Este lunes se prevé que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados arranque con la dictaminación de la Ley de Amparo, a la cual se le busca hacer modificaciones derivadas de las audiencias públicas llevadas a cabo a lo largo del fin de semana, así como la eliminación del artículo transitorio que permitía la retroactividad de las nuevas disposiciones.
De acuerdo con el diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), presidente de esta comisión, no habrá “fast track” para sacar esta reforma, pues aseguró que se otorgó el tiempo suficiente para que los diputados de los diferentes grupos parlamentarios puedan estudiarla la minuta y hacer sus propuestas, para presentarlas este lunes.
Añadió que existe una “falta de información” respecto a este tema, ya que “muchos piensan que el amparo es una instancia, es un juicio, y…no puede ser que haya amparos que tarden cinco, 10 y muchos años, y no se puedan resolver, y siga habiendo suspensiones provisionales, y siga habiendo recursos”, dijo.
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A lo largo de este fin de semana, expertos en la materia, así como representantes de organismos como la Barra Mexicana de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), entre otros, acudieron a las audiencias públicas organizadas por la Cámara baja para dar su punto de vista sobre la reforma presidencial en materia de amparo.
Entre las observaciones planteadas destacan posibles riesgos al juicio de amparo y dejar indefensos a los contribuyentes, así como limitar la posibilidad de protección, reducir la justicia de los derechos colectivos.
Arturo Guerrero Zazueta, director general de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Órgano de Administración Judicial, lamentó que la minuta busque arreglar lo que no está roto, ya que fijar en la ley lo que se entiende por interés legítimo, cuando realmente no ha sido problemática; “eso es lo que alerta”.
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Mientras que Marco Antonio Rojo Olavarría, especialista en derecho de amparo, aseguró que la reforma tiene como objetivo cerrar la legitimación de las asociaciones civiles para la interposición del juicio de amparo por interés legítimo, cuando el objeto por el cual se constituye una asociación civil es indispensable, porque abona a verificar el cumplimiento de los derechos humanos.
A su vez, el abogado y exmagistrado del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro, sostuvo que esta reforma es regresiva, vulnera el mecanismo de suspensión de amparo y debilita el Estado de derecho, a la democracia y los derechos de la ciudadanía.
“La columna vertebral, el alma del juicio de amparo, es la suspensión, y esta reforma lo que propone es debilitar a la suspensión como un mecanismo que permite proteger los derechos de alguien que ha sido afectado por un acto de autoridad, mientras los jueces deciden si tiene o no razón”, advirtió.
Andrés Aguinaco Gómez Mont, integrante de la Barra Mexicana de Abogados, señaló posibles abusos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como uno de los eventuales efectos de la reforma a la Ley de Amparo.
“La UIF no siempre es certera, hay muchas operaciones que le saltan y la están persiguiendo con buenos motivos, están persiguiendo a gente que a lo mejor no puede acreditar sus recursos. Pero la verdad, al no tener contrapesos, al no tener salvaguardas, también abusa, y también persigue a diputadas, a opositores políticos, a activistas, a periodistas”, dijo.
Cortesía de El Economista
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