
Por otro lado, en el Congreso se tenía previsto discutir el dictamen que propone eliminar el Programa de Verificación Vehicular, implementado por el Gobierno del Estado, para sustituirlo por uno de afinación con talleres mecánicos acreditados.
El pleno del Legislativo tenía agendada la propuesta en primera lectura y se preveía estrechar términos para concretar su debate y aprobación; sin embargo, se solicitó su retiro al inicio de la sesión ordinaria de ayer, sin pronunciamientos oficiales.
La propuesta, impulsada por la diputada de Morena, Itzul Barrera, y respaldada por las bancadas de oposición, plantea reformar la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para implementar programas de afinación de emisiones contaminantes y crear un sistema de certificación de talleres mecánicos encargados del mantenimiento y diagnóstico de vehículos.
El dictamen retirado establece que la Secretaría de Medio Ambiente sería la encargada de supervisar los talleres acreditados. En caso de detectar fraude o corrupción, se daría vista a la Fiscalía Anticorrupción o a la Fiscalía del Estado.
Ante esta propuesta, el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, advirtió que la cancelación de los contratos vinculados al programa actual costaría entre 12 mil y 15 mil millones de pesos.
Cortesía de El Informador
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